Este martes, 441 días después de que la Corte Suprema de Justicia decidió, en un hecho sin precedentes, abrir una investigación formal contra un expresidente, Álvaro Uribe Vélez, el hoy senador del Centro Democrático, tendrá que asistir ante el alto tribunal para una indagatoria.
Uribe, uno de los políticos más controvertidos en la historia reciente del país, deberá llegar a las 8 de la mañana a las oficinas de la Sala de Instrucción en la calle 72 con 8.ª, en Bogotá. Allí será interrogado sobre la investigación que la Corte tiene en su contra desde el 24 de julio del 2018.
Ese día, el entonces magistrado José Luis Barceló, de la Sala Penal, consideró que había elementos para investigar a Uribe por soborno y fraude procesal.
Presuntamente, dice el expediente, habría intentado influir en el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de los señalamientos en los que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que él desmovilizó en su gobierno, en el 2006.
Barceló le abrió ese proceso después de archivar en febrero del 2018 una denuncia que Uribe había presentado contra el senador del Polo Democrático Iván Cepeda. Según la Corte, quien presuntamente fabricaba testigos no era Cepeda, como decía Uribe, sino que había elementos para creer que era al contrario.
Desde entonces se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por supuestamente presionar a exparamilitares para que hablaran en contra de Cepeda (caso que apenas está en etapa preliminar), y otra por presuntamente presionar a Juan Guillermo Monsalve para que se retractara, caso que lo llevará este martes a dar explicaciones a la justicia. Este es el único de al menos 14 procesos que Uribe tiene en la Corte por el que hay una investigación formal.
En este último caso también está llamado a indagatoria, un día después, el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, vinculado a las supuestas presiones a testigos del caso.
En medio de un ambiente caldeado, y de la polarización que la investigación genera entre detractores y simpatizantes de Uribe, se esperan marchas tanto a favor como en contra del poderoso político que permaneció en la presidencia dos periodos y fue clave en siguientes elecciones presidenciales.
En la diligencia, a la que Uribe acudirá con su abogado Jaime Granados, se sentará frente al magistrado César Augusto Reyes Medina, quien lidera la investigación. En marzo, él fue el tercer magistrado en asumir el proceso, después de heredar el caso de Cristina Lombana, quien fue recusada y tuvo que apartarse. Ella recibió el expediente de Barceló, quien perdió competencia para investigar al expresidente por cuenta de los cambios en materia de juzgamiento que trajo la ley de doble instancia.
Esta Corte no está conformada por los magistrados que en su momento tuvieron serias diferencias con Uribe en medio del escándalo de las chuzadas ilegales del DAS.
Los abogados de Uribe aseguran que al expresidente no se le respetó el debido proceso porque no se le dio la oportunidad de ir a una versión libre antes de llamarlo a una indagatoria. Afirman que se han adulterado transcripciones del caso y que Barceló lo interceptó ilegalmente cuando el teléfono del expresidente terminó chuzado en una investigación que no era la suya, sino la que la Corte seguía contra el excongresista Nilton Córdoba Manyoma.
Ese hecho llevó a Barceló –quien ya no está en el alto tribunal porque terminó su periodo–a tener que dar explicaciones públicas, y le costó un proceso preliminar en la Comisión de Acusación, caso que sigue abierto.
Los abogados del senador Uribe también aseguran que nunca han comprado testigos, que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve fue quien los buscó porque quería retractarse, que miente al decir que fue presionado, y que Iván Cepeda es quien ha intentado cambiar declaraciones para perjudicar al exmandatario. “El expresidente Uribe solo le teme a Dios. No hay nada penalmente contra él que sea de relevancia”, dijo Granados en una declaración en agosto.
Aunque la defensa de Uribe le pidió a la Corte en varias oportunidades anular el caso, ninguno de sus recursos prosperó.
Con el caso en firme, el investigador, el magistrado Reyes Medina, tendría una lista de al menos 100 preguntas para Uribe, dijeron fuentes oficiales. Algunas, ¿cuál es su relación con las personas que estuvieron visitando a exparamilitares en cárceles? ¿Qué se buscó en esas visitas? ¿Alguna vez les ofreció dinero o beneficios, especialmente a Juan Guillermo Monsalve? ¿Cuál fue el papel en todo esto de Diego Cadena, su exabogado?
El último mes ha sido uno de los más movidos en la investigación. Desde el pasado 3 de septiembre, cuando se inició en la Corte la etapa de recolección de testimonios, los magistrados de la Sala de Instrucción han escuchado a exparamilitares –incluso a varios de los exjefes que siguen pagando pena en EE. UU., como Salvatore Mancuso y ‘Don Berna’–, abogados, exfiscales y periodistas.
