Alarmante balance de la Corte sobre desplazamiento forzado

Alarmante balance de la Corte sobre desplazamiento forzado

En una audiencia pública, Corte estudió este fenómeno que ha dejado 7,4 millones de víctimas.

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El desplazamiento forzado es una problemática que persiste en Medellín. Expertos piden mejorar políticas para atenderla.

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Esneyder Gutiérrez

Por: Justicia
29 de noviembre 2018 , 11:04 p.m.

Catorce años después de que la Corte Constitucional declaró que en el país, en materia de desplazamiento forzado, hay un estado de cosas inconstitucional por la violación sistemática de derechos de la población que sufre este fenómeno, el alto tribunal convocó a una audiencia pública para evaluar los avances y obstáculos frente a esta problemática. 

La Corte Constitucional estudió este problema en audiencia pública este jueves con cifras alarmantes: ocho de cada diez víctimas registradas por el conflicto armado en el país entre 1985 y el 2018 han sido desplazadas. 

Así, van 7,4 millones de personas que han sido forzadas a salir de sus territorios por causa de la violencia. Uno de los departamentos que más ha sufrido este fenómeno históricamente es Antioquia. 

A pesar de que los desplazamientos forzados vienen en un descenso desde el 2014, preocupa que este flagelo está lejos de ser superado en Colombia. Nada más este año van 164.185  personas que fueron obligadas a salir de sus hogares. De esa cifra, dice la Corte, sólo se imputaron cargos en 13,5 por ciento de los casos. 

La cifra de los que han tenido que salir de forma masiva (comunidades enteras) ha cedido. Entre enero y octubre de este año ocurrieron 89 desplazamientos forzados masivos, mientras que en el 2017 la cifra fue de 51, según la Defensoría del Pueblo

Una de las situaciones más críticas las vive Chocó, en donde entre enero del 2016 y octubre del 2018 se han registrado 58 desplazamientos forzados. Le sigue Nariño, con 46 éxodos masivos; Norte de Santander, con 42; y Antioquia, con 24. 

Además de medir los avances y obstáculos para garantizar los derechos de la población desplazada, el alto tribunal evaluó la política que ha tomado el Gobierno al respecto, los escenarios de riesgo, y las condiciones actuales de este fenómeno que afecta a miles de colombianos. 

¿Qué está haciendo el Gobierno?

La primera en intervenir en la audiencia fue la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, quien aseguró que el Gobierno ve con preocupación que han pasado 14 años desde que la Corte declaró el Estado de cosas inconstitucional, lo que muestra "la deficiente presencia del Estado y la poca coordinación interinstitucional". 

Dijo que en los más de 100 días del Gobierno, se ha buscado procurar esa coordinación entre entidades para poder atender el desplazamiento forzado.  Aseguró que se han hecho por lo menos siete reuniones para crear un plan de acción para atender este fenómeno desde la prevención, protección y garantizar la seguridad física de estas comunidades. También la atención humanitaria, y los retornos. 

Aseguró que el Gobierno está construyendo un Plan Nacional de Desarrollo para superar la problemática del desplazamiento, haciendo énfasis en la presencia del Estado en el territorio. "Hemos visto la necesidad de analizar caso por caso en los municipios, entender cuál es su capacidad institucional", dijo Ramírez. 

En Tumaco, una de las zonas más afectadas, dijo, hay una Fuerza de Tarea Conjunta de 10.000 hombres, lo que muestra que sigue siendo insuficiente la presencia de las Fuerzas Armadas, por lo que se necesita que llegue el Estado con toda su institucionalidad. 

Aseguró que el Gobierno debe establecer una actividad económica lícita para enfrentar temas como el narcotráfico. 

En cuanto a los avances, aseguró que hay "una menor ocurrencia de hechos de violencia contra estas comunidades. El trabajo de la Fuerza Pública ha venido articulando las distintas capacidades, y por esa razón los escenarios de prevención vienen funcionando de manera integral. Pero es necesario hacer énfasis en el desarrollo económico y en las opciones de empleo para estas comunidades", dijo. 

Lo que viven las comunidades afectadasCatatumbo

Olga Lucía Quintero, líder del Catatumbo de la Asociación Campesina de la Región, aseguró que allí hay factores de riesgo por altos niveles de desplazamiento forzado que se dan en la región, lo que se suma a la falta de inversión social. 

Quintero narró que ha habido enfrentamientos armados que alteran la cotidianidad de las comunidades, así como daños psicosociales, económicos y de derechos básicos. Dijo que este año van 24 hechos de desplazamiento masivo que han afectado a más de 13.000 campesinos, y a 3.800 familias principalmente en Acarí, San Calixto, El Tarra y Tibú. Aseguró que ha habido un incremento de un 803 por ciento en el desplazamiento forzado en comparación con el 2016. 

También dijo que este año van 157 homicidios, 64 de ellos en el municipio de Tibú, pese a que hay por lo menos 14.000 uniformados. Aseguró que muchos miembros de la Fuerza Pública se han visto involucrados, incluso, en violaciones a los derechos humanos.  "La militarización no va a resolver los problemas de fondo, los problemas estructurales, de una región como el Catatumbo que lleva años de abandono por parte del Estado", aseguró Quintero. 

