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Actividades agropecuarias de bajo impacto en zonas de páramos seguirán
Campesinos retrato

El cultivo de papa hace parte de las actividades económicas de los pobladores de la zona de páramo.

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Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

Actividades agropecuarias de bajo impacto en zonas de páramos seguirán

El cultivo de papa hace parte de las actividades económicas de los pobladores de la zona de páramo.

Se trata ante todo de cultivos de papa que realizan campesinos. Corte ratificó norma que lo permite.

La Sala Plena de la Corte Constitucional avaló el artículo 10 de la Ley 1930 de 2010 que permite la realización de actividades agropecuarias de bajo impacto que se vienen desarrollando en zonas de páramo delimitadas, haciendo uso de buenas prácticas y en defensa de los páramos.

Se trata especialmente de cultivos de papa, cebolla y pastoreo que vienen haciendo campesinos de manera tradicional en zonas de páramos. Según dijo el Ministerio de Agricultura a la Corte, se realizan en 30 de 36 páramos delimitados y, con ello, se benefician 120.000 personas aproximadamente.

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La Corte estudió una demanda de Francisco Javier Lara que consideraba que estas actividades debían suprimirse en defensa del medio ambiente y de los páramos.

En el proceso, el Ministerio de Agricultura dijo que, tras la expedición de dicha ley y la consecuencia de incorporación de una frontera agrícola, los habitantes tradicionales dedicados a la agricultura de bajo impacto podían ser beneficiarios de la oferta institucional del sector.

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Los representantes de los paperos, a su turno, dijeron al alto tribunal que sus cultivos se vienen realizando “durante cientos de años” y que de ello se derivan sus fuentes de ingresos.

“El Estado y la sociedad en general no pueden desconocer la existencia de las comunidades campesinas que han desarrollado su vida personal, social, familiar, económica y en especial un arraigo con el páramo; hacerlo sería incrementar los niveles de pobreza multidimensional, pues perderían su única fuente de ingresos, violando así la especial protección que gozan los campesinos conforme el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia”, dijo Fedepapa.

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Las comunidades campesinas, entre ellas las que habitan las zonas de páramos, son sujetos de especial protección constitucional, y sus derechos al territorio, la seguridad

Con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, la Sala Plena, con votación 9-0, avaló estas actividades.

La Sala "advirtió que las comunidades campesinas, entre ellas las que habitan las zonas de páramos, son sujetos de especial protección constitucional, y sus derechos al territorio, la seguridad alimentaria y la supervivencia cultural deben ser garantizados por el Estado".

Así mismo, la Corte resaltó que "la presencia de comunidades indígenas y afrocolombianas en zonas de páramos demanda del Estado la adopción de medidas de protección de su territorio y su identidad cultural pues para estas los ecosistemas de páramos involucran contenidos espirituales y sociales, además de suplir necesidades de subsistencia".

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La Corte señaló que la norma demandada es clara al no permitir el ejercicio ilimitado de actividades agropecuarias de bajo impacto, ni la ampliación de la frontera agrícola en zonas de páramo, ya que vincula a la institucionalidad ambiental y agraria, y a las entidades territoriales "para que identifiquen las actividades que ya se venían desarrollando en las áreas delimitadas".

Además, para que "regulen las actividades de bajo impacto, las incorporen en los planes de manejo ambiental de cada zona, capaciten a las comunidades e inviertan en planes y proyectos que les permitan adoptar buenas prácticas que cumplan con estándares ambientales en defensa de los páramos".

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Incluso, la Sala recordó que dicha norma no es, bajo ninguna circunstancia, una autorización para la continuidad de los cultivos de uso ilícito que se desarrollan en los páramos delimitados.

La Corte dijo que el aval para las actividades de bajo impacto en la zona no afecta el contenido esencial o mínimo del derecho al medio ambiente porque no hay una autorización irrestricta de realizar actividades en los ecosistemas de páramos y porque escapa el ámbito de las facetas relacionadas con el principio de no discriminación.

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"Aunque en términos formales es posible considerar que la medida disminuye el nivel de protección previsto en disposiciones legales previas (Ley 1450 de 2011 y Ley 1753 de 2015), que prohibían expresamente adelantar cualquier tipo de actividad agropecuaria en los ecosistemas de páramos, y en su lugar autoriza dar continuidad a las actividades agropecuarias de bajo impacto; la medida analizada garantiza la protección de los derechos al territorio, la seguridad alimentaria y la identidad cultural de las comunidades campesinas, étnicas y raciales que habitan los páramo", dijo la Corte.

La Sala Plena dijo que el impacto de las disposiciones acusadas en el mandato de protección ambiental de ecosistemas estratégicos es ampliamente compensado con los beneficios que genera a las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas que habitan los páramos en términos de la garantía de sus derechos fundamentales.

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justicia@eltiempo.com
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