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Conflicto y Narcotráfico

¿Qué falta para que vuelva la fumigación de cultivos ilegales?

El decreto que regula el programa de aspersión establece que la ejecución del mismo está a cargo exclusivamente de la Policía Antinarcóticos.

El decreto que regula el programa de aspersión establece que la ejecución del mismo está a cargo exclusivamente de la Policía Antinarcóticos.

Foto:Rodrigo Sepúlveda / Archivo EL TIEMPO

En un mes quedará en firme decreto que regula aspersión. Estudios de riesgos solo saldrían en abril.

María Isabel Ortiz Fonnegra
Sin tener aún los estudios de riesgos a la salud y el medioambiente frente a las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos, el Gobierno ya inició el proceso para que vuelva el glifosato. Pero para volver a esa técnica, en la que el Gobierno del presidente Duque ha insistido, aún falta tiempo.

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El pasado 30 de diciembre, el Ministerio de Justicia publicó el proyecto de decreto que regulará las fumigaciones, y hasta el 30 de enero se recibirán comentarios de los ciudadanos sobre el mismo, tras de lo cual entrará en vigor, pero esto no reanuda automáticamente esta técnica, que fue suspendida por la Corte Constitucional desde 2015, y condicionada desde 2017 a que se cumplan varios requisitos para proteger la salud de los ciudadanos y el medioambiente.
Para ello se necesita el aval del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), que solo tomará una decisión cuando pueda estudiar tanto la regulación en firme –que debe cumplir todas las condiciones de la Corte Constitucional ratificadas a mediados del año pasado– como estudios científicos que evidencien que los riesgos para la salud y el medioambiente por las fumigaciones aéreas pueden mitigarse; y esos estudios solo estarían listos a finales de abril, según le dijo a este medio la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco.
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La funcionaria anotó que para convocar al CNE sobre este asunto se debe avanzar con la firma del decreto, los actos administrativos y protocolos para el desarrollo de la reglamentación que se propone allí, y los estudios sobre riesgos que están haciendo los ministerios de Salud y de Ambiente.
La propuesta para levantar la prohibición de las fumigaciones aéreas que estudiará en ese momento el Consejo deberá ser presentada por la Policía, como ejecutor del programa de aspersión, según dijo el Ministerio.

Seguiremos trabajando en la erradicación y en la sustitución con las familias, pero necesitamos de la aspersión aérea en donde los grupos ilegales instalan explosivos

No obstante, en el proyecto de decreto se establece que antes de la decisión definitiva el CNE “podrá ordenar pilotos de la ejecución del programa que permitan monitorear y establecer la procedencia de su ejecución en todo el territorio nacional, así como su ajuste, cuando a ello haya lugar”, lo que podría demorar más la decisión sobre las aspersiones.
En el Consejo, el Gobierno tiene las cartas a su favor, pues en ese organismo, que debe ponderar los riesgos frente a la seguridad y la lucha contra las drogas, las decisiones son por votación y al menos 6 de los 9 puestos son de sus ministerios (Justicia, Defensa, Educación, Salud, Relaciones Exteriores y Agricultura) y los otros 3 miembros son la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía.
Pero, aunque tenga mayoría allí, el Gobierno debe respaldar sus decretos con conceptos serios, pues estos podrían ser demandados ante el Consejo de Estado, también podrían enfrentar tutelas. Hasta marzo del 2019 contra el Estado ya había 268 demandas por fumigación o aspersión con glifosato, con pretensiones por 2,1 billones de pesos.

