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Evidencias que tienen preso al exgobernador de Santander Richard Aguilar
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Richard Aguilar: los detalles de la investigación por la cual fue capturadoRichard Aguilar: los detalles de la investigación por la cual fue capturado
Richard Aguilar

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Evidencias que tienen preso al exgobernador de Santander Richard Aguilar

La Corte Suprema está preocupada por entrega de pruebas falsas y pérdida de piezas procesales.

Para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es claro que, de no haber dictado medida de aseguramiento y ordenado la captura del exgobernador de Santander Richard Aguilar, hoy senador de Cambio Radical, sería inminente una afectación al proceso investigativo en marcha por presuntas irregularidades en contratación durante su administración.

Lo anterior teniendo en cuenta que la actual administración de Santander, que está en manos de Mauricio Aguilar, hermano del senador, presentó “falsa documentación probatoria” a la Corte. La alerta del alto tribunal se funda en que varias piezas procesales claves están hoy desaparecidas y, por eso, se ordenó intensificar las labores investigativas para hallar la evidencia perdida.

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¿Cómo llegó la Sala de Instrucción a esa conclusión? EL TIEMPO tiene en su poder la medida de aseguramiento de 219 páginas, cuyo ponente fue el magistrado César Reyes, que dictó en contra del exgobernador Aguilar, quien fue capturado pasadas las 10 de la noche del 27 de julio de 2021 en su apartamento ubicado en un exclusivo sector del norte de Bogotá.

Aguilar, quien lideró el departamento entre 2012 y 2015, es investigado por vicios en cuatro contratos que suscribió: tres en 2014 para obras de mejoramiento en la carretera San Gil–Charalá, para el corredor vial Agroforestal y Energético y para labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga–Floridablanca. Y uno de 2015 para obras e interventoría para el reforzamiento del estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga.

Richard Aguilar, exgobernador de Santander.

Foto:

Jaime Moreno / EL TIEMPO

Se trató, según la Corte, de todo un plan gestado desde el inicio de su mandato para satisfacer intereses personales, direccionar contratos y apropiarse de recursos públicos a través de un staff de secretarios y asesores. Para ello, se modificó la normatividad relacionada con la contratación estatal, se expidió un nuevo manual al respecto y se creó un comité asesor que tenía la facultad de revisar y aprobar procesos licitatorios.

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Luego de los reclamos de “politización” que hizo uno de sus integrantes, que luego fue retirado del caso, el manual de contratación fue derogado en 2013, pero quedaron en cargos de poder Julián Jaramillo, quien pasó de ser asesor del despacho a Director de Proyectos e Infraestructura en la Secretaría del mismo nombre que lideraba Claudia Toledo.

Toledo y su esposo, Lenin Pardo, alcanzaron un principio de oportunidad con la Fiscalía que les implicará librarse de una condena a cambio de declarar contra Aguilar, Jaramillo, otros exfuncionarios de la Gobernación y en contra de Edwin Ballesteros,  quien fue funcionario de Aguilar y hoy es representante a la Cámara por Santander, también investigado por la Corte Suprema de Justicia.

La Corte cuenta con prueba documental, correos electrónicos aportados por Toledo y Pardo, inspecciones judiciales y testimonios que probarían que Aguilar, en su rol de Gobernador, abusó de su cargo y sus funciones para direccionar los contratos citados a determinadas personas a cambio de coimas. Incluso, hay pruebas de que el monto de los pagos se estableció en reuniones.

Una, por ejemplo, del 16 por ciento del contrato para reforzamiento del estadio que se repartió –según la Corte- entre Aguilar, Julián Jaramillo y los esposos Toledo y Pardo. Aguilar habría recibido el 10 por ciento para 2.426 millones de pesos. En este caso, se acordó un anticipo de la ‘coima’ para la apertura de la licitación de las obras en el estadio, que se fijó en 1.000 millones para Aguilar pero que terminó siendo de 700 millones de pesos.

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Para la Sala de Instrucción es claro que Aguilar Villa “sabía y conocía” que los hechos que se le endilgan son delitos y por eso lo cobijó con medida de aseguramiento por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales como determinador; interés indebido en la celebración de contratos como autor; y concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros como coautor.

