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Más de 300 menores de edad fueron reclutados en los últimos tres años
Reclutamiento niños

El ICBF habla de 71 casos en 2020 y 97 en el 2019.

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Néstor Gómez / Archivo EL TIEMPO

Más de 300 menores de edad fueron reclutados en los últimos tres años

Eln y disidencias, las principales amenazas para los niños, niñas y adolescentes. 

Un papá que sale de las instalaciones de Medicina Legal en Villavicencio con el cuerpo de su hija Danna Lizeth Montilla, de 16 años, sin dos de sus extremidades, en un ataúd. Una mamá que clama por saber el paradero de su hijo Andrés Fernando Valencia, de 15 años, que se aventuró, junto con otros siete amigos, a conocer el mar y cayó en manos de los armados a mitad del recorrido.

Ella murió en el campamento del jefe de las disidencias ‘Gentil Duarte’, bombardeado el 2 de marzo, y él salió de aventura de su casa en Caldas y habría caído en las redes de ‘los Caparros’. Solo uno de sus compañeros fue liberado.

Estas dos escenas desgarradoras, que sucedieron en Colombia esta semana, estarían bajo la sombra de un fenómeno del conflicto que no ha dejado de estar vigente en el país: el reclutamiento forzado de menores de edad.

Ni la pandemia, ni las restricciones a la movilidad ni la permanencia de los menores en sus hogares logró mantenerlos a salvo de organizaciones criminales que los reclutan, instrumentalizan para cometer delitos o los usan como escudos protectores para frenar la acción de las autoridades.

Cuatro meses después del inicio de la restricción más fuerte en marzo del año pasado, ya la Procuraduría advertía sobre el reclutamiento de menores indígenas de las etnias embera dobidá, katío y chamí y de la comunidad nonam, en Bojayá, e Istmina, Chocó; así como de niños indígenas de Toribío, Cauca; menores embera eyábida, de Murindó, Antioquia, e indígenas wounaan de Santa Rosa de Guayacán, en Buenaventura.

Esta vez no solo era un grupo el que intentaba poner en sus filas a los menores, sino nueve las redes criminales que a las malas u ofreciendo promesas económicas se los llevaban.

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Desde hace muchos años existen dificultades para hacer un seguimiento detallado a estos casos, por lo cual no hay una cifra precisa

Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el 2018 fueron reclutados 149 menores, en 2019 fueron 97, y el año pasado, 71.

El Eln sería el responsable del 38 por ciento de los casos; las disidencias de las Farc, del 34 por ciento, y el ‘clan del Golfo’, del 20 por ciento. El restante ocho por ciento habría sido reclutado ilegalmente por grupos como ‘los Caparros, ‘los Pelusos’ y otras bandas que delinquen en el país.

Aunque las cifras registran una reducción, lo cierto es que las mismas autoridades y ONG que siguen la problemática señalan que habría un subregistro alto por cuenta del temor de los familiares de denunciar lo sucedido con los menores. Y en otros casos porque la víctima reclutada termina aportando el dinero para el sostenimiento de la familia.

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Según cifras de la Fiscalía, en el ente acusador hay expedientes abiertos por casos de reclutamiento ilegal asociados a 225 personas el año pasado y 8 en lo corrido del 2021.

La investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) Paola González señaló que “desde hace muchos años existen dificultades para hacer un seguimiento detallado a estos casos, por lo cual no hay una cifra precisa que permita conocer cuántos menores hacen o han hecho parte de estos grupos”.

Añadió que se debe profundizar “en qué factores estructurales hacen que, después de tantas décadas, el fenómeno continúe vigente en Colombia”.

La gravedad de este drama silencioso que afecta a las familias más pobres se evidencia en 156 de las 200 alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo entre 2017 y marzo de 2021 y que están relacionadas con casos de reclutamiento forzado de menores en 238 municipios, entre otros, en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.

