De nuevo la suerte del líder indígena y actual senador del partido Mais Feliciano Valencia está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Valencia había sido absuelto por esa corte el año pasado por un caso por secuestro simple por el que había sido condenado a 18 años de cárcel; sin embargo, ahora el alto tribunal tendrá la última palabra en un proceso por violencia intrafamiliar agravada, de ser hallado culpable, el hoy senador perdería su curul en el Congreso.
El líder indígena fue denunciado por su excompañera sentimental de violentar al hijo menor de ambos al negarle que fuera su padre y usar contra el niño ofensas verbales. Por estos hechos el Juzgado Sexto Penal de Popayán condenó en 2016 a Valencia a 6 años de prisión.
Esa decisión fue apelada por su defensa argumentando argumentando que, dado que Valencia hace parte de la etnia indígena Nasa y de un resguardo en Cauca, su caso debía llevarlo la Jurisdicción Especial Indígena. La apelación fue definida por el Tribunal Superior de Popayán, que en septiembre del 2017 le dio la razón a Valencia, tumbó la condena y ordenó remitir su caso a la justicia indígena.
Y aunque el expediente llegó al gobernador del resguardo indígena Munchique Los Tigres, en Santander de Quilichao (Cauca), desde enero del 2018, según aseguró la exesposa del senador, ninguna actuación fue adelantada, por lo que en julio de este año ella interpuso una tutela contra esa decisión, alegando la violación al debido proceso en el caso de su hijo.
El Tribunal desconoció la prevalencia de los intereses del menor que fue víctima de la conducta investigada
La tutela fue asumida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la misma que en 2017 absolvió al líder indígena por otro caso, que luego de estudiar los hechos determinó que en efecto cuando el Tribunal Superior de Popayán remitió el expediente a la justicia indígena trasgredió los derechos fundamentales del menor de edad.
Por ello, determinó dejar sin efectos la decisión del Tribunal y ordenó al resguardo indígena devolver el expediente para que esa Sala de la Corte Suprema diera una nueva sentencia.
De nuevo, Valencia se opuso e impugnó la decisión, por lo que el fallo fue revisado por la Sala Civil de la misma Corte Suprema, que hace algunos días confirmó la providencia que había tomado la sala penal y ratificó que dado que el investigado hoy es senador, le corresponde al alto tribunal su sentencia.
Así las cosas, la justicia indígena deberá enviar el expediente para que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emita una nueva sentencia, en remplazo de la que había dado el Tribunal de Popayán, en el caso de maltrato intrafamiliar agravado.
Además, el viernes pasado la excompañera de Valencia radicó ante la Corte Suprema una solicitud de protección pues denuncia haber recibido amenazas de miembros de la justicia indígena por insistir en que este caso sea llevado por la justicia ordinaria.
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