“El sindicado se habría constituido en líder de la empresa criminal, no solo por idear un complejo entramado de corrupción para defraudar el patrimonio de ese ente territorial a su cargo, sino por su constancia en la promoción o determinación de las conductas ilícitas de subalternos y contratistas, dando instrucciones a sus emisarios para manipular la celebración de los procesos licitatorios, a fin de obtener “coimas” por concepto de comisión a su favor, y permitir que ellas engrosaran el patrimonio de terceros escogidos amañadamente para la ejecución de los contratos”, dice el documento.

En total, dijo la Corte, Aguilar habría obtenido para beneficio propio más de $2.400.000.000 producto de “coimas”, y habría permitido la apropiación por terceros de recursos públicos del Departamento de Santander por más de $3.500.000.000 pertenecientes al contrato de obra No. 0766 de 2015 para el reforzamiento estructural del estadio de Bucaramanga.

Todo eso, sin tener en cuenta en las consecuencias para la ciudad y actuando en interés propio, incluso, enviado supuestamente emisarios a los testigos que están buscando negociar con la Fiscalía, para ofrecerles hasta 2.800 millones para que no lo nombraran en sus declaraciones.

Aguilar niega haber participado en estos hechos y asegura que el afán de obtener beneficios judiciales de los involucrados, como los esposos Toledo y Pardo, fue lo que llevó a que hicieran declaraciones incoherentes. Sobre las coimas, por ejemplo, dijo que si hubo, “fue a mis espaldas” y que es falso que las haya recibido. También dijo que no hay prueba de ello y que nunca se enteró de entrega de dineros.

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El senador también señaló que nunca encomendó a Jaramillo a enviar dinero a los esposos Toledo y Pardo y, en general, aseguró que no realizó maniobras de direccionamiento para adjudicación de contratos ni haber exteriorizado interés indebido en alguno en ellos y calificó de mentirosos a los testigos que lo involucran. Ahora, Aguilar renunció a su curul en el Congreso buscando que el caso sea asumido por la Fiscalía.

Los testimonios

La Corte resaltó principalmente los testimonios de Claudia Toledo y su esposo Lenin Pardo, quienes relataron los pormenores de las actuaciones de Aguilar que se reprochan. Una, sobre el contrato del estadio, se relató así:

“Un día me llama al despacho, en agosto, no recuerdo la fecha, de 2014, y ahí estaba Julián, y me dice: ‘esa obra del estadio hágala usted con Julián, pero Julián le dice a usted cuáles son las condiciones’. Salimos del despacho y yo le pregunto a Julián: ‘bueno Julián nos dejan esta obra, yo no tengo tiempo para sentarme a mirar o a buscar quien la va a hacer, qué utilidad va a dar, coordine esto con mi esposo, pónganse en contacto ustedes dos y coordinen todo eso’ (…) Cuando salimos del despacho yo le digo a él (a Julián): ¿qué condiciones? Dice: ‘pues que a él hay que darle el 10%, al gobernador Richard Aguilar”.

En otro testimonio, Lenin Pardo dijo a la Corte que en 2015 Julián Jaramillo lo citó a la oficina dado que Aguilar estaría presionando por las coimas. “Julián me pide que lo acompañe, como para ponerle la cara a Richard, para decirle, venga es que Octavio (Reyes, beneficiario del contrato del estadio) nos está quedando mal, entonces subimos al despacho, nos recibe y nos dice a Julián y a mí: ‘es que solo me han dado 700, presionen a Octavio para que me dé el resto’. En ese momento le dije que nosotros estábamos tratando”.

Según Pardo, Aguilar le dice que “facture” él, como ya lo había hecho, al parecer Raúl Cardozo Navas, conocido como ‘Lalito’, amigo personal del gobernador y gerente de acueducto de Bucaramanga. “Ese día yo me comprometí con ellos que listo, yo prestaba la empresa para facturar. El monto en ese momento no lo sabíamos, solamente sabíamos que Octavio iba a entregar los recursos y yo me comprometí", dijo.

