Regreso de la fumigación coge fuerza por ‘boom’ de la coca

Regreso de la fumigación coge fuerza por ‘boom’ de la coca

Según EE. UU., en el país hay 209 mil hectáreas de narcocultivos. Ya despegó fumigación con drones.

Erradicación de cultivos ilícitos

Integrantes de la Policía Antinarcóticos en labores de erradicación forzada

Foto:

Carlos Ortega / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia 
30 de junio 2018 , 09:30 p.m.

Tres años exactos después de haber tomado la radical decisión de dejar de fumigar con glifosato las plantaciones de coca –que por casi tres décadas fue la base de la estrategia antinarcóticos–, de nuevo el país está pensando en las aspersión aérea.

Por ahora, el glifosato, en una menor concentración que la fórmula tradicionalmente usada por la Policía Antinarcóticos, caerá desde sofisticados drones elevados apenas tres o cuatro metros del suelo, lo que garantiza una mayor precisión a la hora de combatir los cultivos ilícitos.

Pero el crítico aumento en el área con coca –209.000 hectáreas según la Casa Blanca, o 180.000 según Colombia, pero en todo caso la mayor en toda la historia– no solo ha llevado al saliente gobierno a ajustar su estrategia sino que de entrada va a condicionar la del nuevo presidente, Iván Duque. De hecho ese fue el mensaje que esta semana recibió el mandatario electo de varios de los más poderosos funcionarios del gobierno Trump con los que se reunió en Washington.

En la próxima reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes, que estaba agendada para el 5 de julio, el fiscal Néstor Humberto Martínez insistirá en “apelar a todos los métodos de erradicación disponibles, incluso la aspersión aérea, como lo permite bajo condicionamientos la Corte Constitucional”.

Por ahora, y así lo dijo en Estados Unidos, el presidente Duque piensa apostarle a la estrategia de los drones, que permiten multiplicar la efectividad de las cuadrillas de erradicación. Un solo aparato podría asperjar entre 10 y 15 hectáreas de coca al día, mientras que un grupo de 30 erradicadores destruye cinco, en condiciones óptimas, y requiere no solo de varias decenas de uniformados para garantizar su seguridad sino de los equipos de desminado.

Aunque por el momento no se trata del regreso de los aviones de fumigación, ya hay polémica. De hecho, ya se anuncian varias demandas para tratar de impedir la utilización de los drones, aludiendo el supuesto incumplimiento de estándares medioambientales.

Pero, frente a la realidad de municipios como Tumaco, donde podrían existir hoy más de 30.000 hectáreas; o la de municipios del Catatumbo que están nadando en coca y son escenario de la guerra entre Eln y ‘Pelusos’ por esos cultivos y las rutas del narcotráfico hacia Venezuela, parece claro que el nuevo gobierno tendrá que apretar varias tuercas.

No hay duda que una de las posibles causas de ese incremento de los cultivos ilícitos es la suspensión de las operaciones de fumigación aérea”, dijo el general (r) y exdirector de la Policía Antinarcóticos Leonardo Gallego.

Según las cuentas de Estados Unidos, en el país se habrían producido el año pasado unas 921 toneladas de cocaína pura. Las incautaciones de la Fuerza Pública llegaron a las 435 toneladas, una cifra histórica que, sin embargo, implica que casi 500 toneladas más habrían terminado en las calles colombianas y, sobre todo, de los mercados de Estados Unidos y Europa.

Apenas en las últimas horas fueron incautadas tres toneladas y media de alcaloide de la disidencia de ‘Guacho’, el criminal más buscado en la frontera de Colombia y Ecuador. Esa droga, puesta en EE. UU., podría valer 70 millones de dólares.

Para este año, la meta de erradicación planteada por el gobierno Santos será de 110.000 hectáreas: 70.000 de manera forzada y otras 40.000 por los programas de sustitución voluntaria.

Una cuenta simple arrojaría que si se cumple esa meta, en el peor escenario (el planteado por Estados Unidos), a finales del 2018 Colombia debería volver a los niveles de las 100.000 hectáreas. Pero la realidad es mucho más compleja, a tal punto que la meta, según un reciente acuerdo entre Bogotá y Wahington que blinda la asistencia antinarcóticos por cinco años, es que no haya más de 90,000 hectáreas de coca en el país en el 2023.

