Aclarar la estrategia que el Gobierno está contemplando para la lucha contra los cultivos ilícitos, establecer si se planea volver a usar el glifosato para la fumigación aérea y determinar si se deben endurecer las condiciones sobre ese herbicida son los principales objetivos de la Corte Constitucional con la audiencia pública que realizará este jueves sobre el tema.
Las fumigaciones con este herbicida están suspendidas desde el 2015, cuando, por primera vez, el alto tribunal aseguró que ese químico podía ser cancerígeno. Y en 2017, al resolver una tutela presentada por comunidades indígenas del Chocó, la misma Corte puso varios requisitos para volver a fumigar desde el aire con glifosato los cultivos de hoja de coca.
Una de esas exigencias, y tal vez la más importante, es que se certifique, con un estudio científico, que el glifosato no implica un riesgo para la salud humana ni para el medioambiente. Los otros requisitos son: crear una regulación, incluir en el Consejo Nacional de Estupefacientes a un representante étnico, fortalecer las consultas previas y monitorear las alertas.
Pero en medio del seguimiento al fallo del 2017, la Corte encontró que hay un cruce de versiones en el Gobierno frente al uso del químico. Mientras el Consejo Nacional de Estupefacientes le dijo que no ha aprobado ninguna estrategia, el Ministerio de Defensa le aseguró que hay un plan piloto para fumigar con drones.
Por eso, en la audiencia de este jueves, que arranca a las 8 a. m., en el Palacio de Justicia, uno de los primeros en exponer su posición será el presidente Iván Duque y lo apoyarán los jefes de los ministerios de Defensa, de Justicia y del Interior. La intervención del Gobierno durará cerca de una hora.
La postura del Ejecutivo, según conoció EL TIEMPO, es defender el uso del glifosato, pero con cambios en la tecnología de aplicación, para evitar la dispersión del herbicida.
Con base en varios estudios, el Gobierno planea argumentar que el glifosato es el más eficaz y el menos peligroso de los herbicidas para el caso de los cultivos de hoja de coca.
El debate sobre el glifosato se da en medio de un crecimiento histórico de los narcocultivos, pues se pasó de 47.790 hectáreas sembradas en el 2013 a 171.000 hectáreas en el 2017, según el reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci).
Precisamente esta semana, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los tratados antidrogas, afirmó estar “preocupada” por el incremento de narcocultivos en el país.
La Jife señala que al ser el mayor productor de hoja de coca del mundo, Colombia “es también el principal punto de partida de esa droga que se consume en sus dos principales mercados: Estados Unidos y Europa”.
Para frenar las siembras ilegales, el país tiene dos estrategias: la erradicación forzada, que este año ha permitido limpiar 9.636 hectáreas, y la sustitución voluntaria, a través de la cual han sido erradicadas 34.767 hectáreas en 21 meses (ver nota anexa).
La producción de cocaína, según la Policía Antinarcóticos, está en 1.379 toneladas al año.
El hecho es que aunque se hicieron estudios de 24 moléculas, entre ellas el glufosinato de amonio, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo en diciembre que se estaba analizando la viabilidad del herbicida Tordon 101, hoy el Ejecutivo no tiene un químico que pueda reemplazar al glifosato.
Además, varias fuentes del Gobierno aseguran que es imposible cumplir las condiciones que la Corte puso para autorizar la aspersión con el herbicida.
A la audiencia del alto tribunal está invitado también el expresidente Juan Manuel Santos, quien asistirá en la tarde. Santos fue quien suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato, en el 2015, luego de que la Corte Constitucional lo ordenó atendiendo varias alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Como el asunto es controvertido y compromete, por un lado, la capacidad del Estado para contrarrestar el acelerado crecimiento de los cultivos de hoja de coca y, por el otro, los derechos de las comunidades que viven en zonas afectadas por esos sembrados, la Corte invitó a la audiencia a sectores que están a favor y en contra del glifosato.
En la diligencia estarán también las comunidades indígenas afectadas en Chocó que en 2017 presentaron la tutela que llevó a que se establecieran condiciones para el uso del herbicida. Además, participarán el fiscal, Néstor Humberto Martínez, y el procurador, Fernando Carrillo, así como expertos en medioambiente y salud y en seguridad.
Los gobernadores de Nariño y Antioquia también van a intervenir, pues son los departamentos con más cultivos ilegales, y expondrán sus puntos de vista funcionarios que puedan contar cómo va la implementación del acuerdo de paz con las Farc en el punto sobre el fin de las drogas y los cultivos ilícitos.
En una entrevista con EL TIEMPO, la presidenta de la Corte, Gloria Ortiz, aseguró que todos los actores en el tema de drogas y fumigación serán escuchados para “definir cuál será el siguiente paso con base en qué es lo que busca el Gobierno y qué es lo que necesita la sociedad”.
Por ahora, todas las posibilidades están contempladas: tras la evaluación de los diferentes puntos de vista, dicen fuentes de la Corte, el alto tribunal podría establecer que el glifosato es tan peligroso que se deben mantener las medidas estrictas para su uso. O, por el contrario, si ese daño no está probado, por condiciones de seguridad podría llegar a flexibilizar las exigencias que mantienen hoy congelado el programa de aspersión aérea con glifosato.
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