El 29 % de denunciadas por aborto han sido víctimas de algún delito

El 29 % de denunciadas por aborto han sido víctimas de algún delito

La Fiscalía recibió 5.833 denuncias por aborto en 20 años, de las cuales el 76 % están inactivas.

Miles de mujeres en México exigen acceso al aborto

El 79 por ciento de las denuncias de aborto están inactivas, la mayoría porque no constituían un delito. 

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EFE

Por: Milena Sarralde Duque
05 de febrero 2020 , 03:14 p.m.

Entre 1998 y el 2019, a la Fiscalía General le llegaron 5.833 denuncias por delitos de aborto en el país. De ese número de noticias criminales, 1.365 casos (el 23,4 por ciento) están activos, mientras que 4.468 (el 76,69 % ) están inactivos.

De los casos sin actuaciones judiciales, la mayoría (un 75 %) se debe a que las denuncias fueron archivadas o precluidas porque no había mérito penal para continuar con el proceso. Y de los pocos casos activos, la mayoría están en etapas incipientes, pues un 96 por ciento está en indagación y un 0,7 por ciento, en juicio.

Esas cifras de la Fiscalía General, conocidas en exclusiva por EL TIEMPO, muestran una radiografía sobre la criminalización del aborto en los últimos 20 años, exponiendo que aunque este delito existe en el artículo 122 del Código Penal, los casos que terminan con acciones judiciales y condenas son realmente pocos.

Las cifras fueron enviadas en un concepto a la Corte Constitucional, en medio de la demanda que el tribunal estudia de la abogada Natalia Bernal Cano, quien le pidió a esa corporación tumbar las tres causales por las que despenalizó el aborto en el 2006: el riesgo para la vida o salud física y mental de la madre, la violación o las malformaciones del feto incompatibles con la vida.

Precisamente el documento de la Fiscalía expone cómo le ha ido al órgano acusador investigando los abortos antes y después del fallo de la Corte. La Fiscalía asegura que en su sistema se registran 472 sentencias, de las cuales el 4,23 por ciento fueron absolutorias y el 55,93 por ciento, condenatorias. El otro 42,16 por ciento fueron sancionatorias porque las procesadas eran mujeres menores de edad.

Desde el 2016, además, según la Fiscalía, han crecido los principios de oportunidad en los casos de aborto, pues ese año el ente acusador emitió una directiva en la que, atendiendo recomendaciones de la Comisión Asesora de Política Criminal, ordenó archivar y precluir los casos en los que la Corte despenalizó el aborto, y aplicar de forma preferente el principio de oportunidad cuando no se enmarque en esas causales. También ordenó respetar la legalidad y confidencialidad de las pruebas, por lo que no se puede, por ejemplo, violar el secreto médico para obtener una evidencia.

En su documento, la Fiscalía asegura que sus cifras muestran, por un lado, que cada vez se penaliza menos este delito a partir del fallo del 2006, y por la directiva de la misma Fiscalía del 2016.  Igualmente, es baja la denuncia por aborto; el año pasado se registraron 308 entradas por ese delito, el reporte mas bajo de los últimos 10 años. En 2018 habían sido 455 casos.

Por otro lado, para la Fiscalía sus estadísticas también muestran que “se vio obligada a invertir recursos para adoptar una decisión en relación con hechos que no constituyen una conducta típica. Lo anterior sin tener en cuenta que, de acuerdo con otros datos presentados en este informe, es altamente probable que esas investigaciones se hubieran adelantado sobre mujeres vulnerables”.

Mientras tanto, el nuevo fiscal general, Francisco Barbosa, tendrá que dar un concepto de fondo a la Corte en donde siente su posición sobre el delito de aborto. Tal y como se lo dijo en entrevista a EL TIEMPO, Barbosa considera que se deberían mantener las tres causales permitidas.

Pero el hecho de que la criminalización del aborto sea un delito que en términos judiciales no tiene grandes resultados, pero que en términos sociales sí podría estar teniendo alto impacto –además de constituir una barrera para las mujeres que incluso podrían abortar según las causales despenalizadas por la Corte– es uno de los argumentos que varias organizaciones, instituciones y juristas enviaron al alto tribunal para pedirle la despenalización total del aborto (ver nota anexa más adelante).

judicialización del aborto

Las cifras de la judicialización del aborto, según la Fiscalía General.

