Los que suenan para magistrados de la Corte Constitucional

Aunque hace un mes los magistrados Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio terminaron su periodo en la Corte Constitucional, la Corte Suprema aún no ha conformado las ternas que le debe enviar al Senado para que elija a los dignatarios que van a reemplazarlos.

Y el presidente Juan Manuel Santos, encargado de nominar las ternas de las que debe salir el reemplazo de María Victoria Calle y el magistrado encargado Aquiles Arrieta, tampoco ha nombrado a sus candidatos.

Dentro de las listas inscritas en la Corte Suprema están los nombres de funcionarios que han hecho parte de la Rama Judicial y de diferentes organismos de control.
Estos son algunos de los nombres que más han sonado en los debates del alto tribunal.

Ardila ha hecho parte del Concejo de Bucaramanga y de la Asamblea de Santander, región de la que es oriundo. Ocupó escaños en la Cámara y en el Senado y fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, por lo que ha sido reconocido más por su trayectoria política que jurídica.

En julio del 2014, cuando la Corte Suprema lo ternó como Contralor General, expertos criticaron que el alto tribunal tuviera en cuenta a un candidato que fue cuestionado durante su paso en el Congreso.

Ardila tuvo la presidencia de la Cámara de Representantes entre 1997 y 1998, cuando fue cuestionado por la Contraloría porque se encontró que en su administración se aprobaron viajes al exterior que generaron gastos injustificados de recursos públicos, además de contratos de prestación de servicios que también tuvieron reparos.

Y en el 2001 el entonces fiscal Alfonso Gómez Méndez compulsó copias a la Corte para que investigara a Ardila por los supuestos contratos irregulares, como la compra cuestionada de maletines de cuero que se entregaron a representantes a la Cámara y por los que se pagó 5 millones de pesos cada uno. Esa investigación fue archivada.

Recordada como la mano derecha del exprocurador Alejandro Ordóñez, la exviceprocuradora General Martha Isabel Castañeda ha obtenido importantes votos en las votaciones en la Corte Suprema, sin que haya alcanzado la mayoría para ser elegida.

Castañeda es recordada porque como viceprocuradora defendió posturas polémicas de Ordóñez en contra de decisiones de la Corte Constitucional que avalaron derechos de minorías.

Es abogada, especialista en Derecho Procesal y en Derecho Administrativo y doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Tiene 60 años, nació en Santa Marta, y ha estado vinculada por más de 30 años en la Rama Judicial.

Antes de ingresar a la Procuraduría ocupó el cargo de magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena.

Entre las solicitudes polémicas en las que Castañeda acompañó a Ordóñez están las peticiones para tumbar fallos con los que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres casos. También buscó tumbar el fallo que mantuvo la dosis mínima de droga, el que indicó que las uniones homosexuales constituyen familia, y el que acabó con las megapensiones para altos cargos legislativos y de la Rama Judicial.

El expresidente del Consejo Superior de la Judicatura ha aspirado a varios cargos, entre ellos, a la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional.

Es abogado de la Universidad Libre de Cali, tiene un posgrado en derecho administrativo y un doctorado en Derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio, de Madrid.

En el 2015 salió de la presidencia de la Judicatura tras presentar su renuncia al cargo. Dentro de esa corporación hizo parte de la Sala Disciplinaria,

A la Judicatura llegó en el 2012 cuando obtuvo en el Congreso 174 votos. En esa corporación tuvo que afrontar el desprestigio de la Judicatura, ya que antes de su llegada se destapó un escándalo por un presunto carrusel de pensiones.

Fajardo es abogada y politóloga con especialización en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes. Tiene experiencia en el sector público, especialmente en derecho constitucional, pues ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional.

Ha sido asesora de consejerías presidenciales y de varios ministerios, y tiene experiencia de más de 10 años en la elaboración de proyectos de ley y de defensa jurídica de la Nación. De hecho, ha trabajado en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado como directora de políticas y estrategias.

Ha sido magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la Sala de Casación Laboral.

También se ha desempeñado en la Rama Judicial como juez del Atlántico, y como catedrático de varias universidades como la Nacional –donde se graduó de derecho-, la Javeriana, la Sergio Arboleda, El Externado y el Rosario.