¿Conceptos de Iglesia y Minsalud sobre aborto contradicen a la Corte?

¿Conceptos de Iglesia y Minsalud sobre aborto contradicen a la Corte?

Son contrarios a la jurisprudencia en varios puntos. Minsalud dijo que retirará documento enviado.

Aborto

La Corte Constitucional estudia una demanda que pide eliminar del Código Penal el delito de aborto. 

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Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Por: Justicia
24 de noviembre 2020 , 06:12 p. m.

Para la Iglesia Católica, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo no existe. Para el Ministerio de Salud -en un concepto suscrito por uno de sus funcionarios y enviado al alto tribunal-, aunque ese derecho sí está reconocido en los tres casos permitidos desde el 2006, extender esa garantía más allá de esas causales implica permitir la "irresponsabilidad" de la mujer. 

Esas dos afirmaciones, que hacen parte de los conceptos que la Conferencias Episcopal y un funcionario del Ministerio de Salud le enviaron a la Corte Constitucional en medio de una demanda del movimiento Causa Justa,  van en contra de la jurisprudencia del alto tribunal. 

En el caso de lo dicho por la Iglesia, en diferentes fallos la Corte se ha referido a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental en los tres causales permitidas. 

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Y en el caso de lo sostenido por el Ministerio de Salud, en el  documento firmado por el abogado de esa entidad Joaquín Elías Cano Vallejo, el alto tribunal ha proferido fallos  en donde ha impedido que autoridades hagan este tipo de afirmaciones para cuestionar con argumentos moralistas las decisiones de las mujeres al abortar.

El concepto fue tan controversial que el mismo Ministerio de Salud emitió este martes un comunicado en el que desautorizó ese documento, dijo que presentaría otro, y señaló que lo que allí se había dicho correspondía a posiciones personales del funcionario Cano Vallejo. 

¿Pero por qué, tanto la posición de la Conferencia Episcopal como la que había enviado el Ministerio de Salud resultan tan polémicas? 

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El derecho al aborto en los tres casos permitidos sí existe

La Conferencia Episcopal, en representación de la Iglesia Católica, se opuso a la demanda de Causa Justa afirmando que se debe proteger el derecho a la vida desde la concepción, hasta la muerte. 

Para ampliar esa argumentación, la Iglesia Católica hace afirmaciones que van en contra de lo dicho por la Corte Constitucional, desconociendo que el primer fallo en el que se reconoció el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fue el del 2006, cuando se permitieron las tres causales: riesgo para la vida o salud para la madre, malformación del feto o violación.

Desde entonces hay por lo menos seis sentencias (una de 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 y 2018) que han categorizado a la IVE como un derecho fundamental autónomo. 

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La más reciente, la del 2018, asegura por ejemplo que el derecho fundamental a la IVE protege la autonomía y la libertad de decisión de la mujer que está embarazada y cumple una o varias de las causales permitidas por el alto tribunal. Al ser "fundamental", afirma la Corte, este derecho -que está ligado a los derechos reproductivos- es de obligatorio cumplimiento y realización por parte del Estado. 

"A partir de la despenalización parcial de la IVE y de su categorización como derecho fundamental, las salas de revisión de esta Corporación han venido decantando su contenido, en cuanto garantía superior, en armonía con lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006", dijo el alto tribunal en el fallo del 2018.

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Pese a toda esa jurisprudencia, la Iglesia Católica asegura en su concepto enviado a la Corte que el derecho fundamental a la IVE no existe, y dice que en el fallo del 2006 en el que se despenalizó parcialmente el aborto, así como en el del 2018 en el que el alto tribunal se negó a ponerle un límite de semanas a esa práctica, no se tuvo en cuenta lo dicho por el Pacto de San José, que habla del derecho a la vida desde la concepción, ni tampoco se tuvo en cuenta la voluntad del Congreso. 

Aunque la Corte lo viene repitiendo en sus fallos desde hace 14 años, la Conferencia Episcopal asegura que "no hay una sola disposición en la Constitución Política que permita concluir que existe tal derecho fundamental al aborto", por lo cual considera que como no hay derecho, tampoco hay un incumplimiento de esa garantía por parte del Estado, negando las barreras que la misma Corte Constitucional ha señalado en sus decisiones judiciales, como la del 2018 en donde dijo que estas trabas  son una forma de "violencia contra las mujeres". 

En el pasado, al evaluar tutelas por información errónea sobre el derecho a la IVE, la Corte Constitucional ha emitido regaños (aunque en todo caso han sido contra instituciones del Estado), por pronunciamientos de este tipo. Por ejemplo,  hace 10 años la Corte Constitucional regañó al entonces procurador general Alejandro Ordóñez, hoy embajador ante la OEA, por negarse a acatar órdenes del alto tribunal al no implementar una cátedra sobre el derecho al aborto y los derechos sexuales de las mujeres. 

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Y en el 2012 la misma Corte volvió a regañar a Ordóñez, al resolver una tutela de 1.280 mujeres  y le ordenó retractarse por entregar información tergiversada o inexacta sobre los derechos reproductivos de las mujeres en el país, y el aborto.

Entre la información errónea que difundió en su momento la Procuraduría de Ordóñez estaba la afirmación según la cual el fallo del 2006, que despenalizó parcialmente el aborto en tres causales, 

La deuda de de regulación del Minsalud y las afirmaciones sobre la "irresponsabilidad" de la mujer

Aunque hace dos años la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud emitir una regulación para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo -pues la corporación judicial reconoció que hay sistemáticas barreras que sufren las mujeres para acceder a esta procedimiento-, esa cartera no ha proferido esa reglamentación.

