Este lunes a las 6 de la mañana se llevaron a cabo siete capturas contra directivos de la empresa de comercialización de libranzas Estraval, a quienes, según su grado de participación, se les imputarán los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento, estafa, captación masiva, no reintegro de los recursos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Los detenidos son César Fernando Mondragón, cofundador y directivo de Estraval; Carlos Bastidas Alemán, cofundador y directivo; Rosalba Fonseca Melo, representante legal; Jorge Iván Castiblanco; cofundador; Pedro Harold Carvajal, director y representante legal de Tecfinsa (compañía del grupo Estraval); Ángela María Daza, gerente comercial de Estraval, y Fernando Joya Rodríguez, gerente operativo de la misma empresa.
(Le puede interesar: Medio billón en libranzas, tras liquidación de la firma Estraval)
Mondragón fue capturado esta mañana cuando ingresaba al país en un avión proveniente de Estados Unidos, a donde había viajado el pasado 5 de enero con más de 100.000 dólares en efectivo. La Fiscalía ya se contactó con las autoridades de ese país para investigar la venta de activos por 6 millones de dólares que habría hecho Mondragón en ese país.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló que aunque todavía no se ha determinado el valor total de las deudas de la compañía, ante la Superintendencia de Sociedades se han presentado solicitudes por 600.000 millones de pesos.
(Además: Ordenan liquidación de bienes de la empresa Estraval)
Según el Fiscal, Estraval y sus firmas asociadas realizaban operaciones aparentemente legales, pero no correspondientes a una venta real de libranzas, "vendían pagarés que no contenían obligaciones cambiarias, porque ya habían sido canceladas; comercializaban pagarés que estaban en mora y hacían 'gemeleo' de libranzas para ponerlas en venta, existiendo una sola obligación".
En septiembre pasado, la Superintendencia de Sociedades había anunciado la liquidación de la compañía luego de probar su responsabilidad en el delito de captación ilegal, en el que habrían incurrido 22 personas naturales y siete firmas.
JUSTICIA