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infografía. EL TIEMPO

Mujeres vulnerables

El documento de la Fiscalía revela que el 63,66 por ciento de las investigadas por aborto son mujeres (con 3.057 casos) y el 17,93 por ciento (861) son hombres. En el 18 % no se especifica el sexo.

En el caso de los 861 hombres investigados, solo en 337 se encontró información sobre quiénes eran. De ellos, el 64 por ciento son exguerrilleros (investigados por abortos forzados) y el 2,07 por ciento eran miembros de la Fuerza Pública. Otro 5,63 por ciento eran profesionales de la salud.

El informe también asegura que entre el 2004 y agosto del 2019, 636 personas fueron capturadas (la mayoría cuando se realizaba el aborto), pero esas detenciones se dieron principalmente antes del 2008, pues a partir de entonces las detenciones han venido bajando. La ciudad con más capturas es Cartagena (118), seguida de Bogotá (61) y Barranquilla (52).

Un aspecto que llama la atención de la Fiscalía es la vulnerabilidad de las denunciadas. En los casos en los que se tiene información se encontró que el 34 por ciento (unas 275) se ocupan de labores del hogar y servicios domésticos, un 2,75 por ciento (22 indiciadas) estaban desempleadas, el 19,25 por ciento (154 mujeres) eran universitarias, el 13,6 % (109) dijeron ser estudiantes de secundaria, y el 2,7 por ciento (22) se dedicaban a trabajos sexuales.

Otro dato que revela la vulnerabilidad de las mujeres investigadas por aborto consiste en que el 29,77 por ciento (unas 910 denunciadas) tiene registros en la Fiscalía, pero por haber sido víctimas de algún delito. Así, el 30 por ciento de las denunciadas han sufrido violencia intrafamiliar antes o después del aborto; el 26 por ciento, lesiones personales, y el 11 por ciento, delitos sexuales.

“Varios de los registros encontrados en el historial de victimización están asociados con dinámicas propias de las violencias basadas en género, que podrían estar relacionadas con ciclos de violencia, la generación de embarazos no deseados y la consecuente decisión de interrumpirlos”, dice el ente acusador.

Varios de los registros encontrados en el historial de victimización están asociados con dinámicas propias de las violencias basadas en género

La Fiscalía también encontró que hay dos mujeres que fueron asesinadas un día después de que se inició el proceso penal por aborto, y una mujer que se suicidó.

Por otro lado, la mayoría de investigadas (1.058) tenían entre 18 y 28 años de edad. Pero otras 495 eran menores de edad entre 14 y 17 años. Llama la atención que por lo menos cuatro de las denunciadas son menores de 14 años, aun cuando en esa edad se presume que el hecho constituyó una violación sexual, por lo que estaría dentro de una de las causales permitidas para abortar. La Fiscalía asegura que en al menos dos de esos casos los denunciantes provinieron del sector salud, que en lugar de denunciar el presunto delito sexual las llevaron ante la justicia por aborto.

Precisamente, la Fiscalía encontró que el 40,71 por ciento de los denunciantes son hombres y un 38 por ciento son mujeres. En los 632 casos en los que se tiene información de las características del denunciante, el 6,32 por ciento tienen una profesión asociada a la medicina. También hay 93 casos (1,5 por ciento) en los que quien denunció a la mujer fue la pareja o expareja por “ser la contraparte en la concepción”.

Secretaría de la Mujer de Bogotá y Human Rights Watch, entre los que piden despenalizar por completo el aborto
Aborto
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En medio de la demanda que el alto tribunal está revisando, y en la que la abogada Natalia Bernal le pide a la Corte Constitucional penalizar el aborto por completo, al alto tribunal le han llegado toda clase de conceptos, desde los que  proponen mantener las tres causales despenalizadas, hasta los que le dan la razón a Bernal y aseguran que debe ser penalizado en todos los casos. Hoy, el aborto en los casos no permitidos tiene penas que van desde los 16 hasta los 54 meses.

Pero, contrario a los intereses de la abogada, si bien su demanda pide prohibir totalmente el aborto, sin excepciones, el caso también abrió un debate sobre el otro extremo: permitirlo libremente, en cualquier caso, o por lo menos en las primeras semanas para luego aplicar las causales. Estas peticiones se ajustan al proyecto de fallo del magistrado Alejandro Linares, cuyo borrador de ponencia, tal y como lo confirmó EL TIEMPO, propone despenalizar el aborto totalmente hasta la semana 12, para que a partir de allí se pueda realizar con las tres causales existentes.

