Aceptación de cargos, negociaciones de rebajas de pena a cambio de colaboración con la justicia y redención de pena por trabajo en estudio han sido usadas en el taxímetro para que algunos de los condenados o procesados por graves escándalos de corrupción estén libres o ya hagan cuentas para recuperar la libertad en algunos meses.
En uno de los dos procesos en su contra, este lunes un juez de Bogotá le concedió la libertad por vencimiento de términos al expresidente de Interbolsa Rodrigo Jaramillo, llevado ante la justicia por el descalabro de la comisionista.
Jaramillo no quedó libre porque aceptó algunos de los cargos imputados por la Fiscalía y cumple en su lujosa residencia de Medellín una condena de siete años de cárcel. Las víctimas acreditadas en el proceso advirtieron que antes de terminar el año estará libre.
Según cifras del Observatorio Anticorrupción de la Presidencia de la República, la mitad de las personas condenadas en Colombia por delitos relacionados con corrupción no pagan un solo día de cárcel y el 25 por ciento recibe el beneficio de casa por cárcel.
Las puertas de la prisión ya se abrieron, por ejemplo, para muchos de los enredados en el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, como el exconcejal Hipólito Moreno, el exsenador Germán Olano y el exsubdirector jurídico del IDU Inocencio Meléndez Julio.
El exconcejal Andrés Camacho, condenado a 5 años y 7 meses, recibió prisión domiciliaria el 2 de enero pasado, 20 días después se le permitió trabajar fuera de su casa y está pendiente de que el juzgado de ejecución de penas le conceda la libertad condicional.
Camacho fue privado de su libertad en septiembre de 2015 y ha rebajado pena con trabajo y estudio.
El expersonero de Bogotá Francisco Rojas Birry, sentenciado a siete años y medio de cárcel por recibir coimas para no cumplir con su trabajo y vigilar el polémico contrato de ambulancias, paga siete años de cárcel en su vivienda, y hace un mes recibió permiso de un juez de ejecución de penas para trabajar.
Otros como el exconcejal Orlando Parada, condenado a 13 años de prisión, están en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el norte de Bogotá.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha cuestionado que en clubes de la Policía o el Ejército sigan personas detenidas por hechos de corrupción y ha pedido al Inpec que sean trasladados a centros carcelarios.
El exalcalde Samuel Moreno Rojas cumple una pena de 24 años en la Escuela de Carabineros de la Policía en el oriente de Bogotá y el cuestionado contratista Emilio Tapia se encuentra en una unidad ubicada en Malambo, Atlántico.
Tapia ya tiene dos condenas en su contra, una de tres años y medio y otra de siete. Está pendiente de una tercera sentencia.
El exviceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar Rueda, condenado a siete años de prisión por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), tiene casa por cárcel, permiso para trabajar y ha empezado a pedir su libertad condicional.
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