Castración química contra violadores de niños y cadena perpetua para condenados por delitos cometidos contra menores son dos de los temas que discutirá este miércoles el Consejo de Política Criminal, del que hacen parte, entre otros, el Defensor del Pueblo, el Fiscal, el Procurador, el Ministro de Justicia y el Presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El escabroso caso de la niña Yuliana Samboní y otros similares motivaron, en diciembre pasado, la presentación en el Congreso de dos iniciativas legislativas y un proyecto de ley que buscan endurecer las penas y con ello minimizar el impacto del delito en los menores de edad.Uno de los proyectos impulsado por la senadora Maritza Martínez pide que se imponga la inhibición hormonal obligatoria del deseo sexual por el doble del tiempo de la pena impuesta a los violadores de niños.
Los otros dos proyectos se concentran en pedir que se levante la prohibición de la cadena perpetua que está consagrada en la Constitución Política de 1991.
Sin embargo, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores el concepto de este órgano probablemente sea negativo frente a ambas propuestas. De hecho en el Congreso iniciativas de cadena perpetua para violadores ya se ha hundido en cuatro oportunidades.
Y es que a pesar de que el concepto del comité técnico del Consejo de Política Criminal no es vinculante, es decir no obliga al Congreso a que tome la decisión que le recomienda el órgano, éste último sí ha venido acogiendo sus conceptos.
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Incluso la Corte Constitucional en el fallo 762 del 2015, señaló que para que en el país haya una política pública en materia criminal coherente, deben existir mecanismos de coordinación. Por eso el tribunal ordenó al Congreso contar con el concepto previo del Comité Técnico Científico del Consejo Superior de Política Criminal, para iniciar el trámite de proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la política criminal y del Sistema Carcelario y Penitenciario.
Sobre este tema, el ministerio de Justicia, que preside el Consejo, ha insistido en varias oportunidades que esa corporación no puede caer en el populismo punitivo que está detrás de ese tipo de iniciativas y tiene que basar su trabajo en evidencia científica.
Ha dicho, además, que está demostrado que la cadena perpetua no disuade la comisión de los delitos y que 60 años, condena máxima que puede recibir un colombiano según el código penal, ya es una especie de prisión perpetua.
Tratamiento preferencialOtro de los temas que estudiará el Consejo es el proyecto que establece un “procedimiento de fast track (vía rápida)” para el trámite de todos los procesos penales en los que la víctima sea un menor de edad.
La iniciativa propone que para los delitos de homicidio, acceso carnal violento, secuestro, explotación sexual o feminicidio, donde la víctima sea un menor de 14 años o de 18 años si tiene algún tipo de discapacidad, la indagación o investigación que se hace antes de la formulación de imputación de cargos, no supere los seis meses.
JUSTICIA
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