Si son tan pocos los casos de aborto que terminan siendo investigados, sobre todo porque en la mayoría de casos los fiscales encuentran que el hecho no constituyó un delito, ¿vale la pena que se mantenga la norma que judicializa el aborto?

Ese es uno de los argumentos que le llegó al alto tribunal de quienes piden tumbar la criminalización de esta conducta. Por ejemplo, la Secretaría de la Mujer de la alcaldía de Bogotá le pidió al alto tribunal "la despenalización total del aborto en Colombia, la eliminación de ese delito del código penal y la garantía irrestricta de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

En un documento de 50 páginas, la Secretaría, que depende de la alcaldesa Claudia López, señala que si el tribunal decide avanzar en el análisis de fondo del tema, debería considerar que la interrupción voluntaria del embarazo está asociada a derechos humanos como la salud plena, los derechos sexuales y reproductivos y la dignidad humana. Por eso, para la Secretaría, al contrario de lo que pide la demanda de Bernal, no se debería retroceder en materia de estos derechos, sino buscar el principio de la progresividad, “ampliando así los márgenes y estándares de protección y absteniéndose de formular interpretaciones o prácticas que restrinjan, dificulten o anulen el ejercicio del mismo”.

Uno de los argumentos centrales para pedir la despenalización es que la actual política criminal del Estado no refleja un alto número de casos por aborto, por la “poca lesividad o antijuridicidad material que reviste esa práctica”.

Pero de otro lado, porque persisten las barreras de acceso a la interrupción del embarazo en los tres casos establecidos por la Corte, y porque el Congreso tampoco se ocupó de reglamentar el tema, lo que se traduce en un “déficit de protección” para las mujeres.

Otro de los conceptos que le piden a la Corte la despenalización total es el de la ONG internacional Human Rights Watch. Según esta organización, penalizar el aborto va en contra de las obligaciones que Colombia tiene a nivel internacional –encaminadas a garantizar el derecho a la vida, la salud, a no sufrir tortura ni otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; a garantizar los derechos a no ser discriminada, a la igualdad, la privacidad, la información, y a decidir sobre la cantidad de hijos y nacimientos–.

Así, para HRW, estas obligaciones se cumplen de mejor manera “despenalizando plenamente el aborto” o, por lo menos, manteniéndolo en los tres casos permitidos.

Otra de las organizaciones es Profamilia, que le dijo a la Corte que si bien la despenalización parcial del aborto en el 2006 fue un “avance significativo en su momento”, no ha logrado evitar que “la mayoría de abortos se sigan practicando de forma clandestina”.

Para la IPS, que ha practicado más de 72.368 abortos, el hecho de que el Código Penal aborde esta temática como un delito “genera dificultades concretas en la prestación del servicio para las instituciones y profesionales de la salud, en tanto genera temor a la persecución penal, propicia la confusión y el desconocimiento frente a la prestación del servicio, y favorece la creación de barreras dentro del sistema de salud”.

Incluso, asegura que la mayoría de sus IVE se comenzaron a practicar a partir del 2017, porque en los primeros años había mucho desconocimiento y temor a la persecución, por el hecho de que sigue existiendo el delito, aun con las excepciones. Por eso aseguró que se debería permitir el aborto en todos los casos, por lo menos hasta la semana 15 de gestación (el 94 por ciento de sus pacientes llegan antes de ese tiempo), ya que “la eliminación del requisito de certificación médica acabaría una barrera con un impacto negativo para las mujeres”.

Igualmente llegó la petición de la jurista Isabel Cristina Jaramillo, quien señaló: “No solo resulta urgente” que se revise el modelo de despenalización parcial, por el que la Corte consideró que se lograría la protección de la autonomía reproductiva de las mujeres, “sino que los cambios en el derecho nacional e internacional, así como el bloqueo del legislador, justifican una intervención por vía de un fallo que despenalice la conducta y retire de la conducta médica la amenaza de la cárcel”.

Los cambios en el derecho nacional e internacional, así como el bloqueo del legislador, justifican (...) que despenalice la conducta y se retire de la conducta médica la amenaza de la cárcel

También llegó un concepto del exministro de Justicia Yesid Reyes, quien asegura que 
cuando se prohíbe el aborto mediante la amenaza de la acción penal “se impulsa a las mujeres a acudir a centros clandestinos donde los niveles de riesgo para su salud suelen ser mucho más altos”.

