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Cortes

Corte IDH escucha a Estado y víctimas por caso del exterminio de la UP

Manifestación tras la muerte de Jaime Pardo Leal.

Manifestación tras la muerte de Jaime Pardo Leal.

Foto:Archivo EL TIEMPO

En audiencia pública, que dura toda la semana, el tribunal internacional escucha a las partes.

Desde este lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realiza una audiencia pública dentro del caso que estudia ese tribunal internacional por el exterminio de los integrantes de la Unión Patriótica, en Colombia. 
Este caso fue puesto a consideración del Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde hace más de 20 años, y ahora está en su última fase, ante la Corte IDH, que deberá definir si sanciona o no al Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos de las cuales se le acusa. 
El proceso hace referencia a sucesivas y graves violaciones de derechos humanos contra más de 6.000 víctimas integrantes y militantes de la UP desde 1984 y por más de 20 años.  En su informe de fondo de diciembre de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye que el Estado colombiano es responsable por la violación de derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, entre otros.
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos las peticiones (casos que presentan los ciudadanos) primero son estudiadas por la CIDH y solo si esta considera que hay mérito para seguir, le presenta un informe de fondo a la Corte IDH para que prosiga y juzgue.
Sin embargo, como lo destacó desde el comienzo de la audiencia la presidenta de la Corte IDH, magistrada Elizabeth Odio, en este caso hay un hecho inédito. Por primera vez es un país (Colombia) el que presenta su propio caso a consideración de la Corte, alegando tantas diferencias con el informe de fondo de la CIDH que tenía que presentar su propio caso. 
Es decir, la Corte está estudiando simultáneamente el caso como lo plantea la CIDH, con el informe de fondo, y otro informe que le presentó Colombia sobre los mismos hechos. Aunque inédito en su forma, en la práctica la Corte IDH fallará sobre los mismos hechos en una sola sentencia por el exterminio de la UP. Por ello en la diligencia de este lunes han participado representantes de víctimas, la CIDH y la representación de Colombia, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
Por su lado, la CIDH ratificó las conclusiones de su informe de fondo, en el que señalan que Colombia es responsable, como Estado, del exterminio de la UP y dicen que hay más de 6.000 víctimas. También que Colombia es responsable de esas graves violaciones de derechos humanos y que, además de reparaciones colectivas, son también necesarias reparaciones individuales.
Es frente al tema del número de víctimas, la investigación de todos los responsables, así como sobre las reparaciones recomendadas por la CIDH que Colombia tiene los mayores reparos, que representantes de la Andje han puesto de presente en la audiencia. 
Juana Acosta, de la Andje, dijo que aunque Colombia rechaza los homicidios y reconoce la valentía de los representantes de víctimas que llevan dos décadas buscando verdad, la CIDH en su informe se aleja de la concepción de máximos responsables para juzgar, además que la Comisión no tiene en cuenta el valor de las reparaciones colectivas para casos tan grandes, y dijo que las más de 6.000 víctimas a las que se refiere  la Comisión no están debidamente acreditadas por lo que el universo de víctimas que se deben reconocer para reparar debe ser menor.  
Sobre el primer punto, Acosta sostuvo que al decir que en este caso debe haber investigación y juzgamiento de todos los hechos y responsables hace inviable un modelo de justicia transicional, en el que se sanciona a los máximos responsables de crímenes y se habla de macrocontextos de criminalidad. Mencionó que, por ejemplo, es esto lo que hace la JEP, que además priorizó un caso sobre la UP. 
De otro lado, la abogada de la Anje se opuso a la conclusión de que los mecanismos administrativos de reparación -internamente el Estado ha sido condenado a indemnizar monetariamente a víctimas de estos hechos- no son legítimos para la reparación integral de las víctimas. Resaltó que, por el contrario, en complemento con procesos penales, la justicia administrativa se ha pronunciado y ordenado reparación a las víctimas.
"El Estado reconoce que nada será suficiente para restituir el dolor que les ah causado esto. Pero sí se opone a que un tribunal ordene reparaciones individuales con estándares judiciales, no solo por el contexto sino de cara a un listado de las presuntas víctimas que carece de términos necesarios para reparar", expuso Acosta.