Tiempo de entrenamiento

Aunque una decisión favorable en el CNE daría luz verde para la fumigación, queda pendiente el tema de las naves para fumigar, y si deben entrenarse pilotos para esa tarea.
Hasta el 2011 las operaciones de fumigación eran financiadas por Estados Unidos, que compraba el herbicida y contrataba a los pilotos y las aeronaves privadas con las que se asperjaba. La Policía Antinarcóticos brindaba seguridad a las aeronaves y en tierra preparaba la mezcla del glifosato, además de diseñar el plan operacional. Con la nacionalización del Plan Colombia, el país empezó a comprar el herbicida y costear la operación de aspersión, aunque sigue recibiendo apoyo de Estados Unidos.
Ahora, el decreto que regula el programa de aspersión establece que la ejecución del mismo está a cargo exclusivamente de la Policía Antinarcóticos.
Al respecto, fuentes consultadas afirmaron que como hasta el momento no se ha autorizado el regreso del glifosato, en la institución no hay ninguna orden frente a ello ni se están haciendo procesos de adecuación de aeronaves, ni entrenamientos.
Casi la mitad de la coca está en zonas protegidas

Casi la mitad de la coca está en zonas protegidas

Foto:

Limitaciones a la fumigación

Entre las aclaraciones de la Corte el año pasado está que el Gobierno debe respetar lo pactado en el acuerdo de paz sobre solución al problema de las drogas, y el acuerdo prioriza la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y, solo cuando esto no sea posible, permite erradicación forzada manual y, como última instancia, la aspersión. Esto implicaría procesos de concertación con las comunidades.
Hasta noviembre de 2019 fueron erradicadas forzosamente más de 80.000 hectáreas de coca, según informó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; y entre mayo de 2017 y octubre de 2019 fueron arrancadas de manera voluntaria 40.506 hectáreas de coca, según el informe de la ONU con corte al 31 de octubre del 2019.
El informe agrega que con la erradicación voluntaria, que es acordada con las comunidades, la resiembra solo alcanza el 0,4 %; en cambio, donde hay erradicación forzosa, hay más o menos un 30 % de resiembra. Frente a esto, la ministra Cabello dijo que la política contra las drogas del Gobierno contempla todas las opciones, incluida la sustitución, y que las fumigaciones aéreas solo se harán en zonas con alto nivel de afectación en las cuales se dificulten otras alternativas.
En todo caso, la aspersión no podrá implementarse en zonas como parques y reservas naturales, resguardos indígenas y consejos comunitarios afros, cuerpos o cursos de agua, ni en centro poblados. Y allí el Gobierno tiene un reto, puesto que el 47 % de la coca del país está precisamente en esas zonas en donde la aspersión no es una opción.
Todo este proceso hace parte de una carrera contra el reloj, pues el Gobierno, en el marco de la certificación otorgada por los Estados Unidos a mediados del año pasado, tiene como meta bajar para 2023 a la mitad la cifra de cultivos ilegales, que hoy es de 169.000 hectáreas.

Comunidades se oponen al regreso del glifosato

Cuando la Corte Constitucional frenó en 2017 las aspersiones con glifosato, lo hizo al fallar una tutela del Consejo Comunitario de Nóvita, Chocó, por afectaciones debido a las fumigaciones. En ese fallo la Corte no solo le impuso al Gobierno condiciones para volver a asperjar, sino que ordenó adelantar una consulta previa en Nóvita que, dos años después, aún no se hace.
Víctor Darío Luna, representante del Consejo Comunitario, dijo que siguen esperando ese proceso pero que, de igual forma, se oponen al regreso del glifosato y que para cambiar la realidad de los territorios hay es que llevar oportunidades.

Consideramos que no es la solución, la gente vuelve y siembra luego de la aspersión. Donde hay cultivos ilícitos es porque no hay oportunidades, no hay acompañamiento del Estado

“Consideramos que no es la solución, la gente vuelve y siembra luego de la aspersión. Queremos es tener acceso a proyectos legales que generen ingresos para las familias, vías para comercializar esos productos legales, centros de salud... Donde hay cultivos ilícitos es porque no hay oportunidades, no hay acompañamiento del Estado”, concluyó.
REDACCIÓN JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com
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María Isabel Ortiz Fonnegra
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