Sustitución voluntaria se congela en 97.000 familias

Sustitución voluntaria se congela en 97.000 familias

En Tumaco, el Gobierno reiterara sus compromisos 

Alto Mira y Frontera 1

Campesinos de las veredas que comprenden el sector de Alto Mira y Frontera -zona rural de Tumaco- exponen sus inquietudes frente al programa de sustitución.

Foto:

Carlos Ortega/ CEET

Por: Alicia Liliana Méndez. Redacción Paz 
09 de noviembre 2018 , 10:39 a.m.

Una decena de frentes de acción priorizó el Gobierno Nacional para asegurar la continuidad de los compromisos de los acuerdos de paz y garantizar que en las regiones, las cuales fueron zonas de conflicto, se sienta la inversión en programas sociales y desarrollo de las comunidades.

De acuerdo con lo proyectado en la administración anterior, la implementación de todos los frentes del posconflicto costaría 129.5 billones para 15 años. De acuerdo con el informe de la Contraloría General, el Acuerdo Final debería tener al menos 76 billones adicionales.

Dado que no se previeron las fuentes para ello, el gobierno está buscando recursos en todos los orígenes posibles. Y, además el Consejero para el posconflicto lidera un gran esfuerzo por racionalizar los gastos y hacer eficiente la gestión. Eso se ve también en el proceso de sustitución en que hoy se mostrará el resultado de esa reorganización.

Una de las primeras decisiones tomadas por el Gobierno Nacional fue congelar el número de familias que hoy hacen parte del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilegales.

Hasta la fecha han logrado firmar pactos individuales de sustitución 97.084 familias, que efectivamente están cumpliendo sus compromisos. La idea no es debilitar el programa, que fue una de las grandes apuestas del gobierno Santos en la lucha contra el narcotráfico, sino reordenarlo para hacerlo más eficiente.

Este gobierno ya tiene dos billones de pesos para ese programa, y lo primero que va a hacer es ponerse al día en los pagos con las familias, atrasados en casi todo el país, una situación que ha generado desconfianza entre las comunidades que se la jugaron por esa alternativa.

Encontramos un programa con un profundo desorden administrativo y muy poco cálculo de sostenibilidad financiera a largo plazo”, aseguró Emilio José Archila, alto consejero para el Posconflicto.

Y añadió que el presidente Iván Duque dio instrucciones para ponerle orden al programa y las inversiones, así como “organizar primero la casa por dentro” antes de seguir firmando acuerdos con más familias a las que habría riesgo de fallarles en los pagos. Esta decisión se hará oficial hoy en Tumaco, Nariño, una de las regiones del país con mayores problemas en la sustitución de cultivos debido a las presiones de grupos ilegales.

Como parte de esa revisión se realizó un reconteo de familias, se verificó su ubicación y la asistencia técnica que les estaban brindando. Se encontró que hay 17 equipos dedicados a asesorar técnicamente a los campesinos para hacer la sustitución y la forma de hacer más productivos los cultivos legales.
Esos 17 no alcanzaban a apoyar todas las familias, lo que derivó en el atraso del proceso. 

“El Presidente es un demócrata que cree profundamente en la legalidad; las propuestas que él ha hecho son públicas, presentadas como acto legislativo y que tendrían efecto hacia futuro”, dijo Archila a EL TIEMPO.

La implementación de todos los frentes del posconflicto costaría 129.5 billones para 15 años. (...) el Acuerdo Final debería tener al menos 76 billones adicionales.

El consejero afirmó que el Gobierno no va a destruir, sino a desarrollar los acuerdos y que por ello se tienen prioridades como la atención a las víctimas, la seguridad en las zonas más afectadas por la violencia, la inversión en vías e infraestructura que hagan sentir a las comunidades que el Estado llegó a esas regiones para quedarse.

Paralelo a esto se fortalecerá la protección de los líderes sociales y el acompañamiento de los exguerrilleros en su paso a la vida civil, con todo lo que eso implica en términos de justicia, paz, protección y oportunidades para ellos. “Es un compromiso y una responsabilidad histórica”, afirmó Archila.