“Lejos de reducirse, el número de riesgos advertidos y de víctimas de reclutamiento se ha mantenido luego de la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto suscrito en 2016. La práctica criminal se adapta ahora a las nuevas dinámicas, actores y formas de uso y utilización”, dijo el defensor Carlos Camargo.

Lejos de reducirse, el número de riesgos advertidos y de víctimas de reclutamiento se ha mantenido luego de la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto suscrito en 2016

Es así como tras la desaparición de las Farc, uno de los disidentes, ‘Gentil Duarte’, es considerado, por las autoridades, uno de los mayores reclutadores de menores. Algunas comunidades de zonas alejadas de Guaviare señalan que los menores son esperados los viernes en la tarde cuando salen de los internados para sus casas por hombres de la disidencia que ofrecen dinero o supuestas garantías de seguridad para sus seres queridos si se vinculan a la red ilegal dedicada al tráfico de droga.

Menores recuperados

Un informe del comando de las Fuerzas Militares, conocido por EL TIEMPO, señala que el año pasado 411 niños, niñas y adolescentes fueron recuperados de grupos ilegales que los habían vinculado a sus filas. Es decir, en promedio, ocho menores lograron salir de estas estructuras cada semana del año pasado.

En lo corrido de 2021 se habrían desvinculado al menos 142 menores reclutados a la fuerza, es decir, 14 por semana. De estos 142, 85 habrían sido reclutados por el Eln; 50, por disidencias de Farc; 10, por el ‘clan del Golfo’, y 7, por ‘los Caparros’.

Y el ICBF, entidad encargada de brindar acompañamiento a los menores desvinculados, señaló que desde noviembre de 1999 hasta enero de 2021 fueron atendidas 6.931 víctimas.

De este número, los principales reclutadores serían las extintas Farc (56 por ciento), la guerrilla del Eln (19 por ciento), las Autodefensas (15 por ciento), las bandas criminales (5 por ciento) y los grupos armados residuales (3 por ciento).

Con ese estudio, el instituto denunció hace menos de un mes ante la Fiscalía y la JEP al Eln, a las Farc y a las disidencias por su responsabilidad en el reclutamiento de los menores.

La vicefiscal general, Martha Mancera, dijo que la Fiscalía vinculó a los jefes del Eln a 258 casos y hay en investigación otros 315 hechos atribuidos a quienes dejaron el proceso de paz y fueron excluidos por la JEP.

Estamos buscando dar visibilidad a este delito atroz, que atenta contra los derechos humanos y la colectividad de nuestra sociedad. Esperamos que haya sanciones ejemplarizantes, porque aquí hay hechos recurrentes, un fenómeno aceptado y oficializado por los cabecillas de estos grupos”, dijo la directora del instituto, Lina María Arbeláez.

Estamos buscando dar visibilidad a este delito atroz, que atenta contra los derechos humanos y la colectividad de nuestra sociedad.

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, la dimensión de este fenómeno es tal que, desde 1958 hasta 2020, en el país han sido reclutados y utilizados más de 17.860 menores de edad.

Para Hilda Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico), “más allá de un tema de diferencias en las cifras, lo que se evidencia es que el reclutamiento es una situación permanente, que ha sido parte del conflicto y muestra el involucramiento de los niños y niñas en la guerra. Esta es una problemática que requiere una respuesta integral del Estado”.

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El Gobierno, que sigue el fenómeno a través de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados (Ciprunna), señala que los primeros responsables de la situación son los victimarios que en contra del mismo sentido humano y de las normas internacionales reclutan a este sector vulnerable de la población.

“Estos reclutamientos son cometidos por todas las organizaciones criminales ligadas a las actividades de narcotráfico. Ellos instrumentalizan a los niños, niñas y adolescentes para actividades de microtráfico, como informantes o cobradores de extorsiones, aprovechándose de su inimputabilidad”, dijo la consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, quien además está a la cabeza de la Ciprunna.

Y monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, señaló: “El reclutamiento puede destrozar los planes de vida de los jóvenes. Hay que ver de qué manera el Estado crea las condiciones de presencia, respetando y protegiendo las comunidades. Si no se logra un cubrimiento de las zonas más vulnerables, los actores armados van a seguir victimizando y aterrorizando a las poblaciones”.