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"Luego de eso hubo una reunión con Octavio y Julián donde me transmiten cuánto era, me dijeron como lo hiciera (sic) y lo dividimos en tres facturas en tres meses. Es donde yo facturo 620 millones de pesos para entregarle la mitad a Richard y la otra mitad para dividirla entre Julián y nosotros”, agregó.

La Sala de Instrucción determinó que las declaraciones de ambos testigos están corroboradas por las comunicaciones sostenidas con el gobernador Aguilar, lo que probaría el concierto para delinquir. Toledo también dijo que en las reuniones con el procesado sobre los procesos licitatorios, Jaramillo manejaba unos cuadros de Excel con anotaciones sobre los “Eli”, en referencia a elegidos, que supuestamente eran manipulados directamente por Aguilar.

Según Toledo, “la información que solicitaba el exgobernador en el listado de adjudicaciones, era que se incluyera la “referencia y compromiso”. Es de recordar que, como lo mencionamos en nuestros interrogatorios, el entonces Gobernador utilizaba un cuadro de excel en el que al final incorporaba los nombres de las personas a las cuales se les iba a direccionar la contratación, es así que, “referencia y compromiso” era esa columna en la que estipulaba el futuro beneficiaron [sic] del contrato”.

En el expediente reposa un video que aportaron Toledo y Pardo de una visita que recibieron en marzo de 2019 de Julián Jaramillo, que ellos grabaron, en la cual este le manifiesta la supuesta preocupación de Aguilar y de Artemio Suárez (quién habría dado la plata para la coima de los 700 milllones de pesos) sobre el preacuerdo que ambos estaban buscando con la Fiscalía, junto con Andrés Díaz. Allí, Jaramillo supuestamente habría dicho que estaban disponibles 2.800 millones de pesos para no involucrarlos.

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Según la Corte, las reglas de la experiencia indican que cuando una persona ofrece a otra semejante cantidad de dinero para asegurar su declaración en determinado sentido, es porque muy probablemente esa suma, menos o más, hizo parte del producto del delito que se investiga. En ese sentido, para la Sala, si el exgobernador fuera ajeno a lo que se investiga “no hubiera tenido por qué enviar a su esbirro con la promesa de entregar fajos de billetes para asegurar testimonio alguno”.

Los vicios de los contratos

-El 4 de septiembre de 2014 cuando fue adjudicado el proceso licitatorio No. IT-LP-14-03 al Consorcio Conectividad Vial San Gil, con quien la Secretaría de Infraestructura firmó el contrato No. 2670 de 2014 por $185.957.009.346, para mejorar, rehabilitar y pavimentar la red secundaria de conectividad para Santander, específicamente el corredor vial San Gil – Charalá.

Según la Corte, Aguilar habría ordenado a Toledo y a Jaramillo tener una preferencia hacia la unión temporal Promesa Sociedad Futura Troncal de la Libertad S.A.S., en donde trabajaba su primo Aureliano Naranjo, para que fuera seleccionada como adjudicataria del contrato, orden que los funcionarios del gobernador no habrían podido cumplir por fallas técnicas en la presentación de la propuesta.

-El día 16 de septiembre de 2014 fue adjudicado el proceso licitatorio No. IT-LP-14-08 al Consorcio Vial Puerta del Sol con quien la Secretaría de Infraestructura firmó el contrato No. 2738 de 2014 por $113.108.713.799 para ampliar el corredor vial primario Bucaramanga – Floridablanca – sector Puerta del Sol – Puente Provenza de Bucaramanga.

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Según la Corte, el entonces gobernador habría ordenado a Toledo y a Jaramillo tener preferencia hacia el Consorcio Viaducto 2014, para que fuera seleccionado como adjudicatario del contrato denominado ‘Tercer Carril’, orden que los funcionarios del gobernador no habrían podido cumplir por fallas técnicas en la presentación de la propuesta de parte de dicho consorcio.

