Mientras los ojos del país y de las autoridades han estado puestos en el último año sobre la alimentación escolar, el negocio de la alimentación de los presos –que le cuesta mucho más al erario y del que dependen 121.196 personas– está hoy bajo la lupa de los órganos de control.
Cada año, el Estado paga más de 316.507 millones de pesos a proveedores de todo el país. Algunos de los más poderosos, dice una auditoría de la Contraloría General, ganan una y otra vez las millonarias licitaciones, sin que la calidad del servicio parezca ser un elemento determinante.
Sobrecostos, alimentos preparados sin asepsia, porciones de comida cuyo gramaje no corresponde a lo contratado, cocinas con ratas, comidas frías o que se entregan con retrasos de horas y contratistas que no cumplen los requisitos aparecen en el informe de la Contraloría.
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Ocho empresas cuestionadas por esas prácticas mantienen hoy contratos con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) por más de 150.000 millones de pesos.
Uno de los ‘zares’ de la alimentación en cárceles es Servialimentar, que desde hace más de cinco años está en el negocio. El año pasado esta firma obtuvo un contrato por 21.928 millones de pesos (el n.° 340 del 2015) para alimentar a los presos de las cárceles de Cómbita y El Barne, en Boyacá. Una comisión de la Contraloría encontró allí un preocupante panorama.
En las cocinas de Barne, por ejemplo, se detectaron “roedores, material inservible, pasto, agua para consumo sucia, plagas, pisos en total deterioro y estufas llenas de grasa”. Eso sin contar las moscas que pululaban, según el informe, en los carros que transportan las comidas.
La mala calidad de los alimentos era tal que en marzo pasado hubo una intoxicación masiva que llevó a que la Secretaría de Salud del departamento cerrara la cocina del penal “porque no cumple con normas sanitarias”. La comida de casi 3.000 internos la preparan en la de Cómbita, lo que ha retrasado la entrega de desayunos y comidas, generando protestas de los reclusos.
Sobre esta última cárcel también hay reparos. La Contraloría cuestiona por qué a pesar de que las raciones son idénticas a las que se envían a El Barne, y además se quedan en el lugar de la preparación, las raciones son más costosas.
Otro de los contratistas cuestionados es el Consorcio Catalimentos, que en diciembre del año pasado suscribió con la Uspec un contrato por 10.880 millones de pesos. En las colinas agrícolas de Acacías (Meta), la Contraloría visitó cuatro zonas de alimentación y observó que “el contratista está incumpliendo con el contrato por cuanto no ha realizado los laboratorios microbiológicos de superficie, medioambiente, de jugos y ensaladas”.
Tampoco ha hecho las adecuaciones necesarias para cumplir con las normas sanitarias, pues “los sitios de distribución de alimentos, patios donde se lava el menaje y se alistan los insumos para la cocción están completamente deteriorados”. Ese incumplimiento, dice la Contraloría, “genera riesgo para la salud de los internos”.
El año pasado la Uspec realizó tres contratos que suman 24.360 millones de pesos con Estrada Navarro S.A.S. con el fin de suministrar alimentos en cárceles del Cesar, La Guajira, Córdoba y Sucre. Según la Contraloría, en el proceso de elección, para demostrar su experiencia, la firma dio una copia de un contrato suscrito en el 2014 con el Hospital Militar, sin mencionar que esta institución lo estaba investigando por incumplimientos.
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A esto se suma que la Contraloría visitó a los presos de Valledupar el 21 de abril del 2016 y encontró “falta de aseo y desinfección, malos olores, cucarachas y grasa en la cocina”, lo que a su vez está afectando los ranchos para preparar alimentos que fueron remodelados hace un año.
Y la organización Empresarial NRC, que el año pasado consiguió un contrato por 17.332 millones para servir alimentos a presos de Cali, cocina, según la Contraloría, “en una antigua bodega cuyos pisos son en concreto y presenta desgaste y hundimientos que no permiten un adecuado aseo del lugar”, dice el informe.
Líos desde la firma de contratosEn el 2014 la Unión Temporal Compromiso Social ganó dos contratos (uno por 9.742 millones, y otro por 12.985 millones), para suministrar alimentos en 18 municipios. A pesar de que se encontró que en el proceso entregó una certificación falsa, la Uspec “procedió a la adjudicación y omitió hacer el respectivo análisis, motivo por el cual este hallazgo tiene presunta connotación penal y disciplinaria por violación a los principios de selección objetiva”, dice la Contraloría.
Ese mismo año la Unión Temporal Alianza QTC suscribió con la Unidad un contrato por 5.984 millones de pesos para prestar servicios en Atlántico y San Andrés Islas. En el 2012 uno de los integrantes de esa unión (la Corporación Sol Naciente) había sido multada e inhabilitada tres años por incumplir un contrato de 280 millones.
Y Consorcios GAP, uno de los contratistas que con la Unidad tiene negocios por más de 100.000 millones de pesos por diferentes servicios, sigue ganando licitaciones para entregar alimentos, aún cuando se ha encontrado que ha incumplido en otros contratos como los de adecuaciones de plantas de tratamiento de aguas de las cárceles, negocios en los que ha tenido adiciones y prórrogas.
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