Los cinco días de Andrés Felipe Arias tras las rejas

Una docena de agentes federales, con armas largas, rodearon el miércoles pasado a la casa del exministro de Agricultura del gobierno Uribe, Andrés Felipe Arias, ubicada en un barrio de Weston, Florida.

Hacia las 6 y 30 de la mañana, cinco de ellos ingresaron a la vivienda y le notificaron que quedaba detenido con base en una solicitud de captura, con fines de extradición, elevada por el Gobierno de Colombia.

Arias intentó explicarles que adelanta un proceso de asilo, en calidad de perseguido político, pero ni ese argumento ni la súplica de su esposa, Catalina Serrado, de permitirles llamar a sus abogados, evitaron que fuera esposado y llevado en una patrulla a un calabozo de la Corte del Distrito Estatal de Miami. (Lea también: EE. UU. califica al exministro Arias como un 'fugitivo internacional')

Hasta esta semana, Arias, de 43 años y quien se perfilaba como el sucesor de Álvaro Uribe, creía estar a salvo de la justicia colombiana, que, en julio de 2014, lo condenó a 17 años de cárcel por el desvío de 26.496 millones de pesos del programa estatal Agro Ingreso Seguro.

Un día antes de que se conociera la sentencia, el exministro viajó con su familia y su visa de turista a Miami y de inmediato inició los trámites de asilo. De hecho, logró que le otorgaran permiso de trabajo y empezó a laborar en una empresa de energía solar, lo que le dio relativa tranquilidad por dos años. (Además: Andrés Felipe Arias seguirá detenido en EE. UU.)

Pero, desde hace cinco días, permanece aislado en un calabozo del Special Housing Unit (Shu) –conocido como la ‘caja caliente’–, una unidad de confinamiento solitario a la que van a parar presos violentos o de alto perfil.

“En el caso del colombiano, está aislado 23 horas por sus antecedentes. A donde salga va esposado de pies y manos y solo puede recibir visitas de sus abogados –Emmanuel Pérez y Hans Burgos– a través de una rejilla”, explicó un agente federal.

Lo despiertan a las 5 de la mañana con la bandeja del desayuno. Y a las 4 de la tarde, cuando se cierra la reja, ya ha cenado. Las duchas solo están habilitadas cuatro días a la semana y el acceso al teléfono es restringido. Cuando Arias, economista de profesión, fue llevado al Shu, se le entregó el uniforme de dril caqui, que llevan todos los presos.

Así lo vio su familia en la audiencia del viernes, a la cual llegó junto con otros 16 capturados, a pedir que se le otorgara una fianza. (También: 'Andrés está en una celda con su uniforme y esposado de pies y manos')

Su familia daba casi por hecho que el exministro ejercería su defensa en libertad. Incluso, ofrecieron entregar su pasaporte y el de sus hijos, y que se le sometiera a control electrónico. Y aseguraron que sus ingresos apenas llegaban a los 4 mil dólares al mes.

Pero la juez del caso, Alicia Otazo, acogió el argumento de la Fiscalía de Miami de que Arias es un fugitivo internacional con recursos para volver a huir. Además, que no hay una evidencia concluyente de la persecución que alega.

La Fiscalía agregó que en Colombia fue juzgado conforme a normas preexistentes, con pleno derecho a la defensa y cumpliendo el debido proceso. También, que el exministro tuvo la prerrogativa de excarcelación, la cual burló para escaparse a Estados Unidos.

Con esa advertencia la juez Otazo anunció que esperará a que, la próxima semana, se reintegre John O. Sullivan, quien firmó el trámite de extradición, para que sea él quien decida la suerte del colombiano. Sullivan está de vacaciones en Orlando, pero ya fue enterado de lo que sucede.

Por eso, es posible que este lunes se confirme la fecha de la nueva audiencia, en la cual decidirá si se extradita a Arias o si se le permite continuar con su trámite de asilo, cuyo resultado también es incierto. (Lea: Exministro Andrés Felipe Arias afrontaría una extradición exprés)

En caso de que el juez acceda a entregar a Arias a la justicia colombiana, le quedaría un recurso: una apelación ante la Corte de Apelaciones del Estado de la Florida. El trámite puede durar 18 meses, tiempo durante el cual estaría preso.

