La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Ligia del Carmen Hernández Pérez, quien se desempeñaba como jueza 16 civil municipal de Bogotá y en ese cargo recibió un soborno a cambio de beneficiar al empresario Carlos José Mattos Barrero, quien se encuentra en España y cuya extradición a Colombia fue frenada por ese país.
El caso contra Hernández se inició porque en el 2016 se le asignó una demanda promovida por Hyundai Colombia Automotriz S. A., de propiedad del empresario Carlos Mattos, contra la sociedad Global Car World S. A. S.
El 29 de abril del 2016 se realizó una inspección judicial por la que se ordenaron medidas cautelares que llevaron a que la jueza le ordenara a Global Car que se abstuviera de importar productos Hyundai, dejando como única comercializadora autorizada en el país a la firma de Mattos.
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Según la investigación en contra de la jueza, en mayo del 2016, Dagoberto Rodríguez Niño, quien en la época era oficial mayor del juzgado sexto civil del circuito de Bogotá, y que conocía a la jueza Hernández, fue citado por uno de los abogados de Mattos a una reunión en el norte de Bogotá en la que también estuvo el empresario. En esa reunión, según la investigación, Mattos le dijo que le enviara un regalo de 50 millones de pesos a la jueza por haber ordenado las medidas cautelares.
Y a finales de mayo, afirma el proceso, el dinero fue entregado por Rodríguez a Hernández en una caja de zapatos, en el centro comercial Salitre Plaza. Luego, afirma el expediente, vino otra entrega de dinero en la clínica Colsubsidio de Bogotá, también de 50 millones de pesos enviados por Mattos.
Y entre el último trimestre del 2016 y enero del 2017, dice el proceso, Hernández recibió tres entregas más de dinero que sumaban en total 150 millones de pesos, también enviados por Mattos.
En medio del proceso, la defensa de la jueza aseguró que cuando "recibió los regalos" que le envió Mattos ya no tenía en su despacho la demanda promovida por el empresario. Pero, además, aseguró que los hechos que la Fiscalía le expuso en la imputación –y por los cuales aceptó cargos– no fueron los mismos que luego leyó en la acusación.
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Al revisar el caso, la Corte encontró que es cierto que la Fiscalía cambió los hechos imputados que aceptó la jueza frente a los que luego se presentaron en la acusación. Por eso, la Corte confirmó su condena de 20 meses de prisión (que no permite casa por cárcel, por ser delitos contra la administración pública), pero únicamente por un soborno de 30 millones de pesos, que fue el que ella aceptó. En medio del proceso judicial, la jueza devolvió esos 30 millones de pesos.
En su fallo, la Corte también regaña a la Fiscalía diciéndole que debe ajustar sus actuaciones "al ordenamiento jurídico" porque de ello depende la prontitud y la eficacia en la administración de la justicia.
"Es inaceptable que ante la claridad de la ley sobre el contenido de la imputación y la acusación (...) en la actualidad se sigan presentado imputaciones como la trascrita en precedencia, que generan un desgaste significativo para la administración de justicia", dijo la Corte.
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Finalmente, como la condena se dio únicamente por los 30 millones de pesos que la jueza aceptó haber recibido, la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía General para que verifique si hubo delitos distintos frente a los otros dineros que recibió la jueza Hernández.
Este caso es distinto al del juez sexto civil del circuito, quien también fue procesado por recibir sobornos de Mattos. En el despacho del juez sexto trabajaba Dagoberto Rodríguez Niño, quien recibió una pena de seis años y siete meses de prisión.
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