Detención de Aníbal Gaviria es proporcional, idónea y necesaria: Corte

Detención de Aníbal Gaviria es proporcional, idónea y necesaria: Corte

EL TIEMPO conoció el fallo completo de la Corte Suprema de Justicia que niega su libertad.

Aníbal Gaviria

Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia suspendido. 

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Diana Sáchez. EL TIEMPO

Por: Justicia
16 de julio 2020 , 08:02 a.m.

La Sala de Juzgamiento en primera instancia de la Corte Suprema de Justicia se negó a dejar en libertad al suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. 

La decisión la tomaron los magistrados Ariel Augusto Torres y Jorge Emilio Caldas, de esa sala especial. 

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En un comunicado, la Corte dijo que no prosperó la solicitud que pedía revocar la medida de aseguramiento que la Fiscalía impuso contra Gaviria, el pasado 5 de junio, detención que se cumple en su domicilio.

Para la Corte, la defensa de Gaviria no demostró que se le violara algún derecho o garantía. Tampoco "evidenció la configuración de ningún error en la valoración de las pruebas realizadas por el Fiscal Primero Delegado ante la Corte al definir la situación jurídica del doctor Gaviria", dijo el alto tribunal. 

EL TIEMPO conoció el documento de 104 páginas de la Sala Especial de Juzgamiento, que asegura que contra su decisión no procede ningún recurso. 

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En primer lugar, la Corte se pronunció sobre los argumentos de la defensa que iban en el sentido de afirmar que el caso de Gaviria se debería llevar por el sistema acusatorio del 2004 y no por las leyes del 2000, ya que ocurrieron en el 2006. En ese sentido, para la defensa, el competente para imponer la medida de aseguramiento contra Gaviria no era la Fiscalía sino un juez de control de garantías. 

Contrario a lo que sostiene la defensa, para la Corte la Fiscalía sí era la competente para imponer la medida de aseguramiento porque considera que a Aníbal lo rige la ley del 2000 y no la del 2004. 

Dos indicios graves

En segundo lugar, la Corte evaluó si en el caso de Gaviria se cumplían los requisitos para imponer una medida de aseguramiento. 

El alto tribunal afirma que, según las normas que aplican para la ley 600 del 2000, para imponer una medida de aseguramiento se debe partir de un "estado de sospecha fundada", que acredite "no sólo la materialidad del delito sino la probable atribución de responsabilidad del sindicado", para lo que se requieren por lo menos dos indicios graves que comprometan la responsabilidad del investigado. En este caso, la Corte dice que la Fiscalía sí cimplió con tener por lo menos esos dos indicios para imponer su detención. 

En este punto, la Corte dice que su papel no consiste en evaluar si Aníbal cometió o no los hechos que se le imputan, pues su función es establecer únicamente si la medida de aseguramiento fue legal o no y si la valoración que hizo la Fiscalía de las pruebas fue adecuada. 

"De lo que se trata por ahora es de verificar si asiste o no razón a la defensa en denunciar que debido a ostensibles y objetivos errores de apreciación probatoria, el Fiscal impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva
transgresora del ordenamiento constitucional y legal vigente", dice la decisión del alto tribunal. 

Por ejemplo, la Corte dice que la Fiscalía no hizo una indebida valoración de los testimonios de Margarita Ángel Bernal, Nadia Maryori Maya, Jorge Ignacio Montoya, Juan Diego Londoño y Luis Fernando Solarte Viveros, cuyos testimonios, según la defensa, exculpan a Gaviria. 

Sobre sus declaraciones, la Corte dijo que "prima facie se advierte que la conclusíón de la Fiscaía no podía ser en sentido diverso, si se da en considerar que las personas que ofrecen tales declaraciones exculpatorias de la conducta del gobernador procesado, eran sus empleados que también estuvieron vinculados a los procesos contractuales cuya legalidad es precisamente materia de cuestionamiento". 

