Cruzada del Gobierno para salvar decreto que permite decomisar droga

Cruzada del Gobierno para salvar decreto que permite decomisar droga

Consejo de Estado estudia 11 demandas. Presidencia y ministerios enviaron sus alegatos.

Fumaton

La Corte Constitucional tumbó la prohibición general que existía para evitar el consumo de alcohol y droga en sitios públicos.

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Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Por: María Isabel Ortiz Fonnegra
13 de julio 2019 , 08:32 p.m.

Gracias al decreto que le permite a la Policía incautar cualquier cantidad de droga en las calles, incluidas aquellas en dosis mínimas, las autoridades han sacado de circulación, entre octubre y el 10 de julio de este año, 235 kilos de droga. Además, se han impuesto 340.578 comparendos en todo el país, de los cuales 224.616 han sido solo este año.

Luego de que la Corte Constitucional tumbó la prohibición general que existía para evitar el consumo de alcohol y droga en sitios públicos, el decreto permitió mantener las labores de la Policía para decomisar los alucinógenos.

Sin embargo, esta norma, una de las puntas de lanza del presidente Iván Duque contra el microtráfico, enfrenta una dura prueba en el Consejo de Estado. Al alto tribunal han llegado 12 demandas de nulidad contra el decreto 1844 del 2018, promulgado el primero de octubre del 2018 y con el que reglamentó los aspectos del Código de Policía que permiten la incautación de droga en espacios públicos.

De las demandas, una ya fue archivada y las demás están caminando. La más avanzada es la presentada por el congresista Germán Navas, que ya tuvo su primera audiencia el 4 de julio pasado; le sigue la interpuesta por la también congresista Katherine Miranda, cuya audiencia inicial es el 26 de julio.

EL TIEMPO conoció los conceptos que han venido presentando algunos ministerios y la misma Presidencia de la República para salvar el decreto.

En particular, los ministerios ya respondieron a la demanda de Navas, la cual planteó que el decreto creó una sanción inexistente en la ley –la destrucción del bien–, así como un procedimiento nuevo de descargos verbales, por lo que la norma viola el principio de reserva de ley, el cual establece que el único facultado para producir normas de carácter penal es el Congreso. Por eso se debió presentar un proyecto de ley para adicionarlo al código, sostuvo.

Frente a esto, representantes de los ministerios y Clara María González, secretaria jurídica de la Presidencia, le dijeron al Consejo de Estado que esto no es cierto y que solo se reguló el Código de Policía, que fue tramitado en el Legislativo.

Según los representantes del Gobierno, la medida correctiva de destrucción del bien sí está contemplada en el código, en los artículos 92, 140, 173 y 192, así como también lo está el procedimiento de descargos verbales.

“El Gobierno no se excede en su competencia reglamentaria, y la misma es el reflejo del desarrollo que en debida forma se hace del marco legal que permite la garantía del orden público, la convivencia ciudadana y la protección de los derechos de los niños”, concluyen.

Al final del documento enviado al Consejo de Estado, los intervinientes hacen una mención a que el decreto, como reglamentación del código, busca responder a “los problemas que la sociedad evidencia en relación con el porte y el consumo de sustancias estupefacientes, diferentes al consumo de dosis personal, y que amenazan la convivencia pacífica”.

El Ministerio de Justicia ya envió otro concepto sobre otra de las demandas, esta vez promovida por el ciudadano Fernando Chacón, quien dice que la norma es contraria a decisiones de la Corte Constitucional.

En su concepto, la cartera de Justicia responde que la norma no contraría lo dicho por la Corte, que despenalizó el porte y consumo de la dosis personal, sino que reglamenta medidas administrativas para “prevenir que el consumo de la dosis personal por los ciudadanos fuera de su ámbito personal afecte los derechos de otras poblaciones protegidas, así como en general la convivencia”.

Y agrega que la posible afectación a la salud pública es un motivo “para sancionar conductas como el porte y consumo” y que el reconocimiento que se ha hecho frente a la dosis mínima “no es una prerrogativa ilimitada ni absoluta, pues se debe contextualizar con las obligaciones estatales frente al problema de las drogas”.
Sobre las demandas que debe resolver el tribunal, Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social, dijo que el Gobierno no ha entendido que no es sancionando como se acaba el problema.

“El mundo está dando un giro a la regulación de los mercados, y en lugar de estar persiguiendo a las personas y teniendo en un desgaste a la Fuerza Pública, que debería estar persiguiendo a los verdaderos delincuentes, el Presidente está en función de sancionar el eslabón más débil de la cadena que es el consumidor”, dijo.

Quintero agregó que Duque está “forzando el cumplimiento de promesas de campaña que responden a populismo punitivo en defensa de los niños, haciéndole pensar a la gente que castigando se protege más a los niños, cuando sabemos que la prevención del consumo se gesta desde la escuela y el hogar”, concluyó.

Por su parte, Hernando Zuleta, director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, afirmó que el decreto no crea nada nuevo sino que genera la imagen de que el Gobierno está en una cruzada en la lucha contra el microtráfico.

Para el académico, medidas como el decreto pueden dar un impulso en el corto plazo y generar más incautaciones y capturas, pero que en el mediano plazo “no va a cambiar nada” del problema porque no es una medida nueva. Ambos expertos coincidieron en que una mejor estrategia es invertir en prevención y en la comunidad, las cuales “son políticas costosas que tienen efectos de largo plazo, pero que son en realidad más eficientes”.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
JUSTICIA
En Twitter: @M_I_O_F

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