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Corte precisa alcance del fallo internacional en el caso Petro
Gustavo Petro (ajustada)

Gustavo Petro.

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César Malgarejo / EL TIEMPO

Corte precisa alcance del fallo internacional en el caso Petro

Tribunal señaló que análisis de la Corte IDH en caso Petro no se extiende a pérdidas de investidura.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en una reciente sentencia, hizo una serie de precisiones sobre el alcance que tiene a nivel interno del fallo que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 19 de agosto de 2020 en favor de Gustavo Petro.

En esa decisión, la Corte IDH  determinó que la facultad de la Procuraduría para destituir a servidores elegidos por voto popular es contraria al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos por afectar de manera grave los derechos políticos de estas personas y, por eso, falló en favor de Petro, quien había sido destituido de la Alcaldía de Bogotá en 2013.

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En pocas palabras, la Corte IDH dijo que la destitución de un alcalde o un gobernador solo puede hacerse tras la intermediación de un juez penal y ordenó al Estado colombiano modificar las leyes internas para que esto sea posible.

A la Corte Constitucional llegó una demanda que pretendía tumbar las normas que impiden a una persona aspirar a ser diputado o concejal si la justicia administrativa, como el Consejo de Estado, le decretó la pérdida de investidura.

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Según el demandante, esta inhabilidad era contraria al artículo 23 de la Convención Americana bajo el entendido que esa decisión, la pérdida de investidura, no la emite un juez penal como decía el fallo del caso Petro, sino un juez administrativo.

La Sala Plena estudió el caso e hizo varias precisiones sobre el alcance del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala que todos los ciudadanos tienen derecho a votar y ser elegidos, entre otros.

Y dice, en su segundo inciso, que la ley puede hacer una reglamentación al respecto solo "por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal".

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La Corte Constitucional dijo que esta norma "no debe interpretarse de forma literal sino de manera sistemática y armónica, así como en atención al margen de apreciación estatal". Y que, por tanto, no es posible afirmar que lo señalado en el artículo 23.2 sea taxativo. 

En ese sentido, la Corte Constitucional dijo que a la luz de la "jurisprudencia de la Corte IDH y, en especial de la sentencia del caso Petro Urrego Vs. Colombia, el referido artículo convencional busca evitar que la limitación de los derechos políticos quede al arbitrio o voluntad del gobernante de turno, de tal suerte que la oposición política pueda ejercer su posición sin restricciones indebidas".

En ese sentido, la Corte Constitucional precisó que la Corte IDH insiste en la prohibición de que sea una autoridad administrativa la que imparta la destitución. Y señaló que esto es un escenario diferente al que pedía la demanda sobre casos de pérdida de investidura, que es una decisión de un juez administrativo y sobre el cual nada dice la sentencia internacional del caso Petro.

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"La Sala advirtió que el Estado colombiano cuenta con un margen de apreciación amplio, porque, en la sentencia del caso Petro Urrego Vs . Colombia, la Corte IDH no se pronunció sobre la convencionalidad de las disposiciones demandadas, en particular, ni respecto de las inhabilidades por pérdida de la investidura y exclusión del ejercicio de la profesión, en general", dijo la Corte.

Con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, la Sala Plena señaló que la inhabilidad de aspirar a un cargo de concejal o diputado cuando se le decretó la 'muerte política'  a a una persona, está ajustada a la Constitución.

Lo mismo dijo para cuando la inhabilidad viene de haber sido excluido de la profesión ya que están contempladas en la Ley para aspirar a dichos cargos. Es decir, que las imposibilidad de aspirar no es una consecuencia de la autoridad que impuso la sanción. 

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Para la Corte, "estas inhabilidades persiguen fines constitucionales y su imposición no depende, de ningún modo, de la voluntad del gobernante de turno y, por tanto, cumplen con el fin del artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos".

En cuanto a la inhabilidad que tienen para ser concejal o diputado las personas que hayan sido excluidos de una profesión, los magistrados Cristina Pardo, José Fernando Reyes y Alberto Rojas salvaron su voto.

En su criterio, esta inhabilidad solo debe operar para quienes son excluidos de la profesión de abogado ya que esa es una decisión que toma una autoridad judicial: la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

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Pero, en otras profesiones, la decisión de excluir a una persona de la misma, la toma una autoridad administrativa. Y ello, para los magistrados disidentes, sí sería contrario a la Convención Americana y al fallo del caso Petro. 

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La magistrada Cristina Pardo consideraba que si bien el fallo del caso Petro no hizo referencia a la pérdida de investidura, en su criterio sí es contrario a la Convención Americana que medidas administrativas como la responsabilidad fiscal puedan tener el
efecto práctico de limitar sus derechos políticos.

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