Mientras que la resiembra de cultivos ilegales es del 35 por ciento cuando se hace erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública, esa cifra de reincidencia en los cultivos de coca es de solo el 0,6 por ciento cuando las comunidades arrancan las matas voluntariamente.
Esa es la principal conclusión del informe elaborado por Naciones Unidas a corte del 31 de enero sobre el monitoreo y la verificación del programa de erradicación voluntaria de cultivos de coca al que tuvo acceso EL TIEMPO.
“Pasado un año de la realización del primer pago en 7 municipios de igual número de departamentos, a 31 de enero del 2019 UNODC verificó 1.615 hectáreas de cultivos ilícitos erradicados voluntariamente y evidenció la persistencia de 9,6 hectáreas, correspondiente al 0,6%” se lee en el documento.
Es la primera vez que Naciones Unidas -durante el programa y el muestreo- realiza este tipo de medición, como plan piloto adelantado en Tibú (Norte de Santander), Cumaribo (Vichada), Briceño (Antioquia), San José del Guaviare (Guaviare), La Uribe (Meta), Tumaco (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo), para evaluar los resultados de la sustitución voluntaria frente a la resiembra o el rebrote de los cultivos ilícitos.
Desde noviembre del año pasado el Gobierno anunció que el programa de sustitución voluntaria se congelaba para hacer una reestructuración y reacomodamiento de los pagos atrasados, sobre la salvedad de que se le iban a cumplir los compromisos a las 99.097 familias que suscribieron sus pactos individuales y que han honrado el acuerdo.
“La más reciente evaluación y medición realizadas por Naciones Unidas arrojan cifras muy importantes que confirman la eficacia social y ambiental de la estrategia de la sustitución voluntaria pactada en el acuerdo de paz”, dijo una fuente que ha estado frente al proceso y afirmó que “no puede haber duda en que la cooperación de los campesinos en la sustitución es el camino sólido y sostenible para acabar con los cultivos de uso ilícito”.
No puede haber duda en que la cooperación de los campesinos en la sustitución es el camino sólido y sostenible para acabar con los cultivos de uso ilícito
De acuerdo al informe, 67.420 familias se dedicaban al cultivo de matas de uso ilícito, 14.829 campesinos no cultivan matas de coca, pero habitan en zonas afectadas por el narcotráfico y 16.848 eran recolectores de hoja de coca.
Bajo el programa de sustitución voluntaria, que hace parte de los acuerdos de La Habana, después de 21 meses se han logrado exterminar 34.767 hectáreas de narcocultivos, de ellas 5.374 han contado con el apoyo de la Fuerza Pública.
Según la verificación realizada por Naciones Unidas el 94 por ciento de las familias ha cumplido con la erradicación voluntaria, y al menos 57.186 familias ya recibieron, al menos, el primer pago (un millón de pesos).
En la actualidad son 14.144 familias las que están dentro del programa con seguridad alimentaria, es decir, que ya están desarrollando un programa agrícola para autoabastecerse y tener un modo legal de subsistencia.
“La implementación de los proyectos productivos de ciclo corto busca generar ingresos rápidos para apoyar los procesos de sustitución de cultivos ilícitos, de acuerdo con la preferencia de cada núcleo familiar y las condiciones y potencialidades de la zona. A 31 de diciembre de 2018 se concertaron con las familias y se elaboraron 3.313 planes de inversión de proyectos productivos de ciclo corto”, señala la ONU en su informe.
Otras 33.378 familias ya están recibiendo la asistencia técnica para entrar a la economía legal.
Dentro del informe se resalta la atención que han recibido los recolectores de la hoja de coca, conocidos como raspachines, a quienes se les buscó una oportunidad laboral para desarrollar “obras comunitarias y otras fuentes de empleo que surjan en el marco de la implementación de la Reforma Rural Integral RRI”.
Con base en el balance presentado por el organismo multilateral dentro de la ejecución del plan de atención para 16.328 recolectores en 15 municipios se les contrato para ayudar en el arreglo de carreteras, de huertas escolares, de caminos veredales, mantenimiento de escuelas y centros comunitarios, entre otros.
Según el documento, además de generar empleo, el Estado gracias a esas contrataciones con las comunidades se ha ahorrado $ 8.806 millones.
ALICIA LILIANA MÉNDEZ
REDACCIÓN JUSTICIA
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