Los combates entre grupos ilegales que dejan al menos 18 muertos en el departamento del Putumayo prendieron las alertas sobre la presión del narcotráfico en esa región del país.
El ministro de Defensa Iván Velásquez señaló que esos enfrentamientos han generado el desplazamiento de la población que está en medio de los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc.
Sostuvo que esos combates apuntan a pujas por el control del territorio e incluso por lograr una mejor posición frente a un eventual proceso de negociación con el gobierno.
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En Putumayo, dos redes de las disidencias se disputan el control de los cultivos de matas de coca, la producción y comercialización de cocaína y la minería ilegal.
Esas actividades delictivas dejan a la población civil en medio de las confrontaciones y las presiones de los armados para que tomen partido por un bando o para que se dediquen a los narcocultivos.
Esa es una de las hipótesis que las autoridades plantean e investigan tras el asesinato (22 de octubre de 2022) del líder social Sócrates Sevillanos y de su esposa, Cielo Ruales, en zona rural de Orito.
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El doble homicidio fue rechazado por el gobierno a través del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, quien señaló: “nuestra solidaridad con su familia y comunidad. A los responsables les exigimos paren sus asesinatos, la vida es única, Colombia merece otro presente”.
Todo indica que Sevillanos fue asesinado por las disidencias porque él venía apoyando programas rurales de cara a una futura sustitución voluntaria de narcocultivos.
De hecho, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, de Naciones Unidas, 2021, reportó que los tres departamentos más afectados con la siembra de matas de coca son: Nariño (56.516 hectáreas), Norte de Santander (42.565 hectáreas) y Putumayo (28.205 hectáreas).
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Ejército señala a disidencias del 90 % de los homicidios
El general Freddy Fernando Gómez es el comandante de la brigada 27 del Ejército.
Fuerzas Militares
En esa línea, el general Freddy Fernando Gómez Gamba, comandante de la brigada 27 del Ejército con jurisdicción en Putumayo, afirmó a EL TIEMPO que las operaciones contra las disidencias son constantes, ya que considera que son “las responsables del 90 por ciento de los homicidios que se registran en el departamento por hechos conexos con el narcotráfico, el control territorial y la venta de la pasta base de coca”.
De acuerdo con el oficial, en Putumayo se registra una confrontación armada entre las disidencias que se hacen llamar ‘Comandos de la Frontera’, al mando de ‘Andrés Araña’, red aliada a la ‘Segunda Marquetalia’ y las disidencias que se hacen llamar ‘Carolina Ramírez’, cuyo jefe es ‘Danilo Alvizú’, aliado de ‘Iván Mordisco’.
El general Gómez señaló que estos dos grupos suman unos 600 integrantes, “y cada estructura cuenta con 10 comisiones o subestructuras que se han ubicado en la parte norte de Putumayo (‘Comandos de la Frontera’) y zona sur (‘Carolina Ramírez’), aprovechando las carreteras fluviales naturales de los ríos Caquetá y Putumayo”.
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El comandante de la Brigada señaló que inteligencia estableció que en el 2021 los dos grupos disidentes trataron de “aliarse”, pero la lucha por el control de la coca “no los dejo y eso llevó a incrementar su guerra territorial por controlar la zona centro del departamento”.
El valor del kilo de cocaína en el exterior.
Infografía EL TIEMPO
"Se han ubicado laboratorios para el procesamiento del alcaloide en los países mencionados".
De hecho, el oficial señaló que el problema del tráfico de cocaína se concentra en los dividendos económicos que logran estas redes de narcotraficantes y señaló que mientras en Putumayo un kilo de cocaína se consigue en 6 o 7 millones de pesos, “ese mismo kilo en Ecuador o Perú llega a los 10 mil dólares, en Estados Unidos a 32 mil dólares, en Europa a 60 mil dólares, en Eurasia a 100 mil dólares y en Australia llega a los 300 mil dólares”.
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La situación es compleja, reconoció el general Gómez, quien afirmó que son constantes las reuniones —virtuales— con sus homólogos de Ecuador y Perú, naciones con las que Colombia comparte frontera por Putumayo, “para analizar la situación sobre el narcotráfico en la región, ya que por ejemplo, se han ubicado laboratorios para el procesamiento del alcaloide en los países mencionados”.
En dichos encuentros las autoridades tratan de desarrollar estrategias —compartiendo información en tiempo real— para frenarle el paso a los delincuentes y prestar apoyo con base en la experiencia y las vivencias en Colombia y “Ecuador, donde se vive una violencia nunca antes vista a causa del narcotráfico”, puntualizó el general Gómez.
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De acuerdo con el oficial, la problemática que se registra en Putumayo no es de ahora, es un fenómeno que viene de 6 o 7 años atrás, al cual hoy se suma “la deforestación y la minería ilegal que afecta a la región”.
Afectación del medioambiente
Meta, Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Caquetá concentran el 65 por ciento de las acciones ilegales contra los bosques.
Archivo particular
El comandante de la brigada 27 señaló que hace poco se desarrolló una operación por parte de los uniformados para tratar de recuperar unas 30 hectáreas que perdieron unos 18 mil árboles, “la deforestación es un tema que me preocupa mucho”, reiteró.
A esto se suma otro tema con referencia al medioambiente y son los estragos que causa la minería ilegal, por lo que reiteró el compromiso de sus tropas por trabajar “por los habitantes de Putumayo y la región”.
En esa línea, el oficial señaló que este año han ubicado 12 laboratorios (grandes) para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y 527 para procesar la paste base de coca, a lo que se suma la incautación de tres toneladas de cocaína y una tonelada en proceso, así como gran cantidad de precursores químicos.
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De igual forma, indicó que han sostenido 12 combates, han dado captura a 65 disidentes, 67 narcotraficantes y han logrado el sometimiento de 7 disidentes.
Finalmente, el general Gómez dijo que al estar las comunidades bajo presión de los ilegales son constantes “los bloqueos y asonadas” que enfrentan los uniformados, “no los dejan erradicar o adelantar labores de vigilancia, de todos lados nos quieren sacar”, puntualizó, al reiterar que su deber es garantizar la seguridad y vida de los habitantes de la región.
Un alcalde, que pidió por seguridad no ser mencionado, dijo a este diario que el problema de Putumayo “se concentra en la desatención del Estado y de los gobiernos que no han sabido aprovechar la riqueza natural de la región y que la han dejado en manos de la delincuencia”.
El mandatario local afirmó que los jóvenes que, por ejemplo, terminan la secundaria no tienen ninguna oportunidad en Putumayo de ingresar a la universidad o a realizar un estudio técnico agropecuario, “si la familia cuenta con recursos los envían a Bogotá u otras ciudades a estudiar, a los otros ¿qué les queda? Eso es lo que aprovechan los ilegales para reclutarlos”, aseguró.
ALICIA LILIANA MÉNDEZ
SUBEDITORA JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET o @AyitoMendez
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