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Las razones de la Corte para pasar a la Fiscalía el proceso de Uribe
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Corte Suprema envió el caso Uribe a la Fiscalía
Álvaro Uribe Vélez

EFE

Las razones de la Corte para pasar a la Fiscalía el proceso de Uribe

En la tarde de este martes, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer oficialmente la decisión de su Sala de Instrucción de entregarle a la Fiscalía General el proceso que llevaba contra el exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de soborno a testigos y fraude procesal. 

Después de notificar a todas las partes en este caso -tanto a la defensa de Uribe como al senador Iván Cepeda, considerado en este proceso como víctima-, el alto tribunal expuso las razones por las cuales decidió entregarle el caso a la Fiscalía, luego de la renuncia de Uribe al Senado. La Corte aseguró que la decisión que se tomó ayer en la Sala de Instrucción fue unánime, es decir, fue avalada por todos los magistrados. 

Los argumentos de la Corte quedaron en una decisión de 64 páginas, conocida por EL TIEMPO, que fue firmada por todos los magistrados de la Sala de Instrucción. El ponente fue César Augusto Reyes Medina, el magistrado que precisamente llevaba el proceso contra Uribe. 

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En el documento, la Corte asegura que este pronunciamiento lo hace luego de que el pasado 20 de agosto la defensa de Uribe solicitó ante el alto tribunal que se enviara el proceso a la Fiscalía, afirmando que por la renuncia de Uribe al Senado la Sala de Instrucción perdió competencia para seguir llevando el caso. Esa solicitud también fue avalada por la Procuraduría, que elevó los mismos argumentos de la defensa para que el proceso se le entregara a la Fiscalía. 

El senador Iván Cepeda, en cambio, le había pedido a la Corte que mantuviera su competencia sobre la investigación afirmando que para él los delitos por los que es investigado sí tienen relación, conexión o vínculo con las funciones que Uribe desempeñó, como el supuesto uso de miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo para visitar a personas en cárceles. 

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Sin embargo, en el documento la Corte les da la razón a la defensa de Uribe y a la Procuraduría y hace un recuento de cómo inició este proceso.

Son delitos comunes 

Así, asegura que los hechos que se le imputaron a Uribe como presunto determinador de fraude procesal y  soborno a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés se dieron cuando él ostentaba la calidad de miembro del Congreso, por lo que en ese momento "la competencia de la Corte Suprema de Justicia emergía como inobjetable". 

Pero tras la renuncia al Senado, explicó la Corte, para que la Sala de Instrucción pudiera seguir llevando el proceso contra Uribe debía tratarse de delitos "propios" del cargo de congresista, y no de delitos "comunes", es decir, no pueden ser delitos que podría cometer cualquier ciudadano.

Es por esto que, dice la corporación, tal y como lo afirmó la defensa, los delitos por los que se investiga a Uribe son comunes y no guardan ninguna relación con sus funciones como congresista. La Corte tampoco encontró que estos delitos se hayan dado por causa del servicio, con ocasión del mismo o en ejercicio de funciones inherentes al cargo.

Tampoco se encontró que los hechos estuvieran íntimamente ligados al ejercicio de Uribe como congresista, por no tener origen en la actividad de legislador, no ser una consecuencia de sus funciones y porque esas funciones no fueron el medio y oportunidad para ejecutar los presuntos delitos.

No se puede renunciar al fuero por capricho, pero tampoco mantener competencia sin argumentos

La Corte asegura que el fuero no es personal y es irrenunciable, es decir, no depende del arbitrio del congresista, sino que es institucional con el fin de garantizar la autonomía e independencia del poder legislativo. Esto puede llevar a que en ciertas circunstancias, aunque un congresista renuncie a su cargo pueda seguir siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia para proteger la dignidad que debería tener el Congreso. 

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Sin embargo, para que esto ocurra las conductas investigadas deben tener una relación con las funciones desempeñadas, algo que, como dijeron la defensa de Uribe y la Procuraduría, no existió en este caso. 

La Corte también afirma que este tipo de decisión sobre su competencia en las investigaciones no se puede tomar solo por la voluntad del investigado de querer renunciar para que sea otra instancia la que lo investigue y juzgue, algo que para la Corte "repugna a la idea de jurisdicción en un Estado social y democrático de derecho".