El Estado reconoce que nada será suficiente para restituir el dolor que les ah causado esto. Pero sí se opone a que un tribunal ordene reparaciones individuales con estándares judiciales

Y sobre el tema de las víctimas, la representante de la Agencia de Defensa Jurídica manifestó que la CIDH acreditó a un universo de víctimas pero que hay inconsistencias en la identificación de las mismas, por ejemplo, señaló que la mayoría de personas del listado no están con documentos de identidad que permitan, para propósitos legales, verificar su existencia.
Desde la Agencia también dijo que tras una verificación de toda la información del expediente y el cruce con 8 bases de datos,  se logró la acreditación de una cuarta parte de las presuntas víctimas, excluyendo a más de 2.000. Para el Estado las víctimas que cumplen con los requisitos legales para su acreditación son 219.
 
Igualmente sostuvieron que varias de las víctimas que están en el listado de la UP también lo están en otros casos en el Sistema Interamericano, por lo que se estaría produciendo una duplicidad. 
"La delimitación e las víctimas no es un desconocimiento del Estado de la magnitud del crimen. El hecho de que no cumplan con los requisitos para ser tenidas como víctimas en este proceso particular no implica que internamente no sean reconocidas", concluyó Acosta.

Lo que respondieron los representantes de víctimas

Luis Felipe Viveros, quien habló por las organizaciones Derechos con Dignidad y
Centro Jurídico de Derechos Humanos, señaló que el Estado ha pretendido modificar los hechos acreditados en el proceso e incluso modificar el propio reconocimiento que ya había hecho ante al CIDH de su responsabilidad en el exterminio de la UP. 
Jahel Quiroga también habló como representante de víctimas y señaló que con las excepciones y cuestiones previas que plantea el Estado, busca evitar las responsabilidades que se derivan de las responsabilidad internacional. Añadió que hubo asesinados, desplazamientos, desapariciones forzadas, por lo que las reparaciones deben responder a esa gravedad.
"No pedimos exclusivamente reparaciones individuales, también hay cosas colectivas como lo relativo a la personería jurídica del partido. Pero esto no puede implicar que las únicas reparaciones aplicables sean de naturaleza colectiva, si hay un caso que requiere una reparación integral, justicia, no repetición, es el genocidio de la UP. Limitar esto a reparaciones colectivas sería un grave retroceso en el caso con mayor cantidad de víctimas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", manifestó Quiroga.
Añadió que ni la justicia ordinaria ni la transicional han sido capaces de esclarecer el genocidio de la UP ni individualizar a los responsables. "Este es un caso de impunidad prácticamente total", expresó.

No pedimos exclusivamente reparaciones individuales, pero si hay un caso que requiere una reparación integral es el genocidio de la UP

Al responder a las excepciones preliminares planteadas por Colombia, en la audiencia la Comisión Interamericana le pidió a la Corte rechazarlas todas.
Tras esta etapa de excepciones y cuestiones previas, la Corte IDH dio paso a testimonios y preguntas de los magistrados y el mismo Estado colombiano a los testigos que intervienen. 
Entre las personas que están hablando está la senadora Aída Avella, sobreviviente del exterminio de la UP, quien con la voz quebrantada recordó algunos de los hechos que marcaron esta cruenta masacre, desapariciones, entre otros delitos. 
"Lo que nos hicieron no ha pasado ni en las peores dictaduras. Muchas de las víctimas no pueden contar sus historias, las víctimas prácticamente no han sido reparadas, es un dolor que llevamos todos. Queremos que nuestros muertos no se queden en listas, que se haga justicia, pedimos la verdad, la verdad tiene que saberse", aseveró Avella.

Lo que nos hicieron no ha pasado ni en las peores dictaduras. Queremos que nuestros muertos no se queden en listas, que se haga justicia, pedimos la verdad

Esta audiencia continuará, en horario desde las 9 a. m., hasta el viernes 12 de febrero de 2021. 
De lunes a jueves se escucharán testimonios y declaraciones parciales, y el viernes se presentarán los alegatos finales de todas las partes. 
Posteriormente solo quedará pendiente la decisión de la Corte Interamericana, que podría demorarse varios años.
JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com
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