Las vías que tiene Petro tras decisión de Corte por condenas fiscales

Las vías que tiene Petro tras decisión de Corte por condenas fiscales

El senador tiene demandadas sanciones de la Contraloría. El riesgo de 'muerte política' es latente.

Gustavo Petro

El senador y excandidato presidencial tiene dos condenas fiscales.

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Efe / Archivo El Tiempo

Por: ELTIEMPO.COM
26 de octubre 2018 , 05:35 p.m.

Tras la apretada votación de la Corte Constitucional (5-4) con la que se decidió mantener tal como están las normas que impiden que cualquiera que esté debiendo una condena fiscal -sanciones impuestas por la Contraloría por detrimento del erario no pueda ocupar un cargo oficial ni contratar con el Estado, para el hoy senador Gustavo Petro, quien tiene dos de esas condenas, solo quedan tres caminos.

Petro, que tras ser segundo en las pasadas presidenciales ocupa su escaño en el Senado (como lo estableció la última reforma política) tiene sobre su cabeza dos condenas de la Contraloría de Bogotá, por casi 300 mil millones de pesos, relacionadas con polémicas decisiones de su Alcaldía (2012-2015). En los dos casos la inhabilidad contemplada en la ley no se ha aplicado por sendas medidas cautelares de la justicia administrativa, pues Petro tiene demandadas las decisiones del órgano de control.

La Corte estudiaba una demanda según la cual la inhabilidad para posesionarse en un cargo público en el caso de los reportados en el boletín fiscal de la Contraloría elegidos por voto popular violaba disposiciones la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Colombia es signataria y que señala que la limitación de derechos políticos (elegir y ser elegido) solo procede por decisiones de la justicia penal.

El antecedente de referencia es un fallo del Sistema Interamericano que protegió, en el papel, los derechos de Leopoldo López, a quien el régimen de Nicolás Maduro sacó de su cargo como alcalde de Chacao, en Caracas, a través de una inhabilidad impuesta por la Contraloría. En ese caso, sin embargo -y así lo reiteraron en el debate de este jueves varios magistrados- se trató de un proceso irregular y claramente violatorio de los derechos procesales. La demanda señalaba también que la inhabilidad fue impuesta por el Congreso supuestamente desconociendo el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido por la propia Carta Política frente a los congresistas y el Presidente de la República.

Como ya lo había hecho en 2006, el Tribunal Constitucional consideró que el sistema normativo colombiano ofrece las garantías suficientes a los procesados, por lo que no va en contra de la esencia de la Declaración de Derechos Humanos. Lo que decidió la mayoría fue que las normas internas no van en contra del Artículo 23 de la Convención "porque la concreción de dicho contenido normativo debe realizarse con base en un ejercicio hermenéutico que considere el margen de apreciación de los Estados parte y que además, consulte el carácter dinámico, cambiante y evolutivo de las regulaciones nacionales, mediante las cuales efectivizan y concretizan el acceso a los cargos públicos". "En otras palabras -dice la Corte- el bloque de constitucionalidad exige que tanto la Constitución como la Convención Americana sean interpretadas en clave de las lógicas evolutivas de los contextos constitucionales locales, del margen de apreciación nacional y de las necesidades cambiantes de las sociedades, por lo que un entendimiento literal no es suficiente para determinar su alcance".

También determinó que al establecer la inhabilidad para llegar al Congreso o la Presidencia si el elegido está en el boletín de morosos del Estado no hay inconstitucionalidad, pues la condición es general, "aplicable a todas las personas que aspiran a ser servidores públicos en igualdad de condiciones".

Lo que la Corte decidió es que las restricciones al ejercicio de la función pública de quienes no hayan cumplido con las sanciones fiscales impuestas, siempre que estas estén en firme, "son proporcionales y razonables" porque "persiguen objetivos constitucionalmente válidos como son la garantía del interés general, la observancia de los principios que orientan la función pública, en especial la protección del patrimonio público y la transparencia, que son instrumentos para acreditar la confianza necesaria para la gestión de los bienes colectivos y de lucha contra la corrupción, como medida de protección del patrimonio público".