'Nadie, siendo un niño, puede decidir voluntariamente irse a combatir a una guerra'

EL TIEMPO habló con Maria Paula Martínez, directora de la organización Save the Children Colombia, que trabaja por la protección de los menores de edad en el país.
Según explica, hay diferentes riesgos y secuelas para los niños, niñas y adolescentes que son reclutados por los grupos armados.

¿Cuáles son los riesgos para los menores que son reclutados en el conflicto?

En primer lugar, la sociedad los pierde de vista, se vuelven invisibles. Eso puede llevar a que en algún momento los niños mueran en el marco de operaciones militares, o desaparezcan, hay menores que son reclutados y su familia nunca vuelve a saber de ellos.

De otro lado, las secuelas del reclutamiento son psicológicas y físicas. En lo psicológico, pierden la niñez, las posibilidades de recreación y de estudio, de tiempo en familia, porque a muy temprana edad les toca cargar un arma, ser informantes, ser obligado a ser compañara sexual de algún comandante, a tener abortos forzados, en el caso de las niñas. El conflicto y la guerra les quitan todo esto.

En el nivel físico hemos visto que son niñas muchas veces con problemas auditivos, por estar disparando un arma o en un campo minas; de ahí también que pueden ser víctimas de minas antipersonales o artefactos explosivos.

Cuando los niños son recuperados, ¿siguen en riesgo aún cuando ya se los quitaron a grupos armados?

En primer lugar, están en riesgo de ser sometidos a interrogatorios muy fuertes sobre su rol en el grupo armado, dónde operaba y cómo llegó allí. Hay riesgo de que en esas preguntas se sobrepasen los límites y se revictimice al niño por haber participado en las hostilidades.

El segundo es que niños, adolescentes, jóvenes y adultos que han dejado las armas tienen el riesgo de ser re-reclutados o usados en actividades ilícitas, o muertos por sus contrincantes y la gente que los considera como parte del otro bando.

En tercer lugar, hay un riesgo para los niños indígenas que vuelven a sus comunidades después de haber sido reclutados, muchas veces, como guías. A veces las comunidades indígenas, apelando a su propia justicia y la defensa de la autonomía de su territorio dejan de lado al menor. Es difícil coincidir en la apuesta social para recuperar un niño con las reglas indígenas de protección del territorio.

Por último, hay un riesgo ligado a la migración y a niños y niñas de Venezuela que son reclutados por los grupos armados. Habría que mirar si, cuando los menores son recuperados, se hace un rastreo de si están documentados, de si se puede restablecer los derechos con la familia


¿Qué estrategias pueden servir para combatir el problema del reclutamiento de menores?

Desde hace años el gobierno a través de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso/Utilización y la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados (Ciprunna) ha desarrollado iniciativas para la prevención de este delito, tratando de llegar a las comunidades y trabajar con los niños en su proyecto de vida, que tengan una opinión de vida legal y acceso a derechos básicos y que puedan crecer en entornos seguros para ello.

Nosotros apoyamos esos esfuerzos del Estado y trabajamos en entornos seguros que, para muchos niños, es la escuela. Por eso promovemos que se firme la declaración de escuelas seguras, que desde la familia haya una crianza libre de violencias y que las comunidades tengan programas de emprendimiento.

¿Qué opinión tiene frente a las declaraciones del ministro de Defensa, quien calificó a los niños reclutados en Guaviare como ‘máquinas de guerra’?

Desde Save The Children y de acuerdo a los tratados adheridos por Colombia en DIH los niños menores de 15 años que participan directamente en las hostilidades son víctimas en su calidad de niños Nadie puede decidir voluntariamente siendo un niño irse a combatir a una guerra que ni siquiera es de él. Son población civil a pesar de que estén participando directamente en las hostilidades, las consecuencias de no planear bien un operativo militar llevan a esto.

JUSTICIA

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