Son varias las razones que explican por qué, cuando se habla de coca, las matemáticas no siempre funcionan. Uno de los principales es la resiembra, que hoy está en niveles del 20 por ciento (o sea, en las mismas zonas por donde ya pasó el Estado y arrancó diez hectáreas rebrotan al menos dos). La utilización de drones permitiría más operaciones de repaso y, por ende, una caída en la resiembra.

Sergio Guarín, director del área de posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz, señala que el factor que ha sido clave para impedir la caída de los cultivos es que la recomposición del narcotráfico en las zonas que estaban bajo la influencia de las Farc fue más rápida que la acción del Estado.

“Las disidencias lograron ubicarse en la costa Pacífica nariñense y caucana, al igual que en zonas donde tuvo injerencia el Bloque Oriental”, dice Guarín, quien agrega a ese mapa el fortalecimiento del Eln en departamentos como Cauca y la expansión territorial de ‘los Pelusos’ en la región del Catatumbo. Precisamente, en esas regiones están ubicados los 11 municipios que concentraban el 50 por ciento de la coca en 2016.

El programa de sustitución voluntaria –sobre el que hay coincidencia en su importancia y en que es la llave para acabar con el problema de la coca– tiene líos administrativos y de control sobre los compromisos de las comunidades cocaleras. Esa pata de la estrategia antinarcóticos sigue coja: a junio de este año no había llegado a su meta del año pasado (50.000 hectáreas).

Los expertos en antinarcóticos coinciden también en que hay que eliminar incentivos perversos que han creado en algunas comunidades la idea de que seguir con la coca les da mayor chance para lograr beneficios del Estado. También, propuestas de normas que daban hasta dos años para que los campesinos abandonaran la coca, que en su momento pretendió impulsar el Gobierno y recibió durísimas críticas de la Fiscalía.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), se declaró partidario de incluir la innovación tecnológica en la estrategia de erradicación de cultivos, como ya se hizo con los drones.

Otra carta bajo la manga será generalizar en todo el país el uso de gasolina a la que ha sido añadida una molécula desarrollada por Ecopetrol y la Policía Nacional que sabotea la producción de cocaína cuando es usada en las ‘cocinas’ del narcotráfico para extraer el alcaloide de la base de coca.

Drones para la aspersión de cultivos de coca

Con estos equipos se podrán fumigar entre 10 y 15 hectáreas de cultivos de coca en un día

Foto:

Ministerio de Defensa

Listos los drones para la fumigación terrestre 

Doce horas después de que el Consejo Nacional de Estupefacientes dio vía libre, este martes, a la utilización de drones para la aspersión a baja altura o terrestre, un grupo de expertos de la Policía con delegados de la embajada de Estados Unidos viajaron a Tumaco, Nariño, a fin de someter tres de estos equipos a nuevas mediciones y pruebas de funcionalidad.

Una fuente de la Policía le dijo a EL TIEMPO que la comisión se desplazó hasta uno de los lugares de mayor concentración de matas de coca en zona rural de Tumaco y evaluó las condiciones de altura, clima, dirección del viento y velocidad. La conclusión fue que con esos aparatos se puede aspirar a una efectividad de fumigación cercana al 100 por ciento.

Son 10 los drones que entrarán en operaciones a partir de esta semana en zonas de cultivo de Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare.

El ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, señaló que la inversión inicial para la implementación de esta nueva tecnología es de 36.000 millones de pesos.
Estas aeronaves controladas desde tierra tienen una capacidad de vuelo de 10 minutos por carga.

Los estudios realizados señalan que cada carga corresponde a 10 litros con una concentración de glifosato de 2,5 litros.

El costo estimado por hora de funcionamiento es de 600.000 pesos.
Las cuentas más optimistas señalan que con la utilización de los drones se lograría incluso triplicar los resultados contra los narcocultivos y disminuir el riesgo para los equipos que participan en esas labores, los cuales han enfrentado la amenaza de las minas antipersona y los posibles ataques de los grupos ilegales.

De forma paralela a los drones, entró en operación un vehículo blindado conocido como ‘oruga’, que tiene una capacidad de almacenamiento de 90 galones.

Alcanza una velocidad promedio de 50 kilómetros por hora. Las orugas pueden transitar por terrenos agrestes y en caso de la activación de algún tipo de carga, el blindaje protege la maquina.

Los equipos terrestres requieren la presencia de pequeños grupos de hombres, entre 8 y 10, para su direccionamiento, lo que en caso de ser necesario facilita el traslado de personal y equipos –en helicópteros– en caso de que se enfrenten a bloqueos sociales.

JUSTICIA
​En Twitter: @JusticiaET

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