-El día 29 de diciembre de 2014, fue adjudicado el proceso licitatorio No. IT-LP-14-16 a la unión temporal Promesa Sociedad Futura Unidos por Santander S.A.S., con quien la Secretaría de Infraestructura firmó el contrato No. 3561 de 2014 por $146.507.480.469 para mejorar, rehabilitar y pavimentar de la red secundaria de conectividad para Santander, específicamente el denominado ‘Corredor Agroforestal y Energético’.

Sobre este contrato, la Corte dijo que Aguilar Villa habría impartido órdenes a Toledo y Jaramillo para favorecer a la unión temporal Promesa Sociedad Futura Unidos por Santander S.A.S, a la que pertenecía Aureliano Naranjo, primo del exgobernador Hugo Aguilar, como compensación por un contrato de obra que no se le pudo entregar.

Toledo dijo a la Corte que una de las empresas que hacían parte de esa unión temporal no cumplía con una condición habilitante que, entonces, Aguilar Villa habría ordenado eliminar. Aguilar, por su parte, negó haber favorecido a alguna empresa en particular en alguno de esos contratos.

El 0766 para el reforzamiento del estadio

-El 30 de enero de 2015 se adjudicó el proceso licitatorio No. IT-LP-14-16 al único proponente, la Unión Temporal Reforzamiento Estadio 2015, cuyo representante legal era Octavio Reyes Sarmiento, con quien se firmó el contrato No. 0766 de 2015 por $15.278.888.802, con un posterior adicional de por $6.748.154.990.

El contrato buscaba adecuar los escenarios (estadio, piscinas y Coliseos) de la Villa Olímpica de Bucaramanga. Según la Corte, Aguilar impartió órdenes sobre a quién debían favorecer, a cambio de coimas.

Y el 12 de febrero de 2015 adjudicó un proceso adicional con el Consorcio Reforzamiento para hacer interventoría de la construcción de las obras de la Villa Olímpica en el cual Aguilar habría ordenado que el mismo lo recibiera una persona que, buscada y encontrada, actuara de consenso con el representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015.

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La Corte encontró falencias en los estudios y diseños previos al contrato respecto a la intervención estructural y adecuación de instalaciones deportivas que habrían generado modificaciones técnicas y financieras y de tiempo de ejecución del mismo.

Por ejemplo, las inconsistencias sobre la obra del Estado Alfonso López habían producido un sobrecosto de 3.012 millones de pesos. En este contrato se habría acordado la coima del 16 % del total de la obra para entregársela a Octavio Reyes. La Corte cuenta con testimonios adicionales que revelarían cómo, después de saber que iban a recibir la obra, se empezaron a recoger documentos y tomar acciones para garantizar la licitación como la elaboración de los requisitos habilitantes de parte de Andrea Núñez, de la empresaria Ingream SAS.

En cuanto a la adición del contrato, la Corte cuestionó la forma como la administración procedió a adicionar recursos para la obra del estadio y de los coliseos. Por ejemplo, dice el documento, actividades como la impermeabilización de la placa de cubierta del estadio, la instalación de perfiles estructurales galvanizados en el mismo escenario, el desmontaje de subestaciones eléctricas fueron reemplazadas por otras no previstas como la demolición de los muros de unos de los coliseos y las excavaciones en espacios confinados, entre otras.

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Sobre el contrato de interventoría para esta obra, la Corte dijo que se buscó una persona que garantizara “el logro de las acciones corruptas”, caso que quedó en manos de Andrés Mauricio Díaz. Este dijo a la Corte que Octavio Reyes le dio la orden a Jaimes Villar para que se pusieran de acuerdo para construir la “documentación pertinente para estos préstamos para el sostenimiento de la interventoría”.

Y la supervisora de ambos contratos, Ana Lucía Wanadurraga, dijo la Corte, “guardó silencio ante esta connivencia de los dos contratos”, con base en el testimonio de Díaz quien dijo que ella supuestamente conocía desde el comienzo lo que pasaba.

¿Qué tiene que ver la nueva administración en el caso?

La Sala tomó como elementos claros para dictar la medida de aseguramiento de Aguilar la pérdida en manos de funcionarios de la actual gobernación, que lidera su hermano, según certificación de la Oficina Jurídica del 24 de junio de 2021, de una caja con nueve libros radicadores con resoluciones del despacho del gobernador Aguilar producidas durante los años 2013 y 2015, y algunas correspondiente a la nueva administración, hasta 2017.

