En el bajo Cauca, a familias que sustituyen coca les cobran vacunas

En el bajo Cauca, a familias que sustituyen coca les cobran vacunas

'Caparrapos’ les quitan a las familias que sustituyen un 10 % del apoyo del Gobierno.

CÁCERES

En Cáceres, Antioquia, cerca de 700 familias han huido por amenazas de muerte de los grupos ilegales.

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Archivo Particular

Por: Alicia Liliana Méndez
03 de marzo 2019 , 01:16 a.m.

Cáceres, años atrás un pujante municipio del bajo Cauca antioqueño, hoy es prácticamente un pueblo fantasma.

El sábado 23 de febrero, a las 2 de la tarde, sus calles estaban vacías, la mayoría de los locales comerciales estaban cerrados y la poca gente que se veía saludaba esquivando la mirada.

La noche anterior había circulado por el pueblo un panfleto que decía: “Gente cacereña, se les pide que desocupen todo el barrio de la Magdalena y Calle Nueva, incluidos los locales”. El mensaje también lo hicieron llegar vía WhastApp y daban 24 horas para salir de la población, so pena de ser asesinados.

Las intimidaciones se han convertido en la constante. Entre los amenazados están un concejal, una funcionaria departamental y una mujer de la tercera edad. “Yo vivo de las ventas ambulantes, todo el mundo me conoce. Vivo de esto hace 35 años y no le hago daño a nadie”, narra entre lágrimas una de las personas intimidadas.

El año pasado se registraron en Cáceres seis desplazamientos masivos que afectaron a 687 familias. Un censo de la alcaldía de este municipio indica que hay 550 viviendas abandonadas.

Las amenazas a la gente provienen del ‘clan del Golfo’ y de ‘los Caparrapos’, dos redes criminales que, según autoridades, no suman más de 400 hombres en armas, y que llevan más de un año librando una lucha territorial por el control de cerca de 10.000 hectáreas de matas de coca y de la explotación ilegal de las minas de oro. A esto se agrega la pelea por las extorsiones, de las que son víctimas hasta los comerciantes informales.

En estas subregiones los pobladores no pagan al Estado los impuestos de Industria y Comercio o el predial, porque deben contribuir con las redes criminales que con fusil en mano hacen cumplir su ley

‘Los Caparrapos’ están bajo el mando de Emiliano Alcides Osorio, alias Caín o Pilatos, por quien el Gobierno ofrece 500 millones de pesos. Hasta hace año y medio hacía parte de la estructura criminal del ‘clan del Golfo’, pero él y los delincuentes que lo siguen formaron su propia red delictiva cuando el jefe del ‘clan’, alias Otoniel, manifestó su voluntad de someterse a la justicia. Desde ese momento, ‘los Caparrapos’ y el ‘clan del Golfo’ libran una guerra a muerte en la zona.

‘Los Caparrapos’ han llegado incluso más lejos que el ‘clan del Golfo’ en sus intimidaciones. Hace tres años, este grupo criminal amenazaba a los líderes sociales por apoyar el programa de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, y hoy extorsionan a las familias vinculadas al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilegales.

“El día que el Gobierno nos paga, llaman, y sobre los 2 millones de pesos que nos dan, nos exigen el 10 por ciento”, le contó a este diario una joven mujer que vive en la zona rural de Tarazá, otro de los municipios del bajo Cauca.

“Si uno se trata de hacer el bobo para no darles los 200 mil pesos –sigue contando la campesina–, llaman y se meten con los hijos y la familia de uno. Ellos tienen la lista de quienes nos suscribimos al programa”.

El precio de la base de coca que se produce en la zona lo imponen ‘los Caparrapos’, quienes no permiten que sea vendida a un grupo armado distinto a ellos.

“Por nada lo pelan (matan) a uno, nos amenazan y están pagando poquito por kilo de base. Por eso yo decidí sustituir. Yo coca no vuelvo a sembrar”, dice un hombre de 42 años, quien vive en un corregimiento de Caucasia.

A todos los extorsionan

Lo que obtienen por extorsión, en todas sus modalidades, es, según las autoridades, la caja menor de los grupos que delinquen en el bajo Cauca.

“Aquí les cobran a los mototaxistas por día de trabajo, al menos 10 mil pesos, y esa es la economía informal más grande de la región”, le contó a EL TIEMPO un hombre de 34 años, padre de tres hijos que vive de esta actividad.

Por ejemplo, una de las discotecas grandes de Tarazá cerró. “Debía darles a los ‘señores’ 500 mil pesos cada mes y este año le subieron a 700 mil pesos, y no pudo más”, dijo un habitante de la zona.

La extorsión también ha afectado a los barequeros. Por cada 4,6 gramos de oro que extraen deben entregar el 10 % de lo que venden”, tanto a los hombres del ‘clan’ o a ‘los Caparrapos’, depende de la zona.

“En estas subregiones los pobladores no pagan al Estado los impuestos de Industria y Comercio o el predial, porque deben contribuir con las redes criminales que con fusil en mano hacen cumplir su ley”, le aseguró uno de los alcaldes al defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, quien la última semana de febrero recorrió los municipios de San José de Uré y Montelíbano, en el sur de Córdoba; y Cáceres, Caucasia, Tarazá y El Bagre, en el bajo Cauca antioqueño.

El control y la violencia de las bandas en la región se evidencian en los homicidos. En Cáceres, por ejemplo, de 15 muertas violentas en 2017 se pasó a 51 en 2018, lo que equivale a un incremento del 240 por ciento.

La Defensoría del Pueblo ha emitido desde el año pasado seis alertas tempranas sobre la vulnerabilidad en la que está la población por la violencia del ‘clan del Golfo’, ‘los Caparrapos’, las disidencias de los antiguos frentes 5, 18 y 58 de las Farc y la guerrilla del Eln.

“Una alerta atendida a tiempo es una vida salvada”, sostiene el Defensor del Pueblo.
En las alertas se advirtió sobre los desplazamientos masivos, los homicidios selectivos, la vulnerabilidad de las comunidades afro e indígenas, que en muchas zonas se encuentran confinadas, y el peligro que corren los líderes sociales.

Estamos trabajando con
el Procurador General. A los funcionarios que no atiendan las alertas tempranas se
les abrirá una investigación disciplinaria

“Uno está con la comunidad y llegan sin ser invitados (miembros de grupos armados). Dicen que son la ley y que el pueblo les pertenece. Uno les dice que dejen a la comunidad tranquila, pero nos amenazan, y si el otro grupo se entera de que estuvieron, nos acusan de auxiliadores”, cuenta el presidente de una junta de acción comunal. En esta zona del país han sido asesinados 36 líderes sociales desde el 2016.

Al encuentro con el Defensor del Pueblo en Cáceres no asistieron muchos campesinos porque los grupos armados les prohibieron salir desde las veredas y corregimientos.

La gente se refiere a ellos como ‘los señores’ o los de ‘los grupos’; nadie se atreve a mencionarlos directamente, aunque todos saben quiénes son y de dónde vienen.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ
REDACCIÓN JUSTICIA

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