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La historia tras la inédita condena al exmagistrado Francisco Ricaurte
Francisco Ricaurte captura

Francisco Ricaurte Gómez fue condenado por seis casos relacionados con corrupción.

Foto:

Fiscalía

La historia tras la inédita condena al exmagistrado Francisco Ricaurte

Muy joven llegó a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, ahora está preso por corrupción.

El 31 de enero del 2008 y con apenas 45 años, el abogado cartagenero y entonces magistrado de la Sala Laboral Francisco Ricaurte Gómez fue elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia, en medio de un complejo momento marcado por las tensas relaciones que mantenía un sector de la justicia con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.

El magistrado, hijo de un dirigente del Partido Conservador, era conocido por su carácter reservado y de pocas relaciones personales con sus compañeros de tribunal, llegó a la cabeza de la Corte luego de hacer carrera en la Rama Judicial, en la que se inició como citador y escribiente del Juzgado Segundo Superior de la capital de Bolívar.

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Como presidente de la Corte protagonizó reuniones y desencuentros con funcionarios del Gobierno Nacional que buscaban mejorar las relaciones entre los dos poderes en medio de señalamientos, del destape de las chuzadas ilegales del DAS y de la interinidad de 16 meses en la Fiscalía General de la Nación, ante el fracaso de las votaciones para elegir a uno de los ternados por el Ejecutivo y hasta el cambio de dos de las ternas enviadas por el gobierno Uribe.

La ‘puerta giratoria’

Durante su paso por la Corte Suprema de Justicia, entre el 1.º de octubre de 2004 y el 30 de septiembre de 2012, el exmagistrado Ricaurte Gómez participó en la elección de 18 de los 19 magistrados que en noviembre de 2012 lo eligieron magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, del que también llegó a ser presidente.

Uno de los magistrados que votaron por Ricaurte Gómez fue José Leonidas Bustos, que también fue presidente de la Corte Suprema y es procesado por el mismo escándalo por el que acaba de ser condenado su excompañero en el tribunal.

Dos años después de su elección en la Judicatura, cuando el Consejo de Estado anuló la designación de Ricaurte Gómez –para cerrar la ‘puerta giratoria’ o el llamado ‘yo te elijo y tú me eliges’ en las cortes–, el tribunal señaló que en el proceso se “propició la acumulación y concentración del poder en unos pocos y dio lugar a prácticas indebidas, como el conflicto de intereses y el clientelismo”.

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Y añadió que el caso de Ricaurte Gómez “se sujetó a unas condiciones que, a las claras, quebrantan la igualdad y la transparencia en el acceso a cargos de alta responsabilidad del Estado colombiano, pues este se surtió en el marco de un proceso con condiciones poco transparentes e injustificadamente más beneficiosas para el finalmente designado”.

Casi siete años después, de nuevo la justicia hizo serios cuestionamientos al proceder del exmagistrado, esta vez por su participación activa en el entramado de corrupción judicial conocido como el ‘cartel de la toga’.

“Francisco Ricaurte Gómez tenía pleno conocimiento de su actuar ilícito, ya que no solo conseguía clientes, ponía precio a los actos de corrupción, sino que también los distribuía entre los miembros de esa organización criminal, sin que en ninguna oportunidad denotara la mínima intención de cesar con su actuar”, se lee en la sentencia de 194 páginas en la que el juez décimo de conocimiento de Bogotá lo condena a 19 años y un mes de prisión por los delitos de cohecho, concierto para delinquir, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada.

El exmagistrado es uno de los procesados por las negociaciones que se habrían hecho con reconocidos políticos para favorecerlos con decisiones judiciales en investigaciones que adelantaba la Corte o la Fiscalía por ‘parapolítica’ o hechos de corrupción.

Exmagistrado Francisco Ricaurte

Audiencia durante el juicio contra Francisco Ricaurte, procesado por el cartel de la toga.

