Amenaza a registradores por proteger baldíos de la Nación

Freddy Jaimes, el registrador de Instrumentos Públicos de Málaga, Santander, acaba de recibir una notificación del Consejo de la Judicatura en la que lo conminan a pagar una multa millonaria por desacatar la orden de un juez.

Aunque inicialmente le dijeron que eran 68.000 millones de pesos, el equivalente a 1.700 casas de interés social, luego le aclararon que aunque la sanción es menor –680.000 pesos–, seguirá creciendo si se niega a inscribir a nombre de un tercero un supuesto baldío de la Nación, conocido como Cañaveral.

Tanto el registrador como el Gobierno están desconcertados porque lo único que Jaimes está haciendo es aplicar una sentencia de la Corte Constitucional, de julio del 2014, la cual advierte que los derechos de la Nación sobre los baldíos son imprescriptibles.

Además, la providencia señala que los fallos proferidos por los jueces del país, en los cuales se asignan esas tierras a través de procesos de pertenencia, son improcedentes.

El propósito de la sentencia, la T-488 de 2014, es proteger más de un millón de hectáreas que irían al gran banco de tierras del posconflicto, pero que se están quedando en manos de terceros que acuden a la justicia ordinaria y no a la jurisdicción agraria.

De hecho, la Superintendencia de Notariado y el Incoder han emitido directrices en las que conminan a los registradores a acatar la sentencia.

El lío es que el registrador de Málaga no es el único que está en problemas por seguir esas instrucciones. El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, ya le advirtió al registrador de Sogamoso que se abstenga de seguir los lineamientos de la Súper.

Y a la registradora de Tunja, Patricia Palma, un juez le acaba de advertir que si se niega a inscribir unos predios, le compulsará copias a la Fiscalía para que investigue penalmente su conducta.

EL TIEMPO indagó estos casos y encontró que la mayoría de jueces fundamentan sus multas, sanciones y amenazas legales contra los registradores en una reciente sentencia de la Corte Suprema que va en contravía del fallo de la Corte Constitucional.

El pronunciamiento se emitió en febrero de este año, tras revisar una tutela con la que el Incoder pedía proteger los derechos de la Nación sobre un baldío que un juez ordenó entregarle a un tercero en Boyacá.

Allí, la Corte Suprema señala que, en su criterio, los procesos de pertenencia ante la justicia ordinaria son procedentes. Además, advierte que es insuficiente que –como lo señala la Corte Constitucional– un predio se considere baldío de la Nación por el simple hecho de que no cuente con antecedentes registrales o no tenga titulares de derechos reales.

Para ese alto tribunal, se estaría desconociendo la presunción de la propiedad privada, contemplada en la Ley 200 de 1936. Al respecto, señalan que le corresponde al Estado demostrar la calidad de baldíos de todas esas tierras.

Ese choque de jurisprudencia no solo tiene contra las cuerdas a los registradores. De acuerdo con la Superintendencia de Notariado, también terminará afectando la política de tierras prevista en el acuerdo de paz con las Farc que echa mano de los baldíos de la Nación como una de las bases de la reforma agraria que se avecina.

“Si se aplica la jurisprudencia de la Corte Suprema, desaparecerían todos los baldíos y se afectaría el fondo de tierras que se habilitó para el posconflicto”, advierte el superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez.

Y agrega que sobre la sentencia de la Corte Constitucional se fundamentó toda la política de tierras del acuerdo en La Habana con las Farc.

Para zanjar las contradicciones, la Superintendencia de Notariado le pidió a la Corte Constitucional aclarar los alcances de su sentencia. Pero esta se negó. Ahora están esperando que seleccione un fallo de tutela, en el cual la Corte Suprema se aparta de su jurisprudencia, para tener un pronunciamiento final.

Mientras eso ocurre, urge que el Gobierno tenga listo el inventario oficial de baldíos que la Corte Constitucional le ordenó elaborar al Incoder y que hoy sigue en veremos.

El superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, asegura que si se aplica la jurisprudencia de la Corte Suprema, desaparecerían los baldíos de la Nación y se afectaría el fondo de tierras para el posconflicto. “Si los jueces siguen entregando baldíos a través de procesos de prescripción, un particular podría quedarse con las hectáreas que quiera, generando una concentración de la propiedad”, explica. Y agrega: “Para nosotros es claro que la ley considera como imprescriptibles los baldíos de la Nación, y seguiremos aplicando la ley. Con esa base legal se montó todo el acuerdo en La Habana con las Farc”. También dice que está a la espera de que la Coste Constitucional revise una de las sentencias de la Corte Suprema para que se diriman las diferencias jurisprudenciales. Entretanto, seguirán aplicando la sentencia de ese alto tribunal.

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