También asegura que los resultados de la criminalización del aborto orientada a proteger la vida del nasciturus, buscando reducir estas prácticas,  “no son buenos” pues cada año quedan embarazadas, según la Organización Mundial de Salud, unas 208 millones de mujeres de las cuales solo un poco más de la mitad (59 %) planificaron el embarazo, lo que muestra que al año hay unos 85 millones de embarazos no deseados de los cuales una parte “desemboca en prácticas abortivas”.

Reyes también dice que en Colombia el hecho de penalizar el aborto no ha conseguido “el propósito que desde el punto de vista político criminal se fijó el legislador”, que era el de disminuir los abortos. 

Los que creen que debe existir la penalización total
Aborto en Colombia

La Corte Constitucional permite tres causas para abortar en el país. Estos casos son cuando hay malformación del feto, se presenta riesgo para la vida de la madre o violación.

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Daniel Bustamante. Archivo EL TIEMPO

Uno de los argumentos de la abogada Natalia Bernal para pedirle a la Corte Constitucional que tumbe las causales que permitieron el aborto en tres casos es que considera que las prácticas abortivas constituyen tratos crueles e inhumanos, así como degradantes tanto para las mujeres “como para su hijo o hija por nacer”. En su demanda, la abogada adjunta casos de mujeres que, según afirma, han sido afectadas en su salud física y emocional tras realizarse algún aborto. 

La Corte ha recibido varios conceptos que, como Bernal, piden la penalización de las interrupciones voluntarias del embarazo. 

Así, la exprocuradora para la familia Ilva Myriam Hoyos Castañeda, quien fue en la Procuraduría la mano derecha de Alejandro Ordóñez, se pronunció sobre el tema por petición de la Corte, y de entrada cuestionó que el alto tribunal estaba excediendo sus competencias.

La exfuncionaria advirtió que la Corte está analizando la política criminal sobre la penalización del aborto cuando, a su juicio, debería estar examinando la constitucionalidad de un artículo del código penal demandado por ciudadanos que piden anular las tres causales que permiten la interrupción del embarazo. Añadió que “hay un riesgo real” de que la Corte despenalice el aborto por completo en las 12 semanas de gestación y que “avanzamos velozmente por la pendiente resbaladiza del aborto”.

Indicó que la Corte ha venido tomando decisiones que tendrían un objetivo: "El paso siguiente ya está delineado, avanzar en la despenalización del aborto, sin plazos, sin condiciones, sin respeto por los derechos del ser humano, del no nacido, para que sea no solo un aborto despenalizado judicialmente sino ‘un aborto legal’ ”.

El paso siguiente ya está delineado, avanzar en la despenalización del aborto, sin plazos, sin condiciones, sin respeto por los derechos del ser humano, del no nacido

Hoyos Castañeda añadió en su su concepto que una decisión en ese sentido haría que se pierda el valor intrínseco de la vida humana.

A la Corte también llegó el concepto de la Conferencia Episcopal de Colombia, que pide que se declare que el aborto “es una práctica prohibida” en el país, garantizando el derecho fundamental a la vida y la dignidad del ser humano “desde su concepción hasta su muerte natural”.

Añade que es equivocado considerar como un derecho fundamental la interrupción voluntaria del embarazo.

En el documento se acude a palabras del papa Francisco sobre el nacimiento: “Ningún ser humano puede ser incompatible con la vida, ni por su edad, ni por sus condiciones de salud ni por la calidad de su existencia. Cada niño que se anuncia en el vientre de una mujer es un regalo que cambia la historia de una familia (...). Y ese niño necesita ser bienvenido, amado y cuidado siempre”.

'El delito de aborto no está protegiendo lo que dice proteger, y en cambio lleva a abortos inseguros': Women's Link Worldwide
Mariana Ardila

Mariana Ardila, abogada de la dirección legal de Women's Link Worldwide.

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En el 2006, la ONG Women's Link Worldwide presentó ante la Corte Constitucional la demanda con la que se despenalizó parcialmente el aborto en los casos permitidos. Mariana Ardila, abogada de la dirección legal de esta organización y quien en el pasado hizo parte de la Corte desarrollando la jurisprudencia sobre la interrupción legal del embarazo, habló con EL TIEMPO sobre la posibilidad de despenalizar totalmente el aborto que algunas instituciones y juristas le han planteado al alto tribunal. 

Women’s Link fue la organización que ayudó a despenalizar parcialmente el aborto en 2006. ¿Cree que se debería despenalizar totalmente?