La militarización no va a resolver los problemas de fondo, los problemas estructurales, de una región como el Catatumbo que lleva años de abandono por parte del Estado

También afirmó que hay 26.000 niños afectados con restricciones a la movilidad y a la educación como resultado de acciones armadas. Finalmente, señaló que se debe implementar el acuerdo de paz, y que el Estado debe garantizar que haya condiciones de vida digna en la región. "El actual contexto en Catatumbo no se limita al enfrentamiento de insurgencias, sino que es el resultado de una serie de problemas en materia política, económica y cultural". 

Medellín

Jhon Edison Restrepo, representante de la población desplazada de Medellín, dijo que en Antioquia hay una disputa entre grupos armados ilegales principalmente en el Bajo Cauca, muncipios del Norte y Nordeste.

Afirmó que según la Unidad de Víctimas se han presentado más de 16 desplazamientos masivos en el departamento. 

Aseguró que en Medellín, en las diferentes comunas hay desde amenazas, homicidios selectivos, desplazamientos forzados, y reclutamiento de niños, lo que ocurre con mayor frecuencia en los barrios periféricos de Medellín. 

Restrepo dijo que según el informe semanal de desplazamiento en Medellín, elaborado por la Secretaría de Inclusión Social, se atendieron 1.054 hogares desplazados de forma urbana para más de 3.000 personas entre enero y octubre del 2017, lo que equivale a un incremento del 8,6 por ciento frente al año pasado. La comuna más expulsora es la Comuna 13, de donde salen el 60 por ciento de víctimas.

También añadió que Medellín es el mayor municipio receptor de víctimas de desplazamiento, pero persiste la debilidad institucional para atenderlas.  

El acalde de Medellín Federico Gutiérrez dijo que hay una relación directa entre los homicidios y el desplazamiento forzado intraurbano. "Quienes son los victimarios obedecen a una dinámica criminal. En todo el país hay 23 grupos de delincuencia organizada, y sólo Medellín y el área metropolitana tiene el 43 por ciento de esos grupos. Ellos generan el desplazamiento".

Aseguró que en el 2017 hubo 7 desplazamientos masivos que, incluso, fueron ordenados por cabecillas que están en prisión. Dijo que en el 2017 hubo 3.400 víctimas de desplazamiento forzado en la ciudad. "Medellín es la segunda ciudad del país con más víctimas del conflicto armado", señaló Gutiérrez. 

También dijo que cuando hay enfrentamientos en las estructuras armadas criminales en el país, aumenta el desplazamiento forzado. Los años más álgidos de desplazamiento intraurbano en Medellín fueron entre 2010 y 2013, con 14.000 desplazados en promedio por año. 

Dijo que han aumentado las víctimas que reciben del Bajo Cauca y del nordeste antioqueño, debido a la confrontación de estructuras en esas zonas. 

Norte de Santander

William Villamizar Laguada, gobernador de Norte de Santander, dijo que en el departamento hay 260.000 desplazados. Dijo que en la zona está el Eln, una disidencia del Eln, y el EPL, lo que se suma a bandas que están en la frontera con Venezuela. Todos buscan explotar las 30.000 hectáreas de coca que hay en la región.

Señaló que este año hay desplazamientos en Catatumbo, donde se instalaron 25 refugios humanitarios, en muchos casos por las acciones de las Fuerzas Armadas.  

Litoral de San Juan (Chocó)

Víctor Carpio Conquista, representante de los pueblos indígenas del Litoral San Juan, en Chocó, aseguró que hay un incumplimiento de las órdenes que ha dado la Corte para proteger a la población desplazada. 

Aseguró que al comunidad Wounaan en Chocó está en riesgo ante las dinámicas de conflicto en la zona, así como por el reclutamiento de niños. Dijo que hay riesgos y amenazas contra su vida por "la persistencia de dinámicas de violencia en nuestras comunidades por las rutas de narcotráfico", dijo. Y agregó: "La situación no sólo persiste, sino que se ha agudizado debido a la reciente reconfiguración del conflicto con nuevos actores armados que desconocen a nuestras autoridades tradicionales". 

Dijo, por ejemplo, que entre febrero y marzo de este año, 60 familias de la zona se vieron obligadas a desplazarse por enfrentamientos de "paramilitares y guerrillas", familias que hoy siguen en albergues en Buenaventura, viviendo en condiciones que afectan sus derechos. 

Elizabeth Moreno Barco, representante del Litoral del San Juan y las comunidades afro, aseguró que se ven afectados por presencia de la Fuerza Pública, bombardeos, enfrentamientos de grupos ilegales, así como por intereses económicos sobre los territorios étnicos. 

Moreno dijo que a 14 años de que la Corte decretara el estado de cosas inconstitucionales frente al desplazamiento, todas las violaciones de derechos humanos continúan en su territorio. 

Y Welleiton Ibargüen, alcalde del Litoral de San Juan, dijo que al estar ubicado su municipio en un archipiélago, lo hace propenso a ser objeto de control por parte de los criminales. "En el litoral de San Juan sí necesitamos bombardeos, pero bombardeos sociales", dijo. 

Buenaventura

Edison Bioscar, alcalde encargado de Buenaventura, dijo que no todas las respuestas pueden ser bélicas, pues se necesita la presencia del Estado en otras formas. 

Asegura que en la zona se habla de homicidios cometidos por las disidencias de las Farc, y otros aseguran que son las mismas Farc que no se desmovilizaron. "También quiero hablar del Eln, por el que hemos tenido desplazamientos internos y confinamiento, así como un secuestro, porque en los últimos días a una familia la tuvieron desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, encerrados, sin dejarlos salir", dijo. 

JUSTICIA

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