En ese sentido, la Corte afirma que así como no se puede permitir que un aforado, solo por su capricho, ya no sea investigado por la Corte, el alto tribunal tampoco puede quedarse con un proceso si no hay argumentos.

Así como no le es dable al aforado sustraerse de la competencia de su juez natural, tampoco puede la judicatura a capricho imponer un determinado criterio

"Así como no le es dable al aforado sustraerse de la competencia de su juez natural, tampoco puede la judicatura a capricho imponer un determinado criterio, puesto que es de suma obviedad advertir que el juicio sereno, ponderado y objetivo que le es exigible, debe honrar y hacer efectivos los principios y normas rectoras que orientan y atraviesan nuestro ordenamiento procesal penal previstos en la Constitución", dijo la corporación.

El inicio del proceso no fue el debate de control político

Sobre el argumento de Cepeda, en la vía en que todo esto inició por un debate de control político sobre supuestos vínculos con el paramilitarismo que le hizo a Uribe en el 2014, la Corte afirma que realmente el momento histórico de esta investigación fue lo que sucedió en el 2018, luego de que la Corte archivó la denuncia que Uribe hizo contra Cepeda, pronunciamiento en el que ordenó investigar a Uribe. 

Esto, para la Corte, muestra que la motivación de la actuación de Uribe que es objeto de investigación estuvo "alejada de la calidad o condición de senador y de sus funciones, y más probable en el contexto de la controversia jurídica". (Además: Cepeda acata la decisión sobre Uribe, pero recusará al Fiscal General). 

La intervención de miembros de la UTL 

La Corte asegura en el documento que en la recolección de testimonios "efectivamente intervinieron los miembros de su UTL, como María Claudia Daza", quien le había dicho a Fabián Rojas  (también integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo), "que por instrucción del senador debía acompañarla a una reunión donde conocería al abogado de los Estados Unidos", quien era Diego Cadena. 

Sin embargo, pese a esas menciones a miembros de la UTL de Uribe, la Corte descartó que ese argumento pueda usarse para quedarse con el proceso. Según el alto tribunal, no puede "edificarse un sólido argumento en torno a que por razón de la intervención de los miembros de su UTL se advierta el nexo insoslayable y necesario con la función para predicar un abusivo y desviado ejercicio del cargo que haga mantener la competencia de la Corte". 

No puede edificarse un sólido argumento en torno a que por razón de la intervención de los miembros de su UTL se advierta el nexo insoslayable y necesario con la función

El recuento que hizo la Corte y lo que ahora pasa a la Fiscalía
Iván Cepeda

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, y Álvaro Uribe, expresidente y senador del Centro Democrático.

Foto:

Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO y EFE

Para evaluar por qué los hechos materia de investigación no tienen relación con las funciones de Uribe como congresista, la Corte hizo un recuento de cómo surgió este proceso, hechos que ahora le serán trasladados a la Fiscalía para que continúe el proceso. 

Así, recordó que los hechos investigados se dieron luego de que el alto tribunal archivó una denuncia que Uribe había presentado contra Iván Cepeda, en la que lo señalaba de supuestamente torcer testimonios para que declararan en su contra y de su hermano Santiago. En esa misma decisión, el alto tribunal archivó el caso contra Cepeda y compulsó copias para investigar a Uribe porque, supuestamente, quien estaba intentando manipular testigos era el expresidente. 

En ese contexto, recuerda la Corte, el 21 y 22 de febrero del 2018 el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien en el pasado ha declarado contra los hermanos Uribe Vélez y se encuentra en la cárcel La Picota, fue abordado para que se retractara de sus afirmaciones, y señalara que había recibido prebendas de Cepeda para acusar a los Uribe. 

Así, dice la Corte, Monsalve fue contactado por dos vías: primero, por mensajes de texto que le envió su amigo Carlos Eduardo López Callejas, alias 'Caliche', desde Neiva, "indicándole que personas del partido Centro Democrático, concretamente el representante a la Cámara por el departamento del Huila Álvaro Hernán Prada Artunduaga, de parte del expresidente y senador Uribe, lo habían buscado para que por su intermedio consiguiera que Monsalve Pineda grabara un video retractándose". Para ello, dice la Corte, incluso el propio senador Uribe Vélez "se dice habló directamente con alias 'Caliche', pidiéndole su intervención ante Monsalve con el fin señalado". 

