Procurador propone nuevo Conpes para atender a víctimas

Procurador propone nuevo Conpes para atender a víctimas

Se sumó a la petición del director de la Unidad de Víctimas de extender ley que garantiza atención.

Fernando Carrillo, procurador

El procurador Fernando Carrillo ha sido ministro de Justicia y del Interior, y fue embajador de Colombia en España, entre otros cargos.

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Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Por: REDACCIÓN PAZ
30 de noviembre 2018 , 09:46 a.m.

El procurador Fernando Carrillo propuso un nuevo CONPES, documento que contempla el esquema de financiamiento de una política pública, para la atención a las víctimas en los próximos cuatro años.

Así lo dijo en la audiencia que convocó la Corte Constitucional para el seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado.

El jefe del Ministerio Público enfatizó en la necesidad del “ajuste y prórroga de la Ley 1448 (Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras) para todas las comunidades, principalmente para las étnicas, creando un espacio técnico interinstitucional de participación de las víctimas”. El propio director (encargado) de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, ha hecho esa misma solicitud. 

Carrillo explicó que ese nuevo CONPES "deberá aportar a la superación de los problemas identificados en la caracterización de las víctimas y permitirá fortalecer su atención psicosocial".

según un informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, de la que hace parte la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, se requieren 129 billones pesos para financiar la ley en el periodo comprendido entre 2018 y 2021.

“La necesidad de orientar sus esfuerzos, de dejar el asistencialismo al lado en relación con la oferta del Estado en materia de promoción social, con un enfoque específico y diferencial, como siempre se ha reclamado con la población víctima del desplazamiento forzado”, agregó el procurador.

Así mismo, el funcionario explicó que se necesita la articulación de una reforma rural integral con los Planes de Desarrollo Territoriales (PDT), contemplada en el acuerdo de paz de La Habana, con el fin de que se dé el retorno, la reubicación, la reparación colectiva y la restitución de tierras.


REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA
@PazyJusticia

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