A menos de un mes de que se inicie la vacancia judicial, el impedimento de un magistrado para participar en el debate sobre la despenalización del aborto en el país, no solo frenó la discusión sobre uno de los temas que más expectativa ha generado, sino que podría ser clave en la votación final de las dos ponencias que están sobre la mesa.
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Todo estaba listo para que el jueves la Corte Constitucional sentaran sus posiciones sobre la despenalización del aborto, un asunto que volvió al tribunal hace más de un año por cuenta de dos demandas y que implica un debate jurídico, político y de sociedad, teniendo en cuenta que 2006 ya la Corte permitió en tres causales la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
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Esta vez la Corte podría ir más allá despenalizando el aborto como ya lo han hecho en el continente Argentina y algunos estados de México, en donde el delito dejó de existir o, por el contrario, podría ratificar el modelo actual de causales.
El tema resulta ser tan complejo que ha movilizado a miles de personas y organizaciones que desde las calles aledañas a la Corte, con movilizaciones en otras zonas del país y pronunciamientos en redes sociales apoyan o rechazan que la Corte dé ese paso. Esto se plasma incluso en las cuentas sobre la apretada votación que se daría en el alto tribunal.
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En medio de la expectativa, la decisión no solo no llegó, sino que se aplazó como mínimo dos semanas o incluso más, dejando abierta la pregunta de si es posible que la Corte pueda emitir un fallo antes de que inicie la vacancia judicial, el próximo 18 de diciembre, así como si el mismo será emitido por los integrantes del alto tribunal o se abrirá la puerta a la participación de un conjuez.
El giro, inesperado, llegó por unas declaraciones entregadas por el magistrado Alejandro Linares Cantillo, a Semana TV, el 11 de noviembre. Entrevistado como ponente del fallo que le negó al expresidente Álvaro Uribe Vélez una tutela clave alrededor del proceso penal que enfrenta, el jurista hizo referencia a los difíciles temas que debe resolver el alto tribunal y mencionó no solo el aborto sino los comentarios que incluso sus propios hijos le hacen sobre su postura en favor de la despenalización.
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Linares, quien es considerado de ideología liberal, en el pasado, por cuenta de otra demanda, propuso la despenalización sin causal hasta la semana 14 de gestación. Fue recusado al día siguiente de sus declaraciones por la abogada de la Universidad de la Sabana Ana María Idárraga Martínez, quien es magíster en Derecho Penal y Justicia Internacional, bajo el argumento de haber conceptuado sobre un tema en estudio.
El aborto en el mundo
EL TIEMPO
El 16 de noviembre, el magistrado Linares se declaró impedido, asegurando que, en su criterio, esas referencias dadas en la entrevista las dijo a modo de ejemplo, de manera general, sin dar su opinión concreta sobre las demandas actuales. Y reafirmando que “en el ejercicio de mi función judicial, mi posición en materia de aborto no es desconocida ante la opinión pública”.
Lo que se esperaba fuera una resolución pacífica de ese impedimento, no llegó tampoco. El jueves, al iniciar la Sala Plena y antes de retirarse de la misma, el magistrado Linares pidió excusas a sus colegas por la ligereza cometida en una sesión que venía antecedida por el álgido debate alrededor de la tutela del expresidente y en un ambiente tenso en el alto tribunal.
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EL TIEMPO estableció que en la sesión, además, se decidió que de ahora en adelante será exclusivamente el presidente de la Corte, magistrado Antonio José Lizarazo, quien dará entrevistas, dejando de un lado un modelo que ha funcionado todo el año, en el que los magistrados ponentes de fallos claves los explican a los medios de comunicación. Así sucedió, por ejemplo, con los casos de la ampliación de la eutanasia y la eliminación de la pena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas.
Excusas aceptadas, pero reconociendo el daño ocurrido, la Sala Plena votó sobre si prosperaba o no el inpedimento y el resultado fue un empate a cuatro votos. Se procedió entonces a definir por sorteo a un conjuez para resolver el impedimento del magistrado Linares.
