Hoy nos espanta la inseguridad, ¿qué hacer contra ella?

Hoy nos espanta la inseguridad, ¿qué hacer contra ella?

Alto consejero para Seguridad Nacional explica rol de economías ilegales, devotas del narcotráfico.

Rafael Guarín, consejero de Seguridad Nacional

El consejero de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República, el abogado Rafael Guarín.

Foto:

Mauricio Mendoza

Por: Plinio Apuleyo Mendoza
21 de julio 2019 , 09:47 p.m.

Con solo 46 años, Rafael Guarín Cotrino es nada menos que el alto consejero para la Seguridad Nacional. Difícil cargo en un país como Colombia, asediado por peligrosas economías ilegales sostenidas por el narcotráfico. De ellas se desprenden los males que hoy nos amenazan: las bandas armadas, el terrorismo, el asesinato de líderes sociales, los diarios atracos en las ciudades, la minería ilegal y los daños sufridos por el agua, la biodiversidad y el medioambiente.

El de Guarín no es un cargo burocrático. Fue nombrado por Duque teniendo en cuenta su copiosa hoja de vida. Abogado de la Universidad Libre, hizo luego estudios de maestría en acción política y Estado de derecho en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, en seguridad y defensa nacionales en la Escuela Superior de Guerra y en análisis y prevención del terrorismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha ocupado los cargos de viceministro de Defensa Nacional, procurador judicial II, ha sido profesor en la Universidad del Rosario, en la Sergio Arboleda, en la Universidad Católica y en la Universidad Libre. Ha escrito libros que pintan la actual situación de la democracia, seguridad y derechos humanos en Colombia. Fue columnista del ‘Nuevo Herald’ de Miami y de Semana.com.

Lo que muy pocos saben es que fue maestro cuando tenía solo 17 años. Dictaba clases durante el día para pagarse sus estudios universitarios en la noche. Con este pedigrí, se entiende su nombramiento en el actual cargo, en agosto del 2018.

¿Conocía usted al Presidente?

Nos conocimos hace 20 años en la Dirección Nacional Liberal. Él era subsecretario del Partido Liberal y yo, secretario ejecutivo de lo que se llamaba la constituyente de esa colectividad.

¿Cómo ha sido su relación con el Presidente?

Muy buena. En lo personal, con mucho respeto y cordialidad.

¿Cómo fue su paso como viceministro de Defensa?

Muy interesante. Un gran desafío porque una cosa es dictar clases y tener títulos en seguridad y otra, trabajar junto a los soldados y policías de Colombia en una tarea tan importante como es garantizar la seguridad de los ciudadanos en un momento muy complejo, como lo era el año 2010. Entonces persistían amenazas relacionadas con las organizaciones terroristas de las Farc, del Eln y de las demás bandas criminales. Fue muy apasionante porque no solamente permitió aplicar muchos de los conocimientos sino, sobre todo, aprender al lado de los hombres de la Fuerza Pública.

¿Cómo está conformado su equipo?

La consejería tiene participación de civiles, en su mayoría profesores universitarios de distintas áreas, como relaciones internacionales y economía. En temas de seguridad tengo personas que han publicado artículos especializados y libros. También trabajamos muy estrechamente con oficiales de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia.

¿Disponen de recursos?

Sí, nosotros no somos una consejería con muchos recursos económicos, pero sí con mucho músculo estratégico y político para incidir en las decisiones más importantes de seguridad en Colombia.

¿Qué está haciendo el Gobierno para remediar la situación que reina en el país respecto a la inseguridad y a los hechos de violencia?

Lo primero es recuperar el liderazgo de la Fuerza Pública y la cohesión de la sociedad colombiana alrededor de ella. La incertidumbre que usted señala tiene que ver con el hecho de que el Presidente recibió un país descuadernado. Eso hay que decirlo con claridad. En materia de seguridad nos entregaron una nación nadando en narcotráfico, con miles de hectáreas de coca. Colombia venía hasta el año 2011 y 2012 siendo un ejemplo internacional de éxito en la lucha contra los cultivos ilícitos. Logramos reducirlos a 48.000 hectáreas en ese tiempo. Ahora recibimos un país con 206.000 hectáreas. Por supuesto, multiplicar las hectáreas de coca por cuatro, casi cinco veces, significa multiplicar en ese mismo número las capacidades de las organizaciones criminales en los territorios; su violencia y capacidad armada, la infiltración que realizan en las instituciones, su poder de corrupción y también su capacidad de asesinar líderes sociales y defensores de derechos humanos.