Se cumplieron los fines de la medida de aseguramiento

En tercer lugar, la Corte afirma que como los delitos imputados a Aníbal Gaviria son graves y podrían tener una pena mayor a los 4 años, debe aceptar lo que señaló la Fiscalía, cuando indicó que si él disfrutara de la libertad "podría
continuar con la actividad delictiva y obstruir a la justicia". 

La Sala Especial de Juzgamiento dijo que "encuentra legales y debidamente sustentados" los motivos por los cuales la Fiscalía consideró que Gaviria tiene ascendencia sobre un grupo de servidores públicos de la gobernación, que manejan asuntos de contratación, lo que "permite entender necesario, en un plano racional, mantenerlo privado de la libertad, así sea en su propia morada, toda vez que el riesgo de realizar conductas del tipo que se le atribuyen, se ofrece manifiesto".

Permite entender necesario, en un plano racional, mantenerlo privado de la libertad, así sea en su propia morada

La Corte aseguró que la Fiscalía dice que Gaviria delegó a la Secretaría de Infraestructura para adelantar los procesos contactuales, y creó un comité de contratación para, a través suyo, "tener el control y hacer seguimiento por interpuestas personas a los procesos contractuales de la gobernación". Todo esto, según señaló el ente acusador, para eludir la posibilidad de responder penalmente por los eventuales delitos. 

Por eso, dice la Corte, es posible inferir que si Gaviria nuevamente está al frente de la Gobernación de Antioquia, la privación de su libertad "se ofrece manifiestamente necesaria, mientras termina el proceso en procura de precaver la comisión de otros delitos". 

Esto porque, dice el alto tribunal, "tras supuestamente haber diseñado un método para direccionar a su amaño por interpuestas personas los procesos contractuales del departamento durante su primer mandato como gobernador, con una alta probabilidad podría utilizar este mismo mecanismo con miras a manipular la contratación actual". 

Con una alta probabilidad podría utilizar este mismo mecanismo con miras a manipular la contratación actual

También, dice la Corte, aunque la Fiscalía ha recaudado muchas pruebas todavía falta por recaudar lo que hace falta en al etapa de instrucción y en un eventual juicio. 

Como las investigaciones no solo le interesan a Gaviria, sino también a otras personas que no tienen fuero y que han sido señaladas en estos hechos, la Corte dice que si el suspendido gobernador queda libre, podría "tener incidencia directa o indirecta" en las pruebas contra esos otros investigados. 

En conclusión, la Corte dijo que la medida de aseguramiento que impuso la Fiscalía contra Gaviria es "proporcional, idónea y necesaria en el cometido propuesto de proteger a la comunidad e impedir al tiempo la interferencia en los medios de prueba". 

La medida de aseguramiento que impuso la Fiscalía contra Gaviria es proporcional, idónea y necesaria

El proceso contra Gaviria

La detención de Gaviria se dio luego de que la Fiscalía General lo señaló como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

Esos delitos se habrían dado por irregularidades en un contrato durante su primera gobernación, entre 2004 y 2007. Se trata de un proyecto de 41.000 millones para pavimentar un tramo de la Troncal de la Paz. 

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En ese caso la Fiscalía dijo que Gaviria pudo haber incurrido en tres irregularidades en la contratación al no haber ejercido vigilancia y control sobre el proyecto. 

Ante la Corte, tanto la defensa de Gaviria como la Procuraduría General habían pedido tumbar la medida de aseguramiento. Para el Ministerio Público, esa medida es innecesaria y no cumple con las exigencias legales y constitucionales. 

Para la Procuraduría, la Fiscalía no dijo por qué Gaviria no comparecerá al proceso si queda libre, ni tampoco por qué su libertad podía comprometer las pruebas del caso, o por qué es un riesgo para la sociedad. 

La medida de aseguramiento contra Gaviria ha sido criticada por varios penalistas que recordaron que estas detenciones deberían ser excepcionales, teniendo en cuenta que la misma Fiscalía emitió una resolución para regular el uso de las detenciones preventivas. 

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