Los concejales que le prestaban funcionarios a Merlano para su campaña

Los concejales que le prestaban funcionarios a Merlano para su campaña

La Corte Suprema asegura que esos hechos constituyeron un "peculado de uso". 

Aída Merlano

Aída Merlano

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Efe

Por: Justicia
05 de junio 2020 , 07:00 a.m.

La posición que Aida Merlano Rebolledo tenía como representante a la Cámara, su cercanía con el ‘Clan Gerlein’ y el grupo político que había consolidado, así como con poderosos políticos de la costa Caribe, fue aprovechada por la excongresista “a plenitud y sin escrúpulos” para llegar al Senado en el 2018, comprando votos de la mano de una organización criminal de corrupción electoral.

Esa conclusión hace parte del fallo con el que la Corte Suprema de Justicia mantuvo la condena en su contra, aunque la rebajó de 15  a 11 años y cuatro meses.

En esta sentencia la Corte habla de los nexos que Merlano -prófuga de la justicia colombiana, y hoy detenida en Venezuela- tuvo con concejales y políticos locales de Barranquilla, quienes no solo hicieron parte de su campaña, sino que además le permitieron usar a sus empleados –pagados con recursos públicos- para que le ayudaran en lo que ella necesitara. 

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Según la Corte Suprema de Justicia, Merlano usó su aventajada posición para confabularse con empresarios, políticos de influencia nacional, y también regional, “para aprovechar los recursos públicos de orden municipal en su beneficio”.

Francisco Rafael Palencia, testigo en la Corte y quien hizo parte de la campaña de Merlano, contó que a esa organización la integraban los concejales Aissar Gregorio Castro, Vicente Carlos Támara Chamorro y Juan Carlos Zamora. También Juan Carlos Rojano Llinás, quien estuvo casado con Merlano.

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En cuanto a Zamora y Castro, dice la Corte, hacían parte del Staff de coordinadores de la campaña de Merlano en el 2018, con un estimativo de 3.463 votos que debía conseguir Zamora, y 3.429 votos que debía conseguir Castro.

Pero no solo la acompañaron en su organización política, que mutó a grupo criminal. En su condena, el alto tribunal asegura que en la campaña de Merlano se utilizaron recursos públicos “para realizar actividades indispensables que pudieran materializar el fraude electoral”. 

Según la Corte, los concejales que eran afines a su grupo político propiciaron “la apropiación de bienes del Estado, al permitir que funcionarios contratados formalmente para trabajar en la Unidad de Apoyo Normativo del Concejo de Barranquilla, lo hicieran en la campaña de la sindicada”.

Propiciaron la apropiación de bienes del Estado, al permitir que funcionarios contratados formalmente para trabajar el Concejo de Barranquilla, lo hicieran en la campaña de la sindicada

Por eso es que para el alto tribunal, en el caso de Merlano hubo un abuso de poder, que se manifestó al instrumentalizar la función pública para emplearla en beneficios particulares.

Dice la condena, por ejemplo, que contratistas que estaban al servicio público, como Yajaira Coromoto Calle, hicieron parte de la estructura de la campaña de Merlano por “disposición de Juan Carlos Zamora”. Ella tenía un contrato con Zamora en la Unidad de Apoyo Normativo por 17.1 millones, unos 1.5 millones mensuales.

La contratista declaró que en la campaña de Merlano “colaboraba en las reuniones, en la parte logística y en atender al personal”, dijo ante la Corte.

Cuando le preguntaron si recibió una remuneración por ello,  dijo que no porque “por lo general los que trabajamos en el Concejo estamos a disposición de los candidatos”, es decir, hacía las actividades que el concejal Zamora le pedía.

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Otros contratistas que terminaron con Merlano fueron Yassira Pérez Asprilla, y Kevin Sarmiento, quien estaba vinculado a la seguridad de la sede de Merlano, la llamada Casa Blanca en Barranquila, al mismo tiempo que trabajaba en la Unidad de Apoyo normativo del concejal Aissar Castro. En el caso de Sarmiento, su contrato era de 12.8 millones, para un pago de 1.1 millones al mes.

Con estos casos, la Corte concluye que en esa campaña, trabajadores estatales “asumieron responsabilidades privadas y también ilícitas, lo cual no es una indelicadeza, sino un delito”.

Asumieron responsabilidades privadas y también ilícitas, lo cual no es una indelicadeza, sino un delito

Esto constituye, dice el alto tribunal, “un clásico peculado de uso” pues se utilizó el trabajo de servidores públicos a favor de terceros, algo que la Corte recuerda que está tipificado en el artículo 398 del Código Penal.

Por eso, asegura que este es un peculado que se les podría atribuir a los concejales que participaron en la organización e Merlano.

Por ahora, exconcejales como Aissar Gregorio Castro, Vicente Carlos Támara o Juan Carlos Zamora son procesados por el caso de Merlano por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante. En su contra hay una medida no privativa de la libertad, y su proceso se encuentra en preparatoria de juicio.

A ese abuso de poder de usar a funcionarios públicos en asuntos privados, se suma que, según la Corte, Merlano usó a personas que hacían parte de su UTL, como Ana Niebles, para “controlar la ejecución puntual de las conductas contra el sufragio”.

JUSTICIA

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