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Conflicto y Narcotráfico

Zonas de concentración: en regiones piden claridad frente a plan con ilegales

Disidencias de las Farc.

Disidencias de las Farc.

Foto:Policía Nacional

El ministro de Defensa ambientó idea de acordar zonas con grupos que negocian con el Gobierno.

Se empezó a ambientar la posibilidad de que los integrantes de los grupos ilegales que están en acercamientos de paz con el Gobierno Nacional se concentren en zonas puntuales del país mientras se concretan las negociaciones con el Ejecutivo.
El primero en poner sobre la mesa esa figura, que no es nueva en el país, fue el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, quien señaló que se trata de un tema que está en discusión. En ese proceso ya se tiene la georreferenciación de las zonas en las que actualmente hacen presencia las estructuras criminales que están en cese del fuego bilateral.
Esa posibilidad fue respaldada por el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, quien señaló que sería más útil tener a los grupos armados en territorios específicos y saber bien dónde están en comparación con tenerlos como están hoy, dispersos por todo el país.
“Me parece que es una mejor idea que la ausencia de una delimitación territorial. Si a mí me dicen que van a tomar una decisión de concentrarlos sobre unas bases específicamente claras, para mí, como fiscal general, no habría problemas”, dijo el jefe del ente investigador en declaraciones a Blu Radio.
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación de Mutatá, Antioquia

Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación de Mutatá, Antioquia

Foto:

En 23 zonas veredales transitorias de normalización instaladas en distintas zonas del país, a mediados de 2016 se establecieron los guerrilleros de las Farc que se acogieron al proceso de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Trece años antes, los paramilitares que negociaron con el gobierno de Álvaro Uribe se ubicaron en zonas de concentración cuyo epicentro central fue Santa Fe de Ralito (Córdoba).
Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, señaló que aún es pronto para saber si se crearán esas zonas y que hay temas que deben quedar claros desde el comienzo. Y recordó que el Gobierno dio puntadas el año pasado aclarando que no se trata de zonas de despeje, es decir que las autoridades civiles permanecerían en esos lugares.
Esta claridad se da ante lo sucedido durante el despeje con las Farc durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, que fue aprovechado por la guerrilla para realizar delitos como el secuestro, la extorsión y el hurto de ganado.

Con distintos informes de inteligencia y la sociedad civil están configurando las áreas que ellos dicen que tienen mayor incidencia de violencia.

“Lo que se iba a dar también era una articulación con los gestores de paz y las autoridades de la zona para avanzar en los diálogos y en la mediación, pero eso era solo respondiendo a un enfoque territorial que le quieren dar al proceso. Con distintos informes de inteligencia y la sociedad civil están configurando las áreas que ellos dicen que tienen mayor incidencia de violencia”, dijo Cabezas.
Para Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos en Antioquia e integrante de la Fundación Sumapaz, paralelo a una decisión en ese sentido se tendría que garantizar la llegada del Estado.
“Con la salida de los actores armados de los diferentes territorios, el Estado colombiano tiene que hacer la suficiente presencia institucional para impedir que se reagrupen o lleguen otros grupos armados ilegales a consolidarse en estas zonas dejadas por los anteriores grupos”, dijo Zapata.
Y añadió que en las zonas que eventualmente fueran elegidas para la concentración de ilegales tendrían que darse condiciones claras de seguridad y estar alejadas de la población civil para evitar afectaciones adversas.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, lideró el consejo de seguridad en la Tercera Brigada de Cali.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, lideró el consejo de seguridad en la Tercera Brigada de Cali.

Foto:Alcaldía de Cali / Policía de Cali

Por ese mismo lado habló Olguin Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, quien en diálogo con EL TIEMPO afirmó que como líder social y defensor de derechos humanos tiene una serie de incógnitas con las zonas de concentración. Para él, en efecto, esa idea podría ser viable, pero con una serie de condiciones.
"Tenemos el ejemplo de los lugares de concentración de los del Acuerdo de Paz, y desde estos se continúa delinquiendo, lo cual pone en riesgo a las víctimas. Ahora, estos nuevos centros podrán tener beneficios en algunos lugares, pero para nadie es un secreto que tendría que haber una zona de despeje, de militarización para esos grupos al margen de la ley.
Además, añadió que en el Catatumbo -donde vive- sin necesidad de que haya esas zonas, la guerrilla transita libremente por las calles, como hace tres días lo hicieron en San Calixto, poniendo en riesgo a la población civil.
La líder social y exalcaldesa del municipio de Policarpa, Nariño, Claudia Cabrera Tarazona, dijo estar de acuerdo con una eventual concentración de grupos armados ilegales en su territorio, siempre y cuando el Gobierno Nacional y las partes respeten unos acuerdos claros.
“Primero tienen que definir unos protocolos de cese del fuego bilateral, no como lo que está sucediendo en el país, donde estos grupos salen a amedrentar a la población civil”, indicó la líder.
Por su parte, Nevis Cadena, líder social del municipio de El Charco, en la costa Pacífica de Nariño, opinó que sí está de acuerdo, pero con un proceso de negociación claro. “Si venimos siendo concentración desde la violencia, por qué no desde la paz”, indicó tras insistir que deben existir unas reglas de juego “tanto del Gobierno como de las entidades territoriales y de los grupos, incluso se debe hacer una socialización con las comunidades para lograr una gobernanza que parta desde la misma participación ciudadana”.
Redacciones Justicia y Nación
El Tiempo

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