¿Qué resultados concretos podrán esperar los colombianos a mediano o corto plazo?

En un año, volver a encuadernar el país no es fácil. Sin embargo, mire tres resultados: uno, logramos parar el tsunami de los cultivos ilícitos. Si hubiese mantenido su crecimiento, hoy tendríamos 238.000 hectáreas de coca. Hemos logrado detenerlo y llevarlo a 208.000. Eso ha sido un sacrificio enorme de la Fuerza Pública y un gran liderazgo del Ministerio de Defensa Nacional y del Presidente de la república. Además, en lo que va corrido del 2019 hemos logrado reducir los homicidios en un 4 por ciento. Esto es un resultado muy importante si se tiene en cuenta que el aumento de los homicidios tiene relación directa con las mafias y las economías ilícitas. Cuando usted ve dónde se concentran los homicidios, como es el caso del bajo Cauca o el sur de Córdoba, vemos que obedecen a una disputa por el control de los territorios como es el caso del ‘clan del Gofo’ o ‘los Caparros’. Por otra parte, nos entregaron el país con una deforestación desbocada, de más de 200.000 hectáreas en los últimos años, ligada a diversas actividades criminales. Es un verdadero delito contra el agua, la biodiversidad y el medioambiente. Su preservación y protección se convirtieron en asuntos de seguridad nacional por decisión del Presidente de la república. Esta decisión política permitió que se salvaran más 40 mil hectáreas que corrían el riesgo de ser deforestadas. Hoy contamos con Artemisa, una campaña grande del Gobierno sobre este tema.

¿Qué departamentos son víctimas de este mal?

Los tres más grandes afectados son Caquetá, Meta y Guaviare, nada más y nada menos que el corazón de la Amazonia colombiana. Los otros son Putumayo, Antioquia y Norte de Santander.

¿Como se explica el aumento considerable de los cultivos de coca?

Es el resultado de decisiones políticas equivocadas y cuya responsabilidad, algún día, la sociedad colombiana y las instituciones tienen que evaluar.

¿Cuáles decisiones equivocadas?

Por ejemplo, se redujeron los Grupos Móviles de Erradicación al 10 por ciento. Se eliminaron las políticas exitosas que estaban orientadas a transformar los territorios más afectados por los cultivos ilícitos que venían ejecutándose del 2008 al 2011. Se desmontaron las instituciones que venían trabajando esos programas. Se inició un plan de sustitución pactado en La Habana que se implementó de manera anárquica e irresponsable y tiene relación directa con la expansión de los cultivos de coca. Prometer 36 millones de pesos a las familias llevó a que se multiplicaran las hectáreas de cultivos ilícitos.

¿Por qué no se ha empleado el glifosato, que es de normal uso en casi todos los países, inclusive en la agroindustria alimentaria?

Hay decisiones judiciales de la Corte Constitucional que han establecido una serie de requisitos para poder aplicar nuevamente la aspersión aérea. El Gobierno ha venido trabajando para cumplirlos con rigurosidad. Pero este no es un tema de glifosato o no glifosato o de aspersión o no aspersión. El problema que tiene Colombia es que no puede estar con los brazos cruzados mientras el país se ahoga en hectáreas de coca y en toneladas de cocaína. Lo que está en juego aquí es la seguridad nacional.

Es cierto que los cultivos de coca se han frenado ligeramente. ¿Pero para los Estados Unidos y para la opinión internacional no es muy poco?

El esfuerzo ha sido hasta ahora impresionante. Pero para lograr una mayor efectividad se debe contar con todas las herramientas disponibles contra los cultivos ilícitos. Eso implica la necesidad de aspersión en el marco que señale la jurisprudencia de la Corte Constitucional y ahora, el Consejo Nacional de Estupefacientes. Desde el 7 de agosto hasta el 30 de junio del 2019 se han erradicado 68.875.000 hectáreas, lo cual equivaldría a 83.000 canchas de futbol. Entre el 1.º de enero y el 30 de junio de este año, la erradicación manual aumentó en un 55 % y las incautaciones de base de coca, en un 107 %. Estamos trabajando, pero tenemos que trabajar aún más.

