Apoyan límite que impuso la Corte a las interceptaciones

Apoyan límite que impuso la Corte a las interceptaciones

Fallo garantiza que funcionen los pesos y contrapesos para evitar abusos y desmanes inadmisibles.

Corte Constitucional

En reciente fallo, la Corte Constitucional le puso límites a las pruebas que pueden practicar las superintendencias de Industria y Comercio y de Sociedades.

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Carlos Ortega / EL TIEMPO

Por: Justicia
21 de abril 2019 , 08:56 p.m.

Para la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia, el reciente fallo de la Corte Constitucional que le puso límites a las pruebas que pueden practicar las superintendencias de Industria y Comercio y de Sociedades es una decisión que garantiza la protección de derechos de personas y empresas y evita que se vulneren mediante actuaciones que pueden ser abusos.

La decisión de la Corte dejó claro que estas ‘Súper’ no pueden practicar las pruebas que tienen reserva y control judicial como las interceptaciones telefónicas, allanamientos, y registros. Para realizar este tipo de actuaciones, los órganos de control deben tener órdenes judiciales, de acuerdo con el alto tribunal.

Frente a esto, la Asociación apoyó que se tomaran medidas para evitar “el riesgo de que los derechos sean vulnerados por actuaciones que excedan las funciones” de los órganos de control.

“La decisión anunciada subraya los mandatos de la Constitución y la ley de garantizar que funcionen, de manera adecuada, los pesos y contrapesos que son la base de la democracia con el fin de evitar que se produzcan abusos y desmanes inadmisibles”, expresó la Asociación, que agregó que “ningún fin, por loable que sea, puede justificar el atropello de los derechos ni justificar abusos de los órganos de control, al margen de la ley”.

Lo que dijo la Corte

En el fallo, el alto tribunal resolvió una demanda contra la Ley 1480 del 2011, con la cual se expidió el Estatuto del Consumidor, y la Ley 1778 del 2016, que creó normas sobre la responsabilidad de empresas por actos de corrupción.

Estas leyes establecen que las ‘Súper’ pueden “practicar visitas de inspección, así como cualquier otra prueba consagrada en la ley” en sus investigaciones y las facultan para solicitar a personas naturales y jurídicas datos, informes, libros y papeles de comercio.

Sin embargo, de acuerdo con la demanda, las normas no eran claras frente a cuáles pruebas podían practicar las ‘Súper’, lo que llevaba a que quedaran facultadas para interceptar comunicaciones, registrar correspondencia y allanar domicilios, violando los derechos a la privacidad e intimidad.

En su fallo, la Corte mantuvo las normas, pero aclaró que eso no les permite a estas superintendencias realizar procedimientos que requieran de la autorización de un juez.

Según el alto tribunal, permitir que estas superintendencias puedan interceptar comunicaciones “se opone a la Constitución” porque allí se establece que para respetar el derecho a la intimidad, las interceptaciones y registros dependen de que un juez las ordene.

Frente a la decisión, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, dijo que espera tener la sentencia para poder analizar los alcances de la decisión, pues no se puede poner en riesgo la vigilancia y la visita administrativa.

REDACCIÓN JUSTICIA

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