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Los argumentos de tres magistrados a favor de despenalizar el aborto
Magistrados a favor de despenalizar el aborto

Los magistrados Alberto Rojas Ríos (izq), Alejandro Linares y José Fernando Reyes Cuartas. 

Foto:

Corte Constitucional

Los argumentos de tres magistrados a favor de despenalizar el aborto

En los últimos días se publicó el salvamento conjunto de Linares, Rojas y Reyes frente a un fallo.

En marzo de este año la Corte Constitucional rechazó una demanda con la que Natalia Bernal Cano pretendía tumbar las tres causales fijadas por ese alto tribunal con las que, desde el 2006, se les permite a las mujeres abortar en tres casos.

Al rechazar la demanda, el alto tribunal dijo que Bernal no presentó argumentos suficientes para cambiar el hecho de que  la Corte ya se pronunció en su fallo del 2006 -en el que permitió parcialmente el aborto, cuando condicionó el artículo 122 del Código Penal- sobre la norma que ella demandó. Pero además, para la Corte, a Bernal le faltó claridad, certeza, pertinencia y especificidad en su demanda pues su demanda se basó en interpretaciones subjetivas, argumentos vagos, genéricos, que no guardaban coherencia. Por eso se declaró inhibida para decidir sobre su demanda.

De esa decisión mayoritaria, sin embargo, se apartaron tres magistrados que, contrario a lo que pedía Bernal, quien solicitaba penalizar por completo el aborto, consideraron que la Corte sí debió evaluar de fondo su demanda pero para legalizar por completo esta práctica en el país.

El salvamento de voto conjunto apenas fue publicado en su totalidad la semana pasada. Este documento tiene 70 páginas en las que los magistrados Alejandro Linares Cantillo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, el presidente de la corporación, dan a conocer por qué la Corte debió legalizar el aborto en todos los casos.

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En el salvamento, varios de los argumentos de los magistrados coinciden con algunas de las razones por las cuales el movimiento Causa Justa presentó el pasado 16 de septiembre una demanda con la que pide eliminar el delito de aborto, demanda que ya fue aceptada para revisión por el alto tribunal y que se encuentra en el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo, quien pidió varias intervenciones para poder elaborar un proyecto de fallo.

Un contexto distinto

En primer lugar, en su salvamento los magistrados Rojas, Linares y Reyes aseguran que se debió estudiar la demanda de Bernal porque permitía abordar “las cuestiones que había dejado abiertas” el fallo del 2006. Específicamente, para los magistrados la demanda habría permitido a la Corte evaluar si la prohibición penal del aborto -por fuera de las tres causales- que castiga a las mujeres con penas de hasta 4 años de prisión, resulta “compatible con la compresión de los derechos de la mujer y la protección de la vida humana en gestación”.

Sobre la cosa juzgada, los magistrados aseguran que la Corte debió haber tenido en cuenta que en este caso se podía volver a estudiar una demanda contra el artículo 122 del Código Penal porque el contenido de esa norma cambió con el fallo del 2006, ya que al permitirse el aborto en tres casos desde ese año, la norma ahora es distinta.

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Además, los magistrados también afirman que estamos en un contexto distinto al de hace 14 años porque después del 2006 las normas internacionales han cambiado y varios organismos han recomendado a los Estados la despenalización y liberalización del aborto, como lo han hecho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el 2016 y 2019, o el Comité Cedaw en 2013, 2014, 2017, 2018 y 2019, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, el Comité sobre los Derechos del Niño, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

“Actualmente, los diferentes comités creados bajo tratados internacionales ratificados y vinculantes para Colombia, han interpretado la necesidad de legalizar el aborto, reprochando su penalización, como un mandato de los derechos humanos que conlleva a la protección de la salud, la igualdad y la dignidad de las mujeres, ampliado el reconocimiento de los efectos sociales de la criminalización”, señalaron los magistrados.

Actualmente, los diferentes comités creados bajo tratados internacionales ratificados y vinculantes para Colombia, han interpretado la necesidad de legalizar el aborto, reprochando su penalización

Con esos instrumentos internacionales, afirman los tres magistrados, se puede inferir que la penalización -aún con excepciones- no es una forma válida para proteger la salud y los derechos humanos de las mujeres, pues esos mecanismos buscan la liberalización en leyes que penalizan el aborto, consideran que  la continuación forzada del embarazo es una violación de los derechos sexuales y reproductivos, hablan del deber de los Estados de despenalizar el aborto para que se respete la autonomía de las mujeres, advierten la importancia de la prevención del embarazo no deseado, y en términos generales señalan la necesidad de eliminar el aborto inseguro o ilegal.