¿La supresión del glifosato tuvo que ser autorizada por la Corte o fue una decisión del gobierno Santos?

Sí, en principio fue una decisión del gobierno Santos en el marco del Consejo Nacional de Estupefacientes. La Procuraduría General de la Nación señaló en ese momento que no existía ningún argumento de carácter científico ni técnico para prohibir el glifosato.

Por primera vez se establece, en una política de defensa y seguridad, que el interés nacional principal y prevalente es el agua, la biodiversidad

El cultivo de coca y la extracción ilícita de minerales están generando un gravísimo impacto en el agua, la biodiversidad y el medioambiente. ¿Cómo se puede controlar esto?

Por primera vez, en una política de defensa y seguridad se establece que el interés nacional principal y prevalente es el agua, la biodiversidad y el medioambiente. Esta política plantea que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional tienen que proteger y preservar estos recursos de intereses foráneos, así como de las amenazas criminales, en particular de aquellas que están asociadas con los cultivos ilícitos, la extracción ilícita de minerales, el acaparamiento de tierras, el tráfico de fauna y flora y el robo de la biodiversidad.

Las Fuerzas Militares aseguran que siempre han llegado a los más apartados territorios del país sin ser acompañados por organismos del Estado que puedan garantizar el control de la región. ¿Cómo puede el gobierno actual cambiar esta situación?

Un documento del presidente Duque señala que la principal amenaza a la seguridad en Colombia son los espacios vacíos de institucionalidad. Las amenazas a la seguridad no se resuelven solo con tropa y más tropa o policía y más policía. No se trata simplemente de realizar operaciones militares o de policía, sino que llegue la salud, la educación, la infraestructura y que haya una sustitución de las economías ilícitas por economías lícitas.

¿Qué se ha logrado hasta ahora?

Para enfrentar ese reto, el Presidente determinó que van a existir cinco zonas que tendrán la focalización de los servicios sociales del Estado: el Pacifico nariñense, el bajo Cauca, el sur de Córdoba, el Catatumbo, Arauca y una zona ambiental que es la de Chiribiquete y los parques naturales aledaños.

¿Ustedes han podido determinar quién está detrás del asesinato de líderes sociales?

Sin duda, los grupos armados que se disputan el control de las economías ilícitas. Los líderes sociales que se oponen al control de los territorios y las poblaciones son víctimas de la violencia. Por eso volvemos al mismo punto, haber permitido que en Colombia se multiplicaran las hectáreas de coca, por 4 o 5 veces, ha sido el principal detonante de esta situación.

¿Qué están haciendo ustedes frente a la preocupante inseguridad en las ciudades?

El exfiscal Néstor Humberto Martínez y el ahora fiscal Espitia han estado liderando con el Gobierno la integración entre inteligencia, investigación nacional y Fiscalía. Esto va a permitir que el Estado sea mucho más efectivo no solamente contra grandes grupos armados organizados, sino también contra estas bandas delincuenciales que azotan las ciudades.

Asistimos a numerosas denuncias contra oficiales del Ejército. ¿Teme que lo afecten en su trabajo?

Hay muchas acusaciones sin fundamento. Por ejemplo, que haya en el Ejército una política de promoción de las muertes en combate. Los datos son contundentes. Las operaciones militares han aumentado en cerca de un 132 % y en más de 37 % los combates en relación con un periodo similar del gobierno anterior. Estamos haciendo más operaciones militares, pero siendo mucho más rigurosos en el uso de la fuerza. Todas estas capacidades que estuvieron desplegadas hace unos años para enfrentar la amenaza de las Farc hoy tienen un desafío grande como la Fuerza de Tarea Omega, cuya prioridad es defender en el sur del país el agua, la biodiversidad y el medioambiente.

¿Otro peligro?

Las elecciones de octubre. Una de las secuelas de haber dejado el país nadando en coca es que hoy, los narcotraficantes tienen cinco veces más capacidad de intimidar a los electores de alcaldías y gobernaciones. Por eso, el Presidente y la ministra de Interior lanzaron el plan Ágora, para enfrentar la amenaza que existe en al menos 130 municipios del país.

PLINIO APULEYO MENDOZA
Para EL TIEMPO

Descarga la app El Tiempo. Con ella puedes escoger los temas de tu interés y recibir notificaciones de las últimas noticias. Conócela acá

Sigue bajando para encontrar más contenido

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.