En octubre del año pasado, el Ministerio expidió un borrador de lo que sería esa regulación, pero luego le pidió a la Corte más tiempo para pronunciarse, plazo que se le venció en mayo de este año sin que hasta ahora se conozca ese documento. De hecho, al admitir estudiar la demanda de Causa Justa, la Corte Constitucional le hizo al Ministerio 18 preguntas técnicas y le  pidió al Ministerio que explique si ya cumplió las órdenes que le dio  sobre la reglamentación de la IVE, ratificada en dos fallos: uno de 2009 y otro de 2018.

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El Ministerio de Salud aún no ha respondido a la Corte con sus argumentos técnicos sobre el aborto y sobre las preguntas que le hizo el alto tribunal. En cambio, lo que sí había enviado era una opinión del funcionario Joaquín Elías Cano Vallejo en la que pedía rechazar la demanda de Causa Justa. 

En ese concepto, que este martes fue descalificado por el Ministerio de Salud, asegura que la demanda de este movimiento, más que la despenalización del aborto, quiere que "se permita hacer uso del aborto sin límite alguno (...)  permitiendo que la mujer, ante la falta de una efectiva conciencia y ante la irresponsabilidad tanto de la mujer como del hombre al momento de tener relaciones y previo a ello", puedan terminar el embarazo.

Según ese concepto del Ministerio, que luego fue desacreditado, la pareja debería "preocuparse más bien de aplicar las muchas políticas y métodos de anticoncepción o planificación familiar, y no convertir el aborto como otro mecanismo más de esa planificación".

También afirma que el aborto, cuando se pide más allá de las tres causales permitidas, significa  "sacrificar una vida, la del bebé, para corregir un error en el que incurrieron dos adultos al actuar de forma irresponsable". 

Es sacrificar una vida, la del bebé, para corregir un error en el que incurrieron dos adultos al actuar de forma irresponsable

Y agrega que el fin último de la demanda es "dar vía libre para que la mujer que por
falta de disciplina, de cuidado, de prevención o de una adecuada aplicación de los
métodos existentes de planificación familiar o de anticoncepción, pueda entrar a remediar dichos errores o descuidos, cuando ello debe preverlo pre, no pos al acto". 

Sin embargo, estas posiciones en las que Cano, a nombre del Ministerio de Salud, cuestiona la "irresponsabilidad" y la "falta de conciencia" de las mujeres no han sido permitidas por la Corte Constitucional. Una de las decisiones más recientes  en las que aseguró que esos argumentos no pueden hacer parte del debate se dio al estudiar la orden que había dado un juez para que se investigara a una menor de edad por intentar abortar. 

Al compulsar copias para que se investigara penalmente a la joven, el juez dijo que ella, "al ser destinataria de los derechos reproductivos tiene potestad para tomar decisiones libres e informadas acerca de la procreación, garantía con la que contó para el momento de sostener relaciones sexuales con su pareja y quedar embarazada”. El juez también aseguró  que el embarazo fue "la consecuencia de no utilizar métodos anticonceptivos en aras de evitar la reproducción”. 

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En este caso, la Corte no sólo ordenó tumbar la decisión con la cual se había ordenado iniciar un proceso penal contra la joven, sino que además recordó que las autoridades deben ser responsables en este tipo de situaciones ya que es “irrazonable reprochar a una menor las consecuencias de la falta de cuidado y planificación en sus relaciones sexuales”. También dijo que hay un "déficit en la implementación y difusión de programas de educación sexual", por lo cual puede resultar irrazonable y desproporcionado hacer este tipo de juicios morales frente a las actuaciones que llevan a una mujer a quedar en embarazo.  

Otro punto en el que el fallido concepto del Ministerio de Salud iba en contra de lo dicho por la misma jurisprudencia es en el que plantea cuestionamientos sobre qué vida vale más o menos, y  asegura que esa valoración es la que está en juego en esta nueva demanda, afirmando que lo que se busca es que la Corte diga que importa o vale más la vida de la madre que la del que está por nacer. 

Pero esa dicotomía planteada por el funcionario del Minsalud, va en contra de los pronunciamientos que ha dado la misma Corte Constitucional, como la sentencia  C-237 del 2016, en la que recordó que la existencia legal de las personas se da con el nacimiento, momento a partir del cual puede ser considerada un sujeto efectivo de derechos y, por lo tanto, del derecho fundamental a la vida.

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Esto no implica que el no nacido no tenga ninguna protección, sino que según el alto tribunal, se debe diferenciar entre la vida como un valor o un bien constitucionalmente protegido, del que dispone el no nacido,  y la vida como derecho fundamental, del que se dispone al nacer.

La jurisprudencia de la Corte, y así lo recuerda en un fallo del 2018, ha establecido que el embrión no tiene la categoría de persona humana ni de titular del derecho a la vida, sino que es un "bien superior objeto de protección". 

Esas afirmaciones de la Corte, al poner en un plano diferente la vida de la madre frente a la vida de quien está por nacer, son omitidas en el concepto que había enviado el Ministerio de Salud  al asegurar, por ejemplo, que autorizar el aborto en las condiciones en las que pide la demanda implicaría legalizar la "vulneración de lo que sí efectivamente es un derecho fundamental, como es el derecho a la vida, al poner en manos exclusivamente de la mujer, el impedir el nacimiento de una persona perteneciente a un determinado grupo, esto es la familia de la madre o del padre, o de ambos, hecho éste que configuraría una vulneración a la Convención Internacional para la prevención y la sanción del delito de genocidio".

De otro lado, desconociendo las mismas barreras que la Corte Constitucional le ha expuesto en varios fallos -como en el que le ordenó regular la IVE- el Ministerio aseguraba en ese concepto que no hay una  desigualdad entre hombres y mujeres frente al derecho a su salud. 

REDACCIÓN JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET

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