(Lea también: Los argumentos de la Corte en el expediente contra Alvaro Uribe). 

Al mismo tiempo de esos hechos, Monsalve fue visitado por el abogado Diego Cadena. En la primera oportunidad no lo recibió, pero sí lo hizo Enrique Pardo Hasche, alias 'el Gringo', quien era compañero de celda de Monsalve y quien "por instrucciones directas del senador, a través de Victoria Eugenia Jaramillo y Ricardo Williamson, por lo menos desde el mes de diciembre del 2017, permanentemente, de manera indebida y abusiva estaba convenciéndolo con el discurso de que Uribe Vélez era quien iba a ganar las elecciones, y ponía presidente", con lo que según la Corte le propusieron "alinearse o pasarse al lado del mencionado congresista, quien con todo su poder al estilo de 'Dios' podría ayudarlo en su situación judicial".  

La Corte afirma que como Pardo Hasche le transmitió a Monsalve el motivo de la visita, el día 22 de febrero él habló directamente con Cadena. en la que él le propuso que firmara un documento retractándose. "A cambio de esa declaración el abogado Cadena, con autorización del senador Álvaro Uribe Vélez, le ofreció a Monsalve iniciar una acción de revisión en su proceso sin cobro de honorarios, mejores condiciones en su reclusión y respaldo o apoyo en su pedido público de seguridad para él y su familia". 
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​El alto tribunal también recuerda que desde marzo del 2018 Uribe hizo "incesantes gestiones" para que su abogado Jaime Lombana regresara a la cárcel a entrevistarse con Monsalve, y con su amigo el ganadero Juan Guillermo Villegas para que se acercara a la familia de Monsalve, con el fin de que el exparamilitar recibiera a Cadena. 

Aunque Cadena y la esposa de Monsalve se encontraron el 5 de abril del 2018 para concretar la entrega de la carta de retractación, la Corte afirma que esto no se concretó ya que "discutieron acerca de quién fue la iniciativa y propuesta de la retractación". 

De otro lado, asegura la Corte, a través de Diego Cadena y Juan José Salazar, según las pruebas que existen, "el senador Uribe Vélez a los testigos Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortes Velasco les habría formulado promesas remuneratorias por 100 o 200 millones de pesos a cambio de que suscribieran cartas o videos,  gestiones que estuvieron intermediadas además por la entrega y promesa de entrega de beneficios económicos como jurídicos". Así, según la Corte, el exparamilitar Vélez hizo una carta que el 18 de julio del 2017 se entregó en el proceso de Santiago Uribe, y el 20 de febrero del 2018, en el recurso de reposición con el que Uribe intentó tumbar la decisión que había archivado la denuncia contra Cepeda. 

El senador Uribe Vélez a los testigos Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortes les habría formulado promesas remuneratorias por 100 o 200 millones de pesos a cambio de que suscribieran cartas o videos

Y el 8 de mayo del 2018 se aportó el proceso que había grabado el 8 de abril Eurídice Cortés, exjefe política de las Auc. 

Además de estos hechos, la Corte relata los contactos con otras personas como el exnarcotraficante Juan Carlos 'el Tuso' Sierra para que supuestamente hiciera un video o declaración a favor de Uribe, o ha "gestionado contactos similares" para desacreditar a Juan Carlos Meneses, testigo contra su hermano Santiago Uribe. Según la Corte, también contactó al exparamilitar Harlintont Mosquera para que declarara contra Cepeda y el exmagistrado Iván Velásquez o, a través de Diego Cadena, a la exfiscal de Justicia y Paz Hilda Niño Farfán para que declarara que había un complot en la Fiscalía contra Santiago Uribe. 

Todos estos hechos y las pruebas que la Corte Suprema de Justicia tenga sobre ellos, evidencias que llevaron a la Sala de Instrucción a ordenar el pasado 3 de agosto la detención contra Uribe, será lo que pasará ahora a la Fiscalía General. 

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