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Pero además, los tres magistrados sostienen que desde el 2006 la Corte Constitucional ha proferido por lo menos 17 sentencias relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de las cuales 14 han determinado o reiterado el alcalde del derecho a la IVE hasta el punto de reconocerlo como “fundamental”.

Este argumento coincide con la demanda de Causa Justa porque una de las razones del movimiento para demandar el delito de aborto consiste en que aunque la Corte ya se pronunció frente a esta norma en el 2006, la interpretación de esta ley, sus implicaciones, el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo como derecho, y las disposiciones normativas que se han creado desde entonces frente al aborto permiten considerar que se debe volver a hacer un examen sobre esa norma, sin que se pueda decir que ya hay cosa juzgada.

El aborto como derecho y como delito
Aborto

Afuera de de la Corte Constitucional, en el Palacio de Justicia, hubo manifestaciones a favor de la legalización del aborto y en contra de esta práctica.

Foto:

Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Uno de los argumentos de Causa Justa es que la principal barrera contra la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos es la penalización que sigue existiendo en términos generales del aborto porque crea un estigma sobre el derecho que afecta la prestación de su servicio.

En su salvamento de voto, los magistrados aseguran precisamente que la dualidad del aborto como delito y la práctica de la IVE como derecho fundamental llevan a que exista “un derecho fundamental reconocido en la jurisprudencia, pero limitado en su aplicación, el cual a la vez se encuentra tipificado como delito”, lo que para los magistrados es una paradoja.

Esa dualidad, afirman los magistrados, crea un estigma y una inseguridad que lleva a que los profesionales de la salud tengan dificultades para saber qué pueden y qué no pueden hacer, haya trabas para este derecho en los casos permitidos, así como desconocimiento. Además, recuerdan los magistrados, desde el 2012 la Comisión Asesora de Política Criminal del Estado Colombiano recomendó despenalizar todas las conductas que afecten derechos de las mujeres, pues consideró que aunque el fallo del 2006 es razonable, no estaba a la altura de estándares internacionales.

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Además, para los magistrados “la sanción penal al aborto resulta selectiva y discriminatoria”, pues afecta en mayor medida a mujeres en condiciones de vulnerabilidad económica y social. También afirman que este delito carece de eficacia, por lo cual el Legislador podría adoptar formas menos lesivas. De otro lado, sostienen que está claro que el delito no ha llevado a disminuir los abortos, ni a prevenirlos, ni a proteger la vida del neonato, pues “las prácticas clandestinas no han dejado de ser una realidad social”, lo que termina poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres.

Así, los magistrados afirman que criminalizar el aborto, “en un país sobrecriminalizado como lo es Colombia, reactualiza la crítica de ser este un sistema penal hipertrofiado; puede afirmarse que tanta confianza en el derecho penal no es apenas una candidez sino quizá una actitud encubridora de la incapacidad de resolver racionalmente los problemas que aquejan esta sociedad”. Esto porque para los magistrados Linares, Rojas y Reyes “la cárcel como pena no resuelve casi nada y solo se convierte en un ejercicio de retribución puro y duro”.

Los magistrados también afirman que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos a la vida, la libertad, la dignidad, la autonomía, la intimidad, la salud, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad de las mujeres gestantes sin que haya limitaciones que vienen de una creencia religiosa o moralidad en particular. Esto porque Colombia es un estado laico. “La decisión de interrumpir un embarazo o no hacerlo tiene que ver con las más íntimas convicciones de la mujer gestante y por ello, el Estado no puede intervenir de manera tal que anule su libertad”, aseguran.

La decisión de interrumpir un embarazo o no hacerlo tiene que ver con las más íntimas convicciones de la mujer gestante y por ello, el Estado no puede intervenir de manera tal que anule su libertad

Con todo esto, para los tres magistrados era necesario que la Corte hiciera una nueva ponderación sobre los derechos de la mujer gestante con el deber de proteger la vida humana, para evaluar la importancia de proteger la libertad, autonomía e igualdad de las mujeres que, aseguran, no deben ser tratadas como “un simple instrumento de reproducción, ni imponerles, directa o indirectamente, la obligación de procrear”,  a que  esto llevaría a tratarlas como personas de segunda categoría y reiterar los estereotipos de género.

