El próximo 8 de octubre será el día en el que por primera vez un expresidente rendirá indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Álvaro Uribe Vélez, exmandatario y hoy senador y líder natural del partido de gobierno Centro Democrático deberá presentarse ante el alto tribunal en un caso por los delitos de soborno y fraude procesal, del que él se declara inocente.
Aunque la Corte Suprema había abierto la investigación el 24 de julio de 2018, la citación a la diligencia judicial se había demorado por trámites y recursos impuestos.
De hecho, hace tres días, la Sala de Instrucción que lo investiga decidió negarle a Uribe la más reciente petición con la que intentaba anular el proceso en su contra. La sala concluyó que siempre se le ha respetado el debido proceso y que las interceptaciones en medio de la investigación han cumplido todos los requisitos de legalidad.
La medida también cobija al representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, quien también debe responder ante la Sala de Instrucción.
El caso está relacionado con una supuesta intención de manipular a los testigos que lo han señalado de tener nexos con paramilitares.
El proceso se abrió luego de que la Corte decidiera no investigar al senador Iván Cepeda, quien había sido denunciado por Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos.
El alto tribunal, en su decisión, termina la investigación a Cepeda y compulsa copias contra el denunciante (Álvaro Uribe). En concreto, se investiga si con el consentimiento del expresidente personas allegadas "habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos".
Los procesos en la Corte Suprema de Justicia son regidos por la Ley 600. Eso quiere decir que el alto tribunal no aplica el nuevo sistema penal acusatorio.
En este sistema, la indagatoria es una figura que le permite a la persona investigada defenderse y dar sus explicaciones y su versión sobre el caso por el que es investigada.
Luego de escuchar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Corte tendrá que resolver su situación jurídica.
El penalista Carlos Gilberto Gómez Cifuentes sostuvo que el alto tribunal tiene 10 días para definir si hay riesgo de que el investigado pueda intentar eludir la acción de la justicia, afectar la investigación o poner en peligro a la víctima.
Frente a este tipo de consideraciones, podría tomar la decisión de dictar en su contra una medida de aseguramiento. O podría abstenerse de ese tipo de decisiones que comprometen la libertad del investigado y optar, más bien, por permitir que siga libre mientras que avanza el proceso.
Luego de resolver la situación jurídica, dijo Gómez Cifuentes, se continúa la etapa de práctica de pruebas, tanto las ordenadas por la Corte como las pedidas por la defensa.
Y al final de ese proceso, debe entonces decidir la Corte si hay evidencias para llamarlo a juicio o si cierra el proceso penal en su contra.
El tiempo que tarde todo este proceso depende, en gran medida, de la dificultad para adelantar la práctica de pruebas y de los recursos que interpongan los abogados de Uribe Vélez en el marco de su defensa.
Sectores del Centro Democrático se han manifestado sobre este llamado a indagatoria y rechazaron que dicho trámite se haga a 19 días de las elecciones regionales del 27 de octubre.
“No está bien que la Corte Suprema de Justicia haya escogido una fecha 20 días antes de las elecciones para escuchar al expresidente Álvaro Uribe Vélez en diligencia de indagatoria. Difícil creer que haya sido una coincidencia”, dijo en su cuenta de Twitter el senador y expresidente del Congreso Ernesto Macías.
Quien también cuestionó la decisión fue la senadora María Del Rosario Guerra. Para ella, "llama la atención que la Corte Suprema de Justicia cite a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe 20 días antes de las elecciones regionales. Llama la atención que por error y por cerca de un mes intercepten sus comunicaciones y no pase nada".
Por su parte, el abogado Jaime Granados, defensor del presidente Álvaro Uribe Vélez, afirmó que siempre han acatado las decisiones judiciales aunque no las compartan, y que desde el comienzo de la investigación en la Corte Suprema de Justicia ha pedido ser escuchado por el tribunal para explicar los hechos.
“Allá estaremos y el presidente dará la historia de lo que pasó y de porque no hay nada que sea relevante penalmente en contra de él”, dijo Granados al referirse a la citación a indagatoria fijada para el 8 de octubre.
Añadió que la Corte Suprema de Justicia ha tenido en cuenta transcripciones de conversaciones que no están apegadas a lo que realmente sucedió.
REDACCIÓN JUSTICIA
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