La ONU ofrece auditar el proceso para reiniciar la aspersión aérea

El representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Pierre Lapaque, entregó esta semana al presidente Iván Duque el informe sobre el monitoreo de cultivos ilícitos en el país en 2019, que arrojó una disminución del 9 por ciento de los cultivos de coca frente al año 2018. Lapaque afirmó que esa es una muy buena noticia y destacó el papel de la Fuerza Pública en la erradicación forzada.

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Para nosotros es una muy buena noticia. En el 2017, el tope de cultivos ilegales estaba en 171 mil hectáreas y al año siguiente vimos una reducción. El año pasado fueron 154 mil hectáreas; es decir, 15 mil hectáreas menos, lo que representa una reducción del 9 por ciento, esa es una excelente noticia.

El Gobierno y la Fuerza Pública han hecho un esfuerzo muy grande, inmenso, frente a lo que tiene que ver con la erradicación forzada.

Aumentó en 1,5 por ciento, y eso se debe a la tecnificación del crimen organizado. Han mejorado sus técnicas para tener más coca con menos hojas. Usan mejores químicos, entonces, la transformación de la hoja de coca se ha profesionalizado, han logrado mejorar la calidad.

Hay que diseñar unas estrategias ajustadas a cada uno de esos territorios. Lo que puede funcionar en La Guajira tal vez no funcione en el Catatumbo. Además, identificamos enclaves productivos de coca, es la especialización de los grupos criminales en la producción, comercialización y exportación de la cocaína. Por eso es importante arreglar el problema de los grupos armados en esas zonas. Y, por último, la necesidad de trabajar con las comunidades.

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Ambos caminos son necesarios. Desafortunadamente Colombia tiene el 70 por ciento de la hoja de coca a nivel mundial. Si se trabaja solo con la voluntaria, se va a demorar mucho tiempo para ver un resultado rápido. Por eso la erradicación forzada es una decisión necesaria, porque va a tener un impacto rápido con el riesgo de la resiembra. Se necesitan proyectos productivos, hay que invertir, sacar dinero para darle un futuro a esos campesinos.

Donde se realiza la erradicación forzada hay un alto porcentaje de resiembra, entre el 40 y 50 por ciento; pero donde está la erradicación voluntaria, allí está el campesino cocalero que decidió cambiar de vida, la resiembra es de menos del uno por ciento. En los dos casos son necesarios los proyectos productivos, porque el campesino necesita una oportunidad. Es un paquete completo. El Gobierno lo tiene, y son la Ruta Futuro y las Zonas Futuro que plantea la presencia del Estado con vías, salud, colegios. Estos programas son buenos porque buscan de manera integrada apoyar estas comunidades. Lo importante aquí es que esas comunidades quieren cambiar, ellas deben hacer el esfuerzo, tener el interés de cambiar.

No es el papel de nosotros decir al Gobierno qué tiene que hacer en este tema. Colombia es un país soberano y su decisión es reiniciar la aspersión. Hay un marco jurídico, está la decisión de la Corte Constitucional, para el manejo del plan ambiental hay todo un sistema de control. La aspersión se hará dentro de ese marco. Nuestro papel, si el Gobierno lo quiere, es de apoyo, de hacer una auditoría para ver si la aspersión que va a empezar se hará dentro de este marco, velando por las comunidades y disminuyendo el riesgo sobre el medioambiente y la salud.

Todos lo hacen. Aquí estamos hablando de plata, de millones de dólares. Por eso, los grupos armados ejercen presión sobre los campesinos, que son los que menos ganan. Por eso es tan importante trabajar al nivel de las comunidades y del apoyo de los líderes sociales.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Redactora de Justicia

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