En el marco del XII Encuentro de la Corte Constitucional que se realiza esta semana en Pasto, los presidentes de las cortes se reunieron en esa ciudad con el presidente Juan Manuel Santos, el fiscal Néstor Humberto Martínez y el procurador Fernando Carrillo para discutir las medidas que se necesitan para salvar la justicia.
Uno de los primeros acuerdos que salieron de la reunión, es que de la fecha a diciembre se tendrán resultados concretos sobre el escándalo de corrupción de la Corte Suprema de Justicia y en general del entramado que ha tocado otros sectores de la Rama Judicial.
Como medidas coyunturales se implementarán medidas de autorregulación dentro de las Cortes, es decir, cambios en los reglamentos internos y códigos de ética. En todo caso, esas reformas no implican cambios normativos.
Se dejó también claro que en medio de los últimos acontecimientos de corrupción la Fiscalía debe operar adecuadamente para los no aforados y la Cámara de Representantes, para los aforados. La Fiscalía y la Procuraduría se comprometieron a apoyar a la Cámara de Representantes para el desarrollo de las investigaciones que le competen y para la práctica de pruebas.
Para la reforma estructural de la justicia se estableció primero la socialización de temas con facultades de derecho, ONGs y usuarios, para luego construir un acuerdo consensuado.
La Corte Constitucional, tendrá participación a través de su presidente, en las propuestas de reforma a la justicia. Algo que nunca había sucedido, pues las reformas deben ser revisadas luego por esa Corte donde se verifica su constitucionalidad o inconstitucionalidad.
Los participantes de la cumbre coincidieron en una selección de temas que deben ser objeto de reforma:
- El juzgamiento penal, disciplinario y fiscal de los de magistrados de altas cortes y el Fiscal General.
- Las funciones electorales de las altas cortes.
- La administración y el presupuesto de la Rama Judicial.
- El órgano disciplinario de jueces y abogados.
- El procedimientos de elección de magistrados de altas cortes.
- Una reforma a los pensum de los programas de derecho del país.
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