Este jueves, en audiencia de imputación de cargos contra el gobernador de la Guajira, Wilmer González Brito, la Fiscalía lo acusó de los delitos de: cohecho, falsedad en documento público, corrupción al sufragante y fraude procesal, por irregularidades cometidas durante su campaña a la gobernación en noviembre del año pasado.
En la diligencia, que se desarrolla en el Tribunal Superior de Bogotá, González no aceptó los cargos y la Fiscalía desarrolla los argumentos para solicitar su reclusión en una cárcel. (Lea también: Audios revelaron las burdas trampas en elección en La Guajira)
La Fiscalía solicitó enviar a prisión a González Brito por considerar que puede obstruir la justicia, que es un peligro para la comunidad y para asegurar su comparecencia en las audiencias judiciales.
En la audiencia la Fiscalía presentó varias interceptaciones telefónicas. Una de estas es una conversación entre González Brito con la concejal Silbelly Solano, en donde hablan de la entrega de 10 millones de pesos a cambio, dice la Fiscalía, de garantizar votos en la región.
“En logística me estoy gastando, sin exagerar, 10 millones de pesos, porque necesito contratar carros. Lo que más me preocupa son los mercados, darle a la gente para que compren su chivo, hagan su comida y vengan desayunados; porque usted sabe cómo se maneja eso (...), con ese recurso yo no puedo mover eso”, dice Solano.
El ente acusador sostuvo, ante un magistrado, que González Brito entregó millonarias sumas de dinero a ciudadanos y concejales que lideraron su campaña, para así lograr su elección. “A una concejal le dio 10 millones de pesos”, afirmó la Fiscalía.
Los investigadores documentaron la entrega de mercados en la población de Maicao 15 días antes de las votaciones, material para artesanía a población wayú y a personas de Venezuela. La mayoría eran habitantes de zonas rurales y de bajos ingresos donde, dice la Fiscalía, era representativo cualquier entrega de productos.
“(González) lesionó el bien jurídico tutelado de la función pública. Estaba en la capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento porque contaba con experiencia en cargos públicos”, sostuvo el Fiscal en la audiencia.
La campaña del Gobernador, afirmó el ente acusador, entregó documentación falsa sobre la información contable al Consejo Nacional Electoral para “provocar el error”.
JUSTICIA
