¿Proyecto del partido Farc podría terminar beneficiando a narcos?

¿Proyecto del partido Farc podría terminar beneficiando a narcos?

Iniciativa busca dar beneficios jurídicos a pequeños cultivadores, pero abriría puerta a colados.

Cultivos de Coca

Durante el 2018 fueron detectadas 208.000 hectáreas sembradas con coca, una leve reducción frente a los 209.000 que contabilizaron los estadounidenses en el 2017.

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Luis Robayo / AFP

Por: Justicia
21 de octubre 2019 , 10:58 a.m.

A la espera de ser debatido en la plenaria del Senado, un proyecto de ley que busca dar un trato diferenciado a los pequeños cultivadores de plantaciones ilegales en el país ya encendió las alertas del Consejo Nacional de Política Criminal.

La iniciativa radicada por congresistas del partido Farc, y acompañada por un grupo de legisladores que han respaldado los acuerdos de paz, busca desarrollar una parte del acuerdo final y dar prioridad a la persecución penal de los narcotraficantes y financiadores de ese negocio ilegal y no a los pequeños cultivadores que no tienen otra forma de vida en las regiones o que bajo presión siembran droga.

El ponente del proyecto es el congresista de Farc Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, quien dijo que buscan que las personas que se acogieron al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) tengan la seguridad de que no serán perseguidas penalmente. Según Gallo, esta ley se les aplicaría a las 99.097 familias que hoy están en el Pnis, y deja la posibilidad de beneficiar a las que puedan llegar a otros programas de erradicación voluntaria.

Sin embargo, la iniciativa no fue bien recibida por el Comité Técnico del Consejo de Política Criminal, que se reunió esta semana y concluyó que se debe dar concepto negativo al proyecto, al considerar que además de pequeños cultivadores, podría terminar beneficiando a narcos, financiadores y a los encargados de suministrar químicos usados en el procesamiento de drogas.

Por unanimidad, los asistentes al Comité consideraron que el proyecto no debe ser aprobado como está. Ahora este concepto deberá ser votado por el Consejo de Política Criminal en pleno.

La iniciativa argumenta que se requiere una política criminal en materia de drogas dirigida al desarrollo de las comunidades afectadas por los cultivos ilícitos, y pretende beneficiar al menos a 300.000 personas, de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto.

Fuentes que asistieron a la reunión del Comité Técnico del Consejo, del que hacen parte los ministerios de Justicia y Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría, entre otros, advirtieron que los delitos por los que normalmente se judicializa a los campesinos son conservación o financiación de plantaciones y destinación ilícita de muebles o inmuebles, pero que en el proyecto se incluyen el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y el tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.

“Se están incluyendo delitos que desbordan la finalidad de lo pactado en el acuerdo de paz”, señalaron fuentes del Comité Técnico. Y añadieron que en el proyecto se incluye como beneficiario de la ley a los llamados ‘amedieros’, caracterizados por “actividades de cultivo, conservación o financiación de plantas o semillas de uso ilícito”. Por esa última vía, advirtieron las fuentes, se podrían colar narcos y financiadores.

Además, en la iniciativa también se le atribuye al cultivador la función no solo de siembra, sino de transformar la hoja de coca en pasta base, lo que podría abrir la puerta a los encargados de los laboratorios para el procesamiento.

La última preocupación de los miembros fue el artículo tercero, que señala que en un plazo de seis meses se tendría que definir el área de terreno que sería considerado un pequeño cultivo. En esa definición tendrían participación las comunidades de las regiones con cultivos ilegales. Para las fuentes, esto abriría la posibilidad a que los propios beneficiarios definan si entran o no en la categoría de pequeño cultivador, con rangos diferentes en cada región.

Frente a esto, Gallo indicó que el proyecto es solo para las personas que están en el Pnis. Sobre el límite de hectáreas de cultivos que cobija a un pequeño cultivador, esta definición, dijo el congresista, se hará en consulta con las comunidades, pero también con el Pnis, que es un programa del Gobierno.

No hay posibilidad de que por ahí se cuelen narcotraficantes. Está precisado que es para las familias que ya suscribieron el acuerdo

Sobre la inclusión de funciones como transformar la hoja de coca en pasta base y de cultivadores-financiadores, dijo que algunos campesinos muchas veces financian su propia plantación y trabajan la pasta base.

“No hay posibilidad de que por ahí se cuelen narcotraficantes, está precisado que es para las familias que ya suscribieron el acuerdo”, dijo el senador, quien agregó que el proyecto fue aprobado, sin ninguna solicitud de cambio, en la Comisión Primera del Senado, aunque el Centro Democrático no la votó.

Al respecto, el senador José Obdulio Gaviria explicó que la bancada no está de acuerdo con las políticas antidrogas contenidas en el acuerdo de paz con las Farc, y que este proyecto es un desarrollo del acuerdo.

“En el acuerdo de paz acordaron una política antidrogas que terminó multiplicando los cultivos ilícitos. Las Farc han dicho que solamente el sistema de erradicación voluntaria funciona e incluyeron el narcotráfico como delito político conexo con la rebelión. Con este proyecto se cierra el círculo para despenalizar el cultivo”, indicó, y agregó que espera que la plenaria del Senado rechace la iniciativa.

JUSTICIA

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