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Los pecados de políticos que se aliaron con los paramilitares
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El jefe de las Auc Carlos Castaño Gil.

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AFP

Los pecados de políticos que se aliaron con los paramilitares

El jefe de las Auc Carlos Castaño Gil.

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La Corte Suprema y la Fiscalía hoy siguen investigando esos nexos.

Tras la desmovilización de los paramilitares a partir del año 2005, se destaparon las alianzas que en las regiones acordaron políticos a todos los niveles e integrantes de esas organizaciones ilegales. 

Alcaldes, gobernadores, concejales y congresistas empezaron a aparecer señalados de recibir apoyo de las Autodefensas para llegar a sus cargos y de impulsar el crecimiento de esas redes ilegales en el país.

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía abrieron varios capítulos judiciales por regiones de lo que se conoció como la 'Parapolítica' algunos de los cuales hoy siguen abiertos. Víctimas de las Autodefensas se quejan de que esas investigaciones no llevaron a judicializar a todos los políticos que sellaron alianzas con los paramilitares.

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Hace 15 años, Salvatore Mancuso fue el primer jefe paramilitar que empezó a dar cuenta detallada de hasta dónde se había extendido el cáncer de lo que el país conocería como la ‘parapolítica’.

Mancuso señaló ante la Corte Suprema que el 35 por ciento de los miembros del Congreso habían sido elegidos en las zonas en los que había fuerte presencia de los paramilitares.

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A lo largo de estos años, la Corte Suprema y los jueces condenaron a 257 dirigentes políticos, entre ellos 58 congresistas y excongresistas y nueve gobernadores.  En la larga lista de enredados hay dos presidenciables. cuatro expresidentes del Congreso y un expresidente de la Cámara.

Terminaron procesados políticos tan poderosos como Mario Uribe Escobar, Luis Alfredo Ramos, cuyo caso sigue sin resolverse en la Corte.  Además aparecen Erik Morris, Dieb Maloof, Miguel de la Espriella y Alfonso Campo Escobar.

Pero no solo por recibir apoyo de los paramilitares terminaron condenados políticos, sino por incurrir en delitos tan graves como homicidios e incluso en el plan para acabar con la Unión Patriótica.

Alrededor de 80 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) llegaron hasta el corregimiento de Macayepo, en Carmen de Bolívar, y usando garrotes, machetes y rocas asesinaron a 12 campesinos y obligaron a 246 familias a desplazarse de su territorio. La masacre de Macayepo se cometió el 14 de octubre de 2000 y la Corte Suprema de Justicia estableció que un senador de la república, Álvaro Alfonso García Romero, estuvo detrás de los hechos, y lo condenó a 40 años de prisión: una de las penas más altas que se les ha impuesto a los congresistas involucrados en el capítulo de la 'parapolítica'.

Y hace un par de meses la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó al exrepresentante a la Cámara por Antioquia, César Augusto Pérez García, en condición de autor mediato en aparatos organizados de poder frente al homicidio agravado de Elkin de Jesús Martínez Álvarez, alcalde electo del municipio de Remedios (Antioquia) por el movimiento político Unión Patriótica.

El exrepresentante está hoy en día en detención domiciliaria por la condena de 30 años de prisión por la masacre de Segovia (Antioquia), impuesta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La puerta a la JEP

Tras la entrada en vigencia de la Justicia Especial para la Paz (JEP) nacida de los diálogos de paz de La Habana con las Farc, parapolíticos ya procesados pidieron cupo en esa jurisdicción transicional.

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Procesados como Salvador Arana Sus, quien fue gobernador de Sucre entre 2001 y 2003, y embajador de Colombia en Chile antes de que se descubrieran sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y los excongresistas Zulema Jattin y Álvaro García ya están en esa jurisdicción y en proceso de ser escuchados.

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