De hecho, EL TIEMPO estableció que será trasladado a una cárcel de mediana seguridad, mientras se define su situación y que tiene programada una audiencia, el 24 de octubre, con las autoridades de Migración.

En el entretanto, la defensa del exministro en Colombia ya denunció su caso ante tribunales internacionales por supuestas violaciones a libertades fundamentales. Su principal alegato es que Arias fue víctima de un fallo de única instancia que violó sus garantías judiciales y al debido proceso al negar el derecho internacionalmente reconocido de la doble instancia. Mientras tanto, en EE. UU. alegarán que es un perseguido político y que no es el único uribista en esa condición.

El expresidente Álvaro Uribe, quien alertó sobre la captura del exministro –atribuyéndola a presiones del presidente Juan Manuel Santos–, insiste en la inocencia de su escudero. Por parte del Gobierno solo se ha pronunciado la Cancillería que advirtió que la solicitud de extradición emanó de la Corte Suprema. (Además: Esposa del exministro Arias aspira a que les otorguen asilo)

Reiterar que su caso tiene tintes políticos es la estrategia de defensa de Andrés Felipe Arias para evitar su extradición desde Estado Unidos a Colombia, donde le esperan 17 años de prisión por corrupción.

“Esto es una situación especial porque es una persecución que él sufrió por decisiones que tomó en su capacidad como ministro de Agricultura durante una administración que era legítima”, dijo Emmanuel Pérez, uno de sus abogados al final de la audiencia del pasado viernes en la que la juez Alicia Otazo Reyes le negó la libertad bajo fianza a Arias.

Tanto Pérez como Hans Burgos, el otro abogado del exministro, le insistieron a la juez Otazo en que su cliente no es un “criminal”, que no tenía intención de fugarse de Estados Unidos por estar en un proceso en el que pide que se le otorgue el estatus de perseguido político.

Esta semana, Arias volverá a la corte y su caso lo resolverá el juez federal John O’Sullivan.

“La función pública se puso al servicio de intereses particulares; los del Ministro, a través de la adopción de decisiones con las cuales se prohíja la corrupción y el desgreño administrativo, la inequidad y el exclusivismo”. Este fue uno de los señalamientos que le hizo la Corte Suprema de Justicia al exministro Andrés Felipe Árias en la condena en su contra por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

El programa Agro Ingreso Seguro (AIS) fue creado en el 2007 por el gobierno del entonces presidente, Álvaro Uribe, para otorgar subsidios a los agricultores y con ello garantizar que fueran competitivos frente a la globalización y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sin embargo, según la investigación de la Fiscalía, recursos millonarios terminaron en manos de poderosos empresarios que cometieron delitos como fraccionar sus tierras para recibir varios subsidios por el mismo predio.

El exministro Arias fue clave en la estructuración del programa, que permitió que se aprobaran con trampas los subsidios para ricos hacendados y hasta para personas que no tenían nada que ver con el campo, como la exreina Valerie Domínguez. Ella finalmente no recibió el subsidio y fue absuelta por un juez de Bogotá.

“Favoreció a sectores específicos de la producción agrícola” y nombró a personas cercanas para “tener el control total del programa y asegurarse del manejo presupuestal”, se lee en la sentencia contra Arias.

El exfuncionario firmó los convenios de cooperación técnica y científica números 003 del 2007, 055 del 2008 y 052 del 2009 “que permitieron que, de manera injustificada, particulares se apropiaran de dineros del Estado”.

El exfuncionario firmó convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica), con los que logró la posibilidad de contratar sin licitación, para asegurar que AIS estuviera bajo su control, hasta el punto de que daba órdenes a los funcionarios del Iica.

Por esos hechos fue condenado el exviceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar, mano derecha de Arias, y más de 11 de los beneficiarios.

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