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Corte no hará audiencia por demanda que pide despenalizar el aborto
Miles de mujeres en México exigen acceso al aborto

Cientos de mujeres portando pañuelos verdes se reunieron en las principales avenidas de la ciudad de Guadalajara, en el Estado de Jalisco (México) para manifestarse sobre el aborto. Eran una marea verde conformada por colectivos de mujeres que pidieron la despenalización del aborto y un acceso libre a los servicios para la interrupción del embarazo.

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EFE

Corte no hará audiencia por demanda que pide despenalizar el aborto

Con votación 6-3, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió que no citará a una audiencia pública dentro del estudio de la demanda que busca despenalizar el aborto por completo en Colombia. 

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La Sala Plena negó la petición que en ese sentido había presentado el magistrado Antonio José Lizarazo, quien aseguraba que el espacio era necesario para que las organizaciones sociales, expertos académicos, centros de estudio y voceros del gobierno expusieran sus argumentos sobre la viabilidad de despenalizar el aborto, como propuso el movimiento Causa Justa en una demanda.

En favor de la audiencia votaron los magistrados Antonio José Lizarazo, Diana Fajardo y Alejandro Linares. En contra, votaron Alberto Rojas Ríos, José Fernando Reyes, Cristina Pardo, Gloria Ortiz, Paola Meneses y Jorge Enrique Ibáñez Najar.  La petición la había hecho Lizarazo en atención a más de 43 solicitudes que llegaron a la Corte en ese sentido.

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La decisión indica que Lizarazo, quien tiene el caso desde octubre de 2020, deberá iniciar la construcción de la ponencia en este caso. 

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es legal y un derecho desde 2006 cuando la Corte Constitucional despenalizó la práctica en tres causales: cuando el embarazo implica un riesgo para la salud física y mental de la mujer; cuando existe grave malformación del feto incompatible con la vida y cuando el embarazo sea resultado de una violación.

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La demanda asegura que mantener el aborto como un delito (artículo 122 del Código Penal) atenta contra los derechos a la vida digna, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud de las mujeres, entre otros.

Igualmente, estima que la penalización parcial es una barrera que impide que las mujeres accedan a una IVE. Esa postura es apoyada por organizaciones como Colombia Diversa, que afirma que el delito trae barreras distintas para lesbianas, bisexuales y trans y la ONG Mujeres Feministas Wayuu habla de lo que sufren las mujeres indígenas en zonas sin acceso a servicios de salud.

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Human Rights Watch y Amnistía Internacional, por ejemplo, alegan que los tratados sobre derechos sexuales y reproductivos, o igualdad de la mujer, obligan a Colombia a eliminar este delito. Y el Fondo de Población de la ONU afirmó que el Comité Cedaw manifestó preocupación por la penalización en Colombia, pues lleva a abortos inseguros, convirtiéndose en la sexta causa de mortalidad materna.

El Gobierno se ha opuesto a las pretensiones de la demanda indicando que este debate debe darse en el Congreso y no en la Corte. El Ministerio de Justicia dice que aunque desde el punto de vista civil el no nacido no es considerado persona, cree que si la Corte quisiera legalizar el aborto, tendría que explicar por qué sí se penaliza el maltrato animal.

Y el Ministerio de Salud, aunque reconoce las barreras para el aborto legal, y confirmó que tanto la OMS como órganos internacionales han recomendado la despenalización, cree que en el caso ya hay cosa juzgada desde el 2006, con las tres causales.

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justicia@eltiempo.com
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