Priorizados 170 municipios

En el nuevo enfoque de estabilización que activará el gobierno Duque se hará énfasis en 170 municipios que en el pasado fueron escenario del conflicto armado.

Se identificaron los problemas en cada zona para realizar una hoja de ruta que se implementará a partir del primero de enero del próximo año, beneficiando a 6 millones y medio de ciudadanos con programas sociales en los que participan todos los ministerios, gobernaciones y alcaldías.

"La implementación de todos los frentes del posconflicto costaría 129.5 billones para 15 años. De acuerdo con el informe de la Contraloría General, el Acuerdo Final debería tener al menos 76 billones adicionales", dijo el funcionario.

En estas zonas, ubicadas en 16 departamentos, la presencia de la Fuerza Pública es clave para garantizar el desarrollo social y la seguridad ciudadana.

Sobre los excombatientes y su camino a la civilidad, el compromiso del Gobierno es que quienes se mantengan en el camino de la legalidad van a recibir todos los beneficios adquiridos.

Otro de los objetivos es brindarles las herramientas que les permitan subsistir económicamente a quienes dejaron las armas, y que tanto empleados como independientes puedan tener acceso a programas productivos u oportunidades laborales.

Sobre la muerte de algunos excombatientes de las Farc, Archila señaló que el Gobierno ha estado atento a protegerlos y es importante esperar los resultados de las investigaciones que adelanta la Fiscalía, aunque “algunos han muerto en medio de enfrentamientos entre ilegales, muy probablemente por tráfico de drogas u otro tipo de actividades ilícitas”, concluyó.

Emilio José Archila Peñalosa, Alto Consejero para el posconflicto

Emilio José Archila Peñalosa, alto consejero para el posconflicto, afirma que cumplirle a las víctimas es una de sus prioridades.

Foto:

Oficina del Posconflicto

El alto consejero para el posconflicto, Emilio José Archila Peñalosa, se refirió a su papel en el cargo y sus prioridades.

¿Una prioridad de su consejería?
Las víctimas. Este es un tema complejo y prioritario para el presidente Duque. Hace referencia a aspectos de justicia y administrativos. En estos últimos se habla de la reparación colectiva, y en ese tema vamos a estar muy activos, ya que la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial serán una buena oportunidad para cumplirles a través de una buena planeación y ejecución.
Y en las reparaciones individuales hay algunas situaciones que se deben aclarar sobre temas jurídicos, pero nuestro compromiso es uno: lograr su reparación.

¿Cómo ve el gobierno a las Farc?

Cumplidas algunas particularidades que se preveían, la función del Gobierno es que ellos tengan todas las garantías que debe tener un partido político, no más, no menos.
El liderazgo en ese campo va a estar en el Ministerio del Interior, y siempre se les va a brindar la seguridad que necesiten, como políticos.

¿Y las relaciones con la JEP?

La JEP en sus cuatro niveles –tribunales, Centro de Memoria Histórica, Comisión de la Verdad y Desaparecidos– cuenta con que el Presidente va a garantizar su independencia, por lo que nuestra relación es totalmente respetuosa. Estamos listos a colaborar, a sus requerimientos de financiación y a lo que demanden para ejercer su función. Es un trabajo muy armónico y así lo ha destacado Naciones Unidas.

¿Cómo se está manejando la reforma integral rural?
Se tiene previsto un número de acciones administrativas como crear el banco de tierras; en eso se está avanzando. La relación de esta consejería con la Agencias de Tierras es muy estrecha, para ir consiguiendo lo que haga falta en el tema de tierras, y es un trabajo que se va a volver difícil porque en la medida en que vayamos avanzando, van a quedar menos tierras disponibles. Pero está todo el compromiso de cumplir dándoles prioridad a las zonas más afectadas.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ
Redacción Paz
En Twitter @pazELTIEMPO

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