El tribunal citó a 42 personas para que dieran su versión, de las cuales, dicen fuentes de la Corte, escucharon al 90 por ciento.
Uno de los más controversiales fue el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, hoy preso en Valledupar, quien era testigo de la defensa, pero, como lo reveló EL TIEMPO, terminó diciéndoles a los magistrados que el abogado de Uribe, Diego Cadena, le había pagado con dinero para que testificara en el caso. A su turno, Cadena le dijo a la Corte que jamás presionó ni les pagó a exparamilitares, y que el dinero que le dio a Vélez fue por motivos humanitarios porque él tenía un familiar enfermo.
Juan Guillermo Monsalve
Youtube DAVID GARCIA
También declaró la exjefa política de las Auc Eurídice Cortés, quien aseguró que Diego Cadena le dio 700.000 pesos de viáticos para que ella buscara a paramilitares que testificaran a favor del expresidente; y el exparamilitar Pablo Hernán Sierra, a quien Uribe señala de ser un testigo falso porque ha dicho en varias oportunidades que él y su hermano Santiago supuestamente fundaron el bloque Metro de las Auc en su finca Guacharacas.
Otra testigo fue la exfiscal de Justicia y Paz Hilda Niño Farfán, quien busca un cupo en la JEP, y a quien, según el expediente, le habrían ofrecido dádivas para desacreditar el proceso contra Santiago Uribe.
Igualmente declararon el exfiscal general Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, a quienes la defensa del exmandatario señala de haber usado su poder cuando estuvieron al frente de la Fiscalía General para buscar testimonios que afectaran a Uribe. Incluso asistió ante la Corte el periodista Juan Carlos Giraldo, quien, según los abogados de Uribe, les llevó a exparamilitares en EE. UU. un mensaje de Montealegre: que declararan en su contra a cambio de beneficios. Tanto Montealegre como Perdomo y Giraldo negaron las acusaciones.
Otro de los testigos fue Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra, quien pagó una pena en EE. UU. y se quedó viviendo en ese país, y quien le dijo a la Corte que lo habían visitado Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara para ofrecerle beneficios a cambio de declarar contra Uribe.
El último en testificar, el viernes, fue Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso. “La verdad está de nuestro lado”, dijo al llegar a los estrados.
Juan Carlos el 'Tuso' Sierra.
Archivo
Tras la indagatoria, la Sala de Instrucción de la Corte tendrá que resolver en las próximas semanas la situación jurídica del expresidente. Eso significa que después de reunir los testimonios, recaudar pruebas y escuchar los interrogatorios, los magistrados tendrán que establecer si hay elementos suficientes para seguir investigándolo o si archivan el caso. De la firmeza de las evidencias dependerá que la Corte establezca si es necesario ordenar una medida de aseguramiento contra el expresidente o si lo deja libre.
Sea cual sea la decisión, está claro que generará las críticas del sector para el que los resultados sean adversos. Si la determinación de la Corte es seguir investigando, tendrá que definir si lo llama a un juicio que podría tomar años antes de llegar a un fallo. En ese escenario, la batalla jurídica apenas está calentando motores.
Dos procesos tiene acumulados en la Fiscalía el abogado Diego Cadena, quien aparece con un papel protagónico en la investigación contra Uribe.
El ente acusador tiene una denuncia hecha por el senador Iván Cepeda contra Cadena y la compulsa de copias hecha por la Corte Suprema de Justicia. En ese caso también se ordenó investigar al abogado Jaime Lombana y a la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán.
Lombana fue investigado por una supuesta reunión en la cárcel con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, pero la Fiscalía concluyó que ese encuentro nunca se dio y que el abogado solo se reunió unos minutos con el interno Enrique Pardo Hasche, detenido por secuestro.
El abogado Diego Cadena ingresando al búnker de la Fiscalía para su declaración tras ser señalado de ser el mediador entre Álvaro Uribe y los falsos testigos.
César Melgarejo
En julio, la investigación contra Lombana fue cerrada luego de que la Fiscalía les dio crédito a las declaraciones recogidas. En las dos investigaciones contra Cadena, el fiscal del caso está escuchando cientos de grabaciones.
Una vez concluya el análisis de esos audios, empezarán a ser citados quienes intervienen, y el último en ser llamado será Cadena. El caso de Niño está en otro despacho y aún no hay claridad sobre su futuro porque están esperando que la JEP decida si la acepta.
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