Desde Women's Link valoramos positivamente cualquier propuesta que permita avanzar en los derechos de mujeres y niñas. Cualquier propuesta que vaya dirigida a que haya un acceso y reconocimiento más amplio del derecho al aborto en Colombia está bien.

Hay que tener en cuenta a qué estamos llamando despenalización total porque, en realidad, la propuesta del magistrado Linares que se ha conocido sería que haya un aborto por solicitud de la mujer hasta determinada etapa del embarazo. Después de esa etapa vendrían las causales que tenemos actualmente en Colombia.

En últimas, cualquiera que sea la propuesta para hacer el acceso más fácil para las mujeres, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, es bien recibida por Women's Link.

¿Qué opinan de que tan pocos casos, según las cifras de la misma Fiscalía, estén activos?

El efecto de tener un delito de aborto también es simbólico, además de los casos que pueda haber activos. Todavía hay mucha desinformación. Muchas mujeres siguen pensando que el aborto es un delito en todos los casos. El hecho de una despenalización más amplia ayudaría a quitar ese estigma sobre el aborto.

Lo que demuestra la poca judicialización es que el derecho penal no es eficiente para proteger lo que supuestamente debe proteger ese delito, que es la vida. Si el Estado ni siquiera está interesado en usar ese mecanismo, que es lo que demuestra que no haya investigaciones, no está sirviendo para lo que se supone que debe servir. En cambio,  sí está contribuyendo para realizar abortos inseguros por causa de la penalización.

Esta sería una razón más para decir que ese delito no ha tenido buenos resultados, sino, por el contrario, han sido malos. Miremos otras formas de proteger la vida que no pasen por tener ese delito en el Código Penal.

¿La penalización del aborto puede constituir una barrera aún para los casos que ya están despenalizados?

Sí. El delito se traduce en que les ponen barreras, las juzgan, no las apoyan cuando van a tomar la decisión. Como muchos piensan que es delito en todos los casos, les ponen una traba aumentando los abortos de manera insegura. Más allá de las investigaciones penales que hay activas, o de las mujeres que haya en la cárcel, el hecho de conservar el delito tiene otras consecuencias, como el estigma, la desinformación, el juzgamiento moral. Esto las deja un poco solas, pues no pueden contarle a nadie porque las pueden llevar a un tribunal ya que esa práctica, aun con excepciones, sigue estando en el Código Penal.

¿Qué opinan de que se despenalice totalmente hasta la semana 12 de gestación, como estaría en el borrador del magistrado Linares?

Pensamos que el aborto no debería ser un delito, y hay muchas razones por las que no debería estar en el Código Penal. Debería ser un tema de otro tipo de regulación, no el derecho penal, que es la forma más extrema de control social por parte del Estado.

Frente a los plazos, lo que hemos visto y el mensaje que le enviamos a la Corte es que si están considerando un plazo para permitir el aborto libre, ese plazo tiene que tener en cuenta la realidad del país. Hay muchos lugares del mundo que tienen aborto libre hasta determinada etapa del embarazo, pero son muy distintos entre sí. No es lo mismo un país donde todo el mundo tiene seguro público de salud, la salud está cercana, es gratuita, a un país como Colombia en donde hay grandes barreras de accesibilidad geográfica. No es lo mismo la mujer que está en Guapi, paga 40.000 pesos en lancha para llegar a un puesto de salud, que una mujer en Bogotá de estrato 4 o 6 y que tiene acceso a clínicas. 

Un plazo más amplio sería mejor, pero lo importante es que después del plazo se mantengan las causales que actualmente tenemos. También es importante no afectar las causales, porque eso, de cualquier modo, significaría una regresión en derechos. 

Si se diera una despenalización total, ¿está el sistema de salud colombiano en capacidad de responder?

Habría que trabajar en remover las barreras de acceso al aborto, porque ya sabemos que sea con las causales o un modelo que junte el plazo con causales van a seguir existiendo barreras de acceso. Han pasado 14 años desde la despenalización parcial del aborto y el sistema de salud ha sacado protocolos, guías, pero tocaría profundizar esa disposición para prestar el servicio, ajustar los protocolos para no limitarlos a las tres causales, capacitar y sensibilizar al personal de salud, asegurar que el servicio esté incluido en el POS. Habría ajustes que hacer, pero no sería algo que desbordaría el sistema de salud, sino que podría bajar las cifras de mortalidad materna y complicaciones por abortos inseguros, complicaciones que luego termina atendiendo el sistema de salud.

MILENA SARRALDE DUQUE
Subeditora de Justicia @MSarralde

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