Aunque tropas del Ejército Nacional se dirigen a Bojayá a reforzar al seguridad de la zona, tras la denuncia de pobladores de una incursión armada de unos 300 hombres en varias comunidades como el corregimiento de Pogue, Bojayá no es el único lugar que está en alerta en Chocó.
Desde abril del 2019, la Defensoría del Pueblo había advertido de riesgos por enfrentamientos entre grupos armados, confinamiento por la siembra de minas antipersonales, reclutamiento forzado de menores, entre otros, en varias zonas de Chocó.
La Defensoría advirtió, en ese entonces, de riesgos para las comunidades de Villa
Hermosa, Egoroquera, Playita, Unión Baquiazá, Mesopotamia, Boca de Opogadó y Pogue, municipio de Bojayá, departamento del Chocó.
El defensor regional del Chocó, Luis Enrique Murillo, comentó sobre la actual situación de Bojayá que esto es lo que la Defensoría venía advirtiendo y que las medidas que se tomaron frente a esa alerta no habrían sido suficientes.
Murillo indicó que hasta este miércoles ninguna institución, ni siquiera el Ejército, había podido llegar al corregimiento de Pogue, en donde se denunció el arribo de 300 hombres armados que se identificaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Y, por parte de la Defensoría, dijo Murillo, se está intentando establecer contacto con los pobladores, pero indicó que los hombres armados están restringiendo las comunicaciones en el lugar, por lo que desde que se denunció esta incursión, el 31 de diciembre pasado, no han podido hablar con las personas de la comunidad ni llegar allí.
En noviembre pasado, durante el sepelio colectivo de las víctimas de la masacre de Bojayá ocurrida en mayo del 2002, el Comité de Derechos Humanos de las Víctimas de Bojayá reiteró el llamado de la comunidad a que el Estado no los abandone, y advirtió sobre presiones de grupos armados, reclutamiento forzado de menores, aumento de siembra de cultivos ilícitos, entre otros.
Las tropas del @COL_EJERCITO refuerzan su compromiso de mantener la seguridad de los habitantes en los corregimientos aledaños al municipio de Bojayá, e invitan a denunciar de manera oportuna para actuar ante cualquier hecho que pueda afectar la tranquilidad. pic.twitter.com/06mT2Cc7XD
— Presidencia Colombia (@infopresidencia) January 2, 2020
Además, este comité indicó que iba a pedirle al Gobierno que trasladara a la población asentada en Pogue por alto riesgo frente a grupos armados. Al respecto, Murillo explicó que parte de ese riesgo que tiene la comunidad se relaciona con que cuando las Farc dominaban los territorios en Chocó, esta guerrilla tenía mucha presencia en Pogue, por lo que hoy, que ya no están las Farc, los pobladores son estigmatizados, lo que los pone en alto riesgo frente a otros grupos armados.
En abril, en la alerta temprana de la Defensoría se leía que estos riesgos se debían a la agudización de la presencia del frente Resistencia Cimarrón del Eln y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que son el 'clan del Golfo', en territorios colectivos ubicados en las cuencas de los ríos Opogadó, Napipí y Bojayá y la subcuenca del río Cuía, en el marco de sus disputas por el control territorial.
Desde octubre de 2019 @DefensoriaCol advirtió alto riesgo de consumación de la AT 017/2019 por los enfrentamientos entre AGC y ELN en Bojayá, Chocó (Napipí, Doguadó y Opogadó). Estos dos grupos armados deben sacar a la población civil de su confrontación y respetar sus derechos. pic.twitter.com/fTjVzeJTwt
— Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) January 2, 2020
Chocó es de gran importancia para negocios ilegales, puesto que es un corredor natural fluvial para el tráfico de cocaína hacia la costa Pacífica, y de ahí a Centroamérica y Estados Unidos.
Es por esto que tras la firma del acuerdo de paz con las Farc, y la salida de la guerrilla de la zona, el Eln y el 'clan del Golfo' emprendieron campañas de expansión hacia estos territorios, y en la actualidad, estos dos grupos mantienen un enfrentamiento constante por el control territorial y el manejo de las rentas ilícitas no solo del narcotráfico —principalmente de coca—, sino también de la minería ilegal, y el dominio del tráfico de madera y armas y la extorsión.
En medio de esta dinámica del conflicto, los grupos armados, como también lo reseñó la Defensoría, han venido sembrando minas antipersonales para evitar el tránsito de las comunidades por ciertas zonas, además se han presentado e incrementado eventos de reclutamiento forzado de menores.Sobre eso, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), advirtió en su informe sobre el primer semestre del 2019 que en Chocó se presentaron eventos de reclutamiento forzado especialmente en comunidades indígenas.
JUSTICIA
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