La responsabilidad recayó al exdelegatario por el Partido Conservador en la Asamblea Nacional Constituyente, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura y exministro de Trabajo Hernando Yepes Arcila (ver nota anexa).
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A favor del impedimento votaron los magistrados Jorge Ibáñez, Cristina Pardo, Paola Meneses y Gloria Ortiz. Los tres primeros son contados como votos en contra de la despenalización completa del aborto, mientras que no está de todo claro en la Sala Plena la postura de Ortiz, quien finaliza su periodo de ocho años en la Corte a mediados de 2022.
En favor de mantener a Linares en la discusión votaron los tres juristas que ha trascendido apoyan la despenalización total: José Fernando Reyes, Alberto Rojas (quien también finaliza su periodo a comienzos de 2022) y Antonio José Lizarazo. Y lo hizo también la magistrada Diana Fajardo, cuya postura sobre el fondo del debate tampoco está clara.
Se trata de un nuevo panorama que no se había contemplado en lo extenso de esta discusión, en la que el alto tribunal ha debatido y negado múltiples recusaciones presentadas por ciudadanos en contra de los magistrados, por carecer de fundamentos. Así lo hizo, en efecto, durante el trámite de las dos demandas que pidieron despenalizar. Una, presentada en junio de 2020 por el abogado Andrés Sánchez, y otra, de septiembre de 2020, del movimiento Causa Justa.
Ahora, en caso de que el magistrado Linares sea separado del proceso, habría un voto menos en favor de la despenalización. Pero antes deben resolverse algunos trámites que podrían extender la decisión final por un término que no es fijo: el conjuez debe posesionarse, evaluar si no tiene algún elemento que le impida resolverlo y estudiarlo para que la Sala Plena cite a una sesión y haga el respectivo debate.
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Si el conjuez Yepes llega a tener algún elemento que le impida asumir el caso, la Corte deberá sortear a otro conjuez, de la lista de 18 nombres que estableció para esas labores a comienzos de 2021. Una vez resuelto el impedimento, si llegare a excluirse a Linares, la Sala Plena puede debatir sin él, pues se necesitan cinco votos para obtener una decisión en cualquier sentido.
Pero si quedan, eventualmente, de nuevo empatados ya en el debate de fondo, la resolución del importante tema quedaría, igualmente, en manos de un conjuez. Si el impedimento es negado y Linares es habilitado para votar, la decisión quedaría dividida, pero en el seno de la Sala Plena.
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Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional, explicó que se va a priorizar el acatamiento de tutelas, por lo que se tomarán medidas urgentes.
Cortesía Corte Constitucional
La ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, conocida por EL TIEMPO, asegura que el Estado debe remover los obstáculos normativos que impiden el acceso a los servicios necesarios para que las mujeres gocen de salud reproductiva, siendo una de ellas la penalización de la IVE, tal y como señalan organismos internacionales, por tener una incidencia directa en la práctica de abortos inseguros en los que peligran la salud, integridad y vida de esta población.
Además, dice que se vulnera la libertad de conciencia de las mujeres sobre la decisión de procrear o de no hacerlo, asunto que es “personalísimo, individual e intransferible, que corresponde con una de las dimensiones de los derechos reproductivos, en concreto, la autonomía reproductiva respecto de la cual les está prohibido intervenir al Estado, a los particulares, haciendo uso de la coacción o de la violencia”.
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La ponencia de 192 páginas dice entonces que el delito impone una forma de proceder que implica a sumo la maternidad, “aun en contra de la propia voluntad”. Además, señala que el delito como tal busca proteger la vida en gestación, pero que realmente no resulta claro cómo la penalización puede lograr dichos fines.
Al indicar que la falta de una regulación positiva para la “problemática social que supone la práctica del aborto” se ha evidenciado desde que es posible la IVE en tres causales, la ponencia dice que la penalización desconoce el carácter de última opción que debe caracterizar la regulación penal.
