La Corte Constitucional tendrá la última palabra frente al futuro del recién aprobado proyecto de acto legislativo que establece la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores en el país.
Aunque por ser un acto legislativo la norma no pasa a revisión inmediata de la Corte Constitucional, ese tribunal se tendría que pronunciar sobre el articulado ante la llegada de demandas que puedan interponer los ciudadanos para que se avance en el examen de su constitucionalidad.
Este mismo jueves, el abogado Marlon Díaz, integrante del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, anunció que esa agremiación demandará la norma y pedirá que se declare inexequible por considerar que sustituye la Constitución y va en contravía de principios de la carta magna.
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En mayo de 2010, la Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre el referendo que buscaba que se estableciera la cadena perpetua para los violadores. En ese momento, el tribunal tumbó la norma por vicios de trámite y no llegó a hacer ningún pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
Como en efecto es un hecho que la norma será demandada, esta vez los nueve magistrados de la Sala Plena de la Corte podrían llegar a examinar en profundidad su viabilidad jurídica.
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El exministro de Justicia y profesor de Derecho Juan Carlos Esguerra señaló que es difícil hacer un pronóstico sobre la posición que asumirá la Corte, pero en principio advirtió que “la prohibición de la cadena perpetua era una de los valores, principios y de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución”.
El expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra señaló: “Ese tipo de penas habían sido desterradas desde la Constitución de 1863 y luego con la reforma que se le hizo en 1910”.
Sin embargo, el también expresidente de la Corte Jaime Córdoba Triviño avizoró la posibilidad de que la norma pueda superar su examen favorablemente por cuenta de la revisión de la sentencia que se haría a los 25 años de haber sido impuesta. El exmagistrado dijo que esa parte del articulado podría ser definitiva en el análisis de la norma.
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De hecho, durante los debates en el Congreso, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, había defendido la norma señalando que su aplicación era excepcional, que permitía que el juez valorara el caso y que tenía “un componente de resocialización, pues el condenado tiene la posibilidad de tener una revisión a los 25 años de privación efectiva de la libertad”.
Sin embargo, Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, consideró que la norma además “contraviene los instrumentos internacionales de derechos humanos y los compromisos adquiridos por el Estado colombiano”. Ese será otro punto que tendrían que debatir los magistrados.
El abogado Abelardo de la Espriella dijo que apoya la prisión perpetua pero que no está seguro de que la norma pase el examen de la Corte. En todo caso, dijo que deben respetarse las garantías procesales de los investigados.
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