¿Cómo quedan las cuentas de cara a la nueva demanda?
Corte Constitucional

¿Qué pasará con la despenalización del aborto en Colombia?

Foto:

Carlos Ortega. EL TIEMPO

Aunque la demanda que ahora propone Causa Justa es distinta a las anteriores y el alto tribunal tendrá que valorar los nuevos argumentos que el movimiento le expone, pues asegura que la principal barrera contra la interrupción voluntaria del embarazo permitida desde el 2006 es la penalización, las consideraciones que los magistrados han tenido al evaluar otras demandas y decisiones sobre esta práctica podrían reflejar si estarían más o menos dispuestos a una legalización total del aborto en el país.

En total, se necesitan cinco votos para que dentro de la Sala Plena de la Corte Constitucional haya una decisión mayoritaria. 

En primer lugar, no se sabe cómo será la ponencia que presentará el magistrado Antonio José Lizarazo, que convocó a sectores con distintas posiciones al respecto para poder escuchar todas las voces y abrir un debate sobre si es conveniente o no eliminar el delito de aborto.

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En la demanda que presentó en el pasado Natalia Bernal, Lizarazo también fue el ponente, pero en esa ocasión encontró que ella no dio los argumentos suficientes para abrir un debate frente al tema. En esa ocasión, Lizarazo aclaró su voto y dijo que en el debate hay razones posteriores al fallo del 2006 y elementos nuevos que hacen posible debilitar la cosa juzgada, pero que Bernal no las presentó. También dijo en su aclaración que la Comisión Asesora de Política Criminal recomendó despenalizar conductas que afecten los derechos de las mujeres, como el de la interrupción del embarazo. 

Y con los argumentos que esbozaron en su argumento conjunto, está claro que hay por lo menos tres magistrados (Reyes, Linares y Rojas) que apoyarían una legalización del aborto.

Hay una magistrada que, por el contrario, iría en contra de esa posibilidad y es Cristina Pardo, quien en salvamentos de voto pasados se ha mostrado en contra del aborto, ha dicho que no comparte el fallo del 2006 que lo despenalizó parcialmente ni toda la jurisprudencia posterior que reconoció el derecho a la IVE. Además en el 2018 Pardo había pedido ponerle un límite de tiempo de 24 semanas al aborto permitido en las tres causales, proyecto de fallo que fue derrotado por el alto tribunal. 

De otro lado, la semana pasada la Corte negó una petición que había hecho Natalia Bernal para que se anulara un fallo que rechazó otra de sus demandas contra varios artículos del Código Civil que establecen que la existencia legal de las personas comienza al nacer.  

El alto tribunal se negó a anular su sentencia en una decisión unánime. Pero hubo dos aclaraciones de voto de los magistrados Cristina Pardo y de Jorge Enrique Ibáñez (quien llegó recientemente a la Corte Constitucional) pues, según fuentes de la corporación, los dos magistrados consideran que los fallos de la Corte sobre cuándo comienza la vida humana, debían ser revisados a la luz de nueva evidencia empírica disponible. Para Pardo, por ejemplo, la existencia legal de las personas y el reconocimiento de derechos se debería dar incluso antes del nacimiento. 

Con estas manifestaciones queda la duda sobre si Ibáñez -a quien han calificado varios sectores como mucho más conservador, y que fue elegido en el Senado con votos de partidos que se ubican de ese lado- también podría declararse en contra de una legalización del aborto como la que pide Causa Justa. 

Tampoco está claro cómo votarían las magistradas Gloria Ortiz y Diana Fajardo, que en el pasado se han mostrado a favor de mantener las causales tal y como están, y que no apoyaron la posición de ponerle límites de tiempo al aborto legal.

Y está por verse cuál sería la posición del magistrado que reemplace a Carlos Bernal Pulido, cuyo nombre saldrá de una terna que envíe al Congreso el presidente Iván Duque. Por ahora, en la Sala está votando el magistrado auxiliar de ese despacho Richard Ramírez, quien según fuentes del alto tribunal también tendría posiciones mucho más conservadoras frente al aborto. 

REDACCIÓN JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET

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