También consideró que esa sanción se aplica a quienes son responsables de detrimento del patrimonio público por dolo o culpa grave, y que en todo caso si el condenado paga puede ocupar el cargo público para el que haya sido elegido. Pero, más importante aún, que una sanción fiscal, como acto administrativo que es, puede demandarse ante el contencioso, como de hecho ya lo está haciendo Petro, o por vía de tutela.

Así, reiteró el Tribunal que "la regulación general de la inhabilidad no excluye el control de legalidad y de constitucionalidad de la sanción derivada de un fallo de responsabilidad fiscal, en especial, cuando el sancionado considere que es desproporcionada y configura una restricción permanente a su derecho fundamental de acceso al ejercicio de cargos públicos". Y agregó: "La decisión adoptada en el proceso fiscal puede ser revisada mediante los mecanismos judiciales que el sistema normativo ofrece para tales fines, bien sea para cuestionar la legalidad a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o su constitucionalidad en concreto, por medio de la acción de tutela".

Así las cosas, ¿qué alternativas quedan para el exalcalde de Bogotá y casi fijo aspirante a la Presidencia en 2022? Por un lado, pagar las condenas, que llegan casi a los 300 mil millones de pesos, es un escenario descartado para Petro y prácticamente para cualquier otra persona. Es por eso que el líder del Progresismo asegura que el fallo de la Corte lo condena de facto a la muerte política.

El segundo camino, como ya se dijo, lo emprendió Petro desde el momento mismo en el que le impusieron las sanciones (la primera por el lío de las basuras en Bogotá, y la segunda, por los subsidios antitécnicos para los tiquetes de TransMilenio en horas Valle que le costaron a la ciudad unos 200 mil millones de pesos). Este es el de las demandas ante la justicia contencioso administrativa. El caso de las basuras ya está en el Consejo de Estado, que dictó una medida cautelar para suspender el efecto político de la condena fiscal y, en teoría, debería resolverse antes de que acabe el año. La otra condena está demandada ante el Tribunal de Cundinamarca, también con medida cautelar, y en todo caso debería llegar al Consejo de Estado para quedar en firme. Ese proceso puede tardar años.

En este escenario, podría ocurrir que queden en firme las sanciones, caso en el cual Petro tendría que pagar las condenas. También, que se mantenga la condena pero se cambie el monto de la sanción fiscal, como ha ocurrido en decenas de casos anteriores en los que los magistrados han considerado que la sanción fue desproporcionada. O también, como ocurrió con la famosa destitución de Petro a manos del exprocurador Alejandro Ordóñez, que todo el proceso se caiga y sus efectos simplemente desaparezcan.

Si el resultado fuera desfavorable, a Petro aún le queda el recurso de la acción de tutela para que la determinación del Consejo de Estado (el órgano de cierre del contencioso) en cada caso sea, al final, evaluada por la Corte Constitucional, que también tiene antecedentes de haber tumbado condenas fiscales y destituciones en las que se violó el debido proceso.

Y si su esas cartas no le funcionan, es casi un hecho que el líder de la Colombia Humana buscaría, como lo hizo en el 2012 con la destitución que se cayó, protección en el Sistema Interamericano de Justicia. Allí su argumento sería, en todo caso, el que ya desechó la Corte sobre las inhabilidades políticas impuestas en procesos administrativos. Y en todo caso el exalcalde tiene, y ya está usando, el arsenal político de una supuesta persecución política encaminada a cerrarle el paso a la Presidencia a un candidato de izquierda. A esto, además, le suma que las sanciones en su contra fueron impuestas por una Contraloría cuestionada: la de Juan Carlos Granados, hoy llamado a audiencia de imputación de cargos porque la Fiscalía considera que recibió coimas de Odebrecht en su paso por la gobernación de Boyacá.

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