Mauricio Aguilar, actual gobernador.

Foto:

Imagen de campaña

A esto se suman, tres supuestos casos de creación documental fraudulenta que la actual gobernación de Mauricio Aguilar, habría aportado a la investigación de la Corte. Se trata de varios documentos que nunca fueron encontrados en las inspecciones realizadas en ese ente territorial por la Unidad de Apoyo Investigativo del CTI, pero que ahora aparecen remitidas en formato electrónico, lo que permitió a los investigadores develar que los mismos habrían sido creados con posterioridad, en 2020 y 2021.

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En efecto, el 14 de diciembre de 2020, miembros de la Unidad de Apoyo Investigativo del CTI adscritos a la Corte Suprema de Justicia realizaron inspección en la que no encontraron el concepto favorable de Coldeportes para la adición en dinero del contrato de obra No. 0766 de 2015; así como la solicitud de concepto favorable al Comité Consultivo; y el certificado de movilidad reducida de la Secretaría de Infraestructura.

No obstante, en enero de 2021, el actual Secretario de Planeación de la Gobernación de Santander, Javier Acevedo, los remitió a la Corte, pero un examen de policial señala que los mismos fueron creados el día 18 de diciembre de 2020, cuatro días después de la fallida inspección de los investigadores de la Corte. Lo mismo sucedió con los otros documentos que tiene fechas de creación de 2021. Para la Sala es clara que el único beneficiado con estos aparentes hechos irregulares es Aguilar Villa.

EL TIEMPO estableció que el actual gobernador Mauricio Aguilar no está en el listado de personas que la Corte pidió a la Fiscalía investigar por este caso.

Los involucrados

Según la Sala de Instrucción, en estas actuaciones irregulares habrían participado múltiples personas además de Julián Jaramillo, Claudia Toledo y Lenin Pardo. Entre ellos estarían María Fernanda Amaya, esposa de Jaramillo y hermana de Fernando Valderrama, propietario de la empresa Constructora Valderrama Ltda. que hace parte del Consorcio Conectividad San Gil –Charalá que recibió uno de los contratos.

Se explicó que a Jaramillo se le encontraron 100 millones de pesos en un allanamiento y que comparte oficina profesional con el ingeniero Pedro Beltrán, propietario de la empresa Procinco Ingenieros SAS que hizo parte de la Unión Temporal Acueducto Landázuri adjudicataria del contrato de obra No. 287 de 2015, realizado bajo convenio interadministrativo entre Landázuri, la Esant y la Gobernación de Santander.

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El representante legal de esa unión temporal fue Lenin Pardo, esposo de Toledo, secretaria de infraestructura departamental (2013 – 2015), y propietario de la empresa Ciaming Ltda., que fue subcontratista ficticia –dice la Corte- de la ‘UT Reforzamiento 2015’. Toledo fue directora financiera de la Secretaría de Educación en la gobernación de Hugo Aguilar y este fue su padrino de matrimonio.

De otro lado, Edwin Ballesteros, actual representante a la Cámara, fue asesor del despacho de la Gobernación de 2012 y fue encargado en varias oportunidades de la secretaría de despacho en Planeación Hacienda, Interior, Infraestructura, Comunicaciones y Educación. Fue alcalde encargado de Floridablanca en septiembre de 2013 y gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT).

Según la Corte, durante los años 2014 y 2015, Ballesteros Archila, como gerente de la Esant, firmó varios contratos con la empresa Ingream SAS del abogado Octavio Reyes Sarmiento, representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015 adjudicataria del contrato No. 0766 de 2015 (reforzamiento estadio). Reyes Sarmiento busca igualmente un prinicipio de oportunidad con la Fiscalía y ha dicho que las coimas fueron para los esposos Toledo y Pardo y no para Aguilar.