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Por eso, el proyecto de fallo propone eliminar el delito de manera inmediata, para evitar un déficit de protección de derechos y en atención a que, con las posturas recibidas, la Corte pudo comprobar la existencia de barreras para acceder a la IVE aun en los tres casos legales desde 2006.
Alberto Rojas Ríos, presidente de la Corte Constitucional.
Archivo particular
Y propone que se ordene al Ministerio de Salud que en dos años formule una política pública “que evite los amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos reconocidos en la Constitución y, a su vez, proteja el bien jurídico de la vida en gestación sin afectar tales garantías”.
De otro lado, la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, en poder de este diario, señala que el delito de aborto “es una restricción desproporcionada al derecho a la igualdad de las mujeres para acceder a los procedimientos médicos para la IVE y, en general, para gozar de los derechos fundamentales a la dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad”.
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“Aun cuando la legislación penal se dirige a proteger un bien constitucionalmente protegido, sus alcances limitan de manera desproporcionada los derechos fundamentales de las mujeres a acceder al más alto nivel de salud –derechos sexuales y reproductivos–, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, pues elimina la posibilidad de que puedan acceder a las instituciones para garantizar el IVE”, dice la ponencia, de 298 páginas.
Al indicar que el delito afecta el derecho a la igualdad de las mujeres, en relación con los hombres, pues es un delito que castiga de manera exclusiva a las mujeres, el proyecto de fallo de Rojas propone tumbar el delito, pero con efectos diferidos a dos años mientas el Congreso fija reglas claras para el ejercicio de la IVE.
La ponencia deja en claro que, entre tanto esto sucede, la Fiscalía no podrá iniciar procesos penales por ese delito y que este desaparecerá automáticamente si la regulación no se emite “pasadas las dos legislaturas de la notificación de esta providencia”.
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El exmagistrado Hernando Yepes Arcila es reconocido como autoridad en temas jurídicos.
Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO
a Sala Plena de la Corte Constitucional sorteó a Hernando Yepes Arcila como el conjuez que deberá resolver el impedimento que presentó el magistrado Alejandro Linares Cantillo en la discusión sobre la despenalización del aborto. Yepes Arcila es uno de los 18 conjueces que la Corte escogió a comienzos de 2021 para cuando se presenten situaciones como estas, en casos de empates sobre las decisiones claves.
El abogado se ha mostrado como un defensor de la Constitución y del respeto por las decisiones judiciales.
Tiene un origen conservador y aunque ha estado vinculado permanentemente en la academia también ha respaldado campañas políticas. Él es uno de los líderes conservadores que recientemente firmó una carta de respaldo a la precandidatura presidencial de Óscar Ivan Zuluaga.
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Yepes Arcila es doctor en derecho y un respetado jurista. Fue magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hasta cuando se retiró de manera voluntaria para aceptar representar al Partido Social Conservador en la Asamblea Nacional Constituyente.
El 16 de marzo de 1992 inició su periodo en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, siendo su primer presidente entre marzo de ese año y marzo de 1993. Igualmente, se desempeñó como conjuez de la Sala Plena del Consejo de Estado, así como de la Sección Quinta y de la Sala de Consulta y Servicio Civil de ese alto tribunal.
Entre 1998 y 1999 fue ministro de Trabajo y Seguridad Social del gobierno de Andrés Pastrana. Ya en el pasado había aceptado en la Rama Ejecutiva algunas designaciones pues, por ejemplo, entre 1980 y 1992 fue consejero de la embajada de Colombia ante el Gobierno de Italia.
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En el sector privado fue director jurídico de la Federación Nacional de Cafeteros y ha sido profesor de las facultades de derecho de la Universidad Javeriana y del Rosario, entre otras, en áreas como derecho constitucional, filosofía del derecho, teoría de la Constitución e Historia de las Ideas Políticas.
En la Javeriana ha sido tanto director del Departamento de Derecho Público como miembro del Consejo de Regentes, que es la autoridad que tiene como objetivo asegurar la consecución de los fines para los cuales se creó la Universidad.
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET
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