Paquetes de 500 votos por 15 millones de pesos empezaron a ofrecerse el 4 de noviembre pasado, 48 horas antes de que se iniciaran las elecciones atípicas en las que Wílmer González, del partido de ‘la U’, salió elegido gobernador de La Guajira.
La Fiscalía tiene audios y testigos que señalan que la compra de sufragios habría beneficiado al actual mandatario, que incluyó la movilización de al menos 60 camiones que trasportaron gente desde Venezuela.
“Se cuadraron por teléfono e ingresaron por trochas hasta Uribia, Manaure, Puerto Estrella y Bahía Honda”, le dijo a EL TIEMPO un investigador.
González, quien fue citado el próximo 9 de febrero al Tribunal Superior de Bogotá para que se le imputen los delitos de cohecho y corrupción al sufragante, dice en su declaración de renta que solo tiene 478 millones de pesos de patrimonio. Pero testigos estiman que se movieron cerca de 4.000 millones de pesos para que obtuviera los 99.117 votos que le dieron el triunfo y la silla que había dejado Oneida Pinto, también procesada por corrupción.
En el caso del gobernador está implicada la concejal de Maicao Silbelly Silena Solano Iguarán. La abogada y exasesora jurídica de la Secretaría de Educación de Maicao armó un comando para apoyar a su candidato.
La antecesoraEl anuncio de que el gobernador de La Guajira será imputado fue aprovechado por el fiscal Néstor Humberto Martínez para informar que el 10 de febrero también se le imputarán cargos a Oneida Pinto, elegida por Cambio Radical en el 2015.
A Pinto se le investiga por irregularidades en un contrato de 16.000 millones de pesos para reducir la mortalidad infantil en su pueblo, Albania. Las anomalías se registraron cuando ella ocupó la alcaldía de ese municipio, que luego pasó a manos de su exescolta y exmarido, Pablo Parra.
La exgobernadora también está investigada por un plan para atentar contra Jorge Enrique Vélez, el gobernador encargado de La Guajira cuando ella fue destituida por el Consejo de Estado por violar el régimen de inhabilidades. De eso también hay audios.
El tumbe con racionesDentro del mismo paquete de investigaciones, la Fiscalía ordenó la captura del alcalde de Riohacha por Cambio Radical, Fabio Velásquez Rivadeneira, registrada hace 48 horas.
Copiando lo sucedido con el recién condenado gobernador del departamento Francisco ‘Kiko’ Gómez, varios de sus seguidores intentaron armar una especie de asonada para evitar que el CTI de la Fiscalía lo trasladara a Bogotá.
El mandatario estaba a punto de iniciar una reunión con su gabinete en uno de los salones del Palacio Municipal, cuando varios efectivos de la Policía le notificaron que lo arrestaban por presuntas irregularidades en un contrato del Programa de Alimentación Escolar.
Según la Fiscalía, Fabio Velásquez firmó un contrato de alimentación por 5.700 millones de pesos para supuestamente favorecer a 23.000 niños, pero parte de las raciones escolares nunca llegaron.
“Hemos encontrado presuntas irregularidades por 1.176 millones, ya que el convenio, en un 20 por ciento, no llegó a los niños”, aseguró el fiscal Martínez.
Y uno de los investigadores agregó que se encontraron facturas adulteradas y vistos buenos de la Alcaldía que daban fe de la supuesta entrega de la comida.
El contrato, que tuvo un otrosí en septiembre pasado, fue celebrado entre el alcalde y Ernesto Beltrán Mesa, representante de la Asociación Social del Caribe (Asocar), creada unos días antes de que le dieran el millonario contrato de alimentación.
Uno de los socios de Asocar es Manuel José Mengual Quintero, quien fue secretario de Gobierno de Manaure, entre el 2008 y el 2011, y director de Prevención y Atención de Desastres durante la administración de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, condenado a 55 años de prisión por homicidio. El alcalde Fabio Velásquez es del municipio de Camarones, administrador de empresas, especialista en Economía Internacional y en Gerencia Pública.
Negociando con dengueEn su paso por la gobernación, Jorge Enrique Vélez frenó varios contratos. Uno de ellos fue el de ‘Investigación sobre determinantes de la carga de dengue e intervenciones para su reducción en La Guajira’, por 18.000 millones de pesos.
Este fue firmado en 2014, durante la administración de José M. Ballesteros, también llamado a imputación.
Una universidad extranjera que aparece certificando su participación en la formulación del proyecto –adjudicado a la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud (Olfis)–, no conoce del tema. La Universidad de Santander renunció a participar. Y la Nacional, que funge como interventora, conceptuó que “Olfis no cumplió con la totalidad de obligaciones”.
Por esta situación también deberán responder Fredy Alexánder Díaz, representante de Olfis; Gonzalo Araujo Daza, exsecretario de Salud departamental, y Marco Luis Pedraza, asesor del gobernador en temas contractuales.
González es el quinto gobernador de La Guajira que termina enredado con la justicia, lo que confirma que el departamento está sumido en la corrupción.
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