Foto:

Carlos Ortega/ EL TIEMPO

Cerebro de la red

El juez cuestionó en el fallo, conocido en su totalidad por este diario, que Ricaurte Gómez por su preparación y paso por las altas cortes tenía una posición distinguida, que tenía que tener un comportamiento adecuado y que con su proceder lesionó la seguridad pública y la administración pública.

Desde una pequeña habitación en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, adecuada para que los internos asistan a las audiencias judiciales por medios virtuales, el exmagistrado escuchó los argumentos del juez para condenarlo y ordenar que cumpla su pena privado de la libertad en centro carcelario.

Según la investigación de la Fiscalía, en Bogotá, al menos entre los años 2013 y 2016, los exmagistrados Francisco Ricaurte Gómez y Leonidas Bustos “promovieron y dirigieron una organización criminal” a la que integraron, entre otros, al cuestionado exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, su socio el abogado Leonardo Pinilla Gómez y el también exmagistrado Gustavo Malo Fernández.

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Tres de los señalados integrantes de la red ya están condenados, y están siendo procesados los exmagistrados Bustos y Malo Fernández, quien con una recusación logró aplazar los alegatos finales de juicio en la Corte y a quien el tribunal le acaba de negar su libertad.

El juez del caso de Ricaurte les dio crédito a las declaraciones en el juicio del exfiscal Moreno Rivera, quien dijo que el exmagistrado no solo era el líder de la organización, sino que fue su creador.

Procesos cuestionados
Musa Besaile, Alejandro Lyons y Bernardo Elías

Los casos contra el exsenador Musa Besaile y el exgobernador Alejandro Lyons son dos de los procesos en los que se señala que hubo interferencia de Ricaurte.

Foto:

César Melgarejo - Gudilfredo Avendaño / EL TIEMPO - César Vargas / EFE

Ricaurte Gómez fue procesado por seis casos puntuales. Estos, relacionados con las maniobras para interferir y lograr fallos favorables o dilatar los procesos contra los excongresistas Álvaro Antonio Ashton Giraldo, Musa Besaile Fayad y Julio Manzur Abdalá por ‘parapolítica’, los cuales se adelantaban en la Corte Suprema. Solo en el caso de Musa Besaile, el pago acordado fue de 2.000 millones de pesos, y Ashton Giraldo negoció el pago de 1.200 millones de pesos, de los cuales solo se canceló la mitad.

En el expediente hay declaraciones de cómo se repartían el dinero los integrantes de la red y de que incluso se reunían a festejar asistiendo a eventos como el festival vallenato de 2015 y el cumpleaños de Ricaurte Gómez en Garagoa, Boyacá, “que se cubrían con dineros de la organización”.

Además, fue procesado por los casos contra los exgobernadores Alejandro José Lyons Muskus, de Córdoba, y Juan Carlos Abadía, del Valle del Cauca, quienes eran procesados por corrupción y cuyas investigaciones estaban en cabeza de la Fiscalía.
Finalmente fue cuestionado por los beneficios que habrían recibido del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), que entre 2014 y 2015 era “el fortín político de los congresistas Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías”, y en donde los integrantes de la red habrían obtenido favores burocráticos.

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El proceso contra el exmagistrado no ha concluido, pues su defensa y la Fiscalía anunciaron que apelarán la decisión del juez, la cual llegará a segunda instancia para revisión en el Tribunal Superior de Bogotá.

La fiscal del caso dijo que no están de acuerdo con la forma como el juez tasó el monto de la condena impuesta al procesado. Durante los alegatos de conclusión, realizados el 9 de marzo, la Fiscalía había pedido que se lo condenara a 23 años y 8 meses de prisión, es decir, cuatro años y siete meses más del monto establecido por el juez décimo.

Luego del fallo en el Tribunal de Bogotá, el caso podría ser objeto del recurso de casación, que llevaría el expediente a la Corte Suprema, que decidiría la suerte final de uno de sus exintegrantes, que seguirá el trámite privado de la libertad.

JUSTICIA
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