El abogado de Reyes Sarmiento, según la investigación que cursa en la Fiscalía, Jhon Alberto Franco, fue también apoderado del Parque Panachi que fue construido durante la administración de Hugo Aguilar Naranjo, padre de Richard Aguilar, y tuvo un contrato con este último y actuó como comité de empalme en la oficina jurídica del actual gobernador, Mauricio Aguilar.

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De otro lado, la Corte llamó la atención sobre varios nombramientos que se realizaron en la gobernación. Por ejemplo, de Javier Villamil como asesor del despacho de Aguilar, quien tiene una amistad estrecha con el exgobernador y, cuya esposa, es amiga de la esposa del exgobernador Hugo Aguilar.

Está el nombramiento de Reinaldo Castillo Parra como director de infraestructura a mediados de 2013, luego de cumplir contrato de prestación de servicios desde enero de 2012, y quien remplazó a la ingeniera Claudia Toledo en la Secretaría cuando ella renunció en abril de 2015. Igualmente, se reseña el nombramiento de Ana Lucía Wandurraga para la labor de supervisión de los contratos de diferentes secretarias del despacho.

En marzo de 2015 fue nombrado Carlos Páez, quien recibía órdenes de Toledo y Jaramillo, quien hoy es director de proyectos de infraestructura del actual gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Se reseña igualmente a Edgar Fabián Báez quien fue funcionario de la Secretaría de Infraestructura y a Rubiel Marino Bermúdez, conductor de Julián Jaramillo.

El documento reseña personas que fueron contratistas “indirectos” en la administración de Richard Aguilar, que tienen vínculos con su padre, Hugo Aguilar, como Aureliano Naranjo (primo de este) y su hija Ángela María Naranjo, ambos empelados por la firma Meyan S.A.S que hizo parte de la “Unión Temporal Promesa Sociedad Futura Unidos por Santander” adjudicataria del contrato No. 3561 cuyo objeto fue el corredor vial Agroforestal y Energético, así como también del contrato No. 1276 de 2014, a través del “Consorcio El Lirio”.

Entre los particulares cercanos al entonces gobernador Aguilar Villa está el ingeniero Segundo Pardo Arciniegas, quien fuera gerente de la Lotería de Santander entre 2004 y 2006, cuando fue destituido por la Procuraduría General de la Nación e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos. Según la Corte esto no le impidió a Pardo hacer de enlace entre Aguilar Villa con líderes políticos de la región y con Octavio Reyes y Lenin Pardo.

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Otro particular con estrechas relaciones con el exgobernador es Raúl Eduardo Cardozo quien fue gerente de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander y cuyo tío está ligado a las empresas Construcciones OCA SAS y Cahe LTDA que fueron adjudicatarias, junto con otras que conformaron el “Consorcio Vial 1501”, del contrato No. 1716 de 2015.

Igualmente, se reseña el nombre de Artemio Suárez Díaz, socio capitalista de Octavio Reyes en el contrato No. 0766 de 2015 (reforzamiento estadio), a través de sus empresas Aseding LTDA., Made Energy SAS, Movipetrol SAS y Megapetrol Energy SAS.

Y se mencionan a otras personas que habría intervenido en la etapa previa de conceptualización, diseño, viabilización y planificación del negocio de reforzamiento del estadio de Bucaramanga: Andrés Mauricio Díaz, quien luego interventor del contrato de reforzamiento; Andrés Rueda Gómez, amigo del anterior y único experto en reforzamiento estructura que cedió su participación en la UT adjudicataria del contrato 0766 de 2015; Andrea Muñoz Castellanos empleada de Octavio Reyes Sarmiento y José Alexander Bonett Mejía, experto en presupuestos de obra, quien determinó la viabilidad del negocio.

La Sala ordenó remitir copia de todo el expediente para que sean investigadas “todas las personas que han sido nombradas” en la decisión que hoy revela EL TIEMPO como posibles partícipes de los hechos. También anunció que seguirá investigando otro contrato relacionado con el Plan de Alimentación Escolar. Aguilar seguirá detenido hasta que se determine si es llamado a juicio o, si de lo contrario, se le archiva la investigación.

justicia@eltiempo.com
En Twitter: AlejaBonilla

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