Mientras que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha evitado referirse de forma concreta a las directrices que dará a las autoridades militares sobre las excepciones que se le harán a la suspensión de permisos para portar armas de fuego, el decreto presidencial que extendió esta medida hasta el 31 de diciembre del 2019 ya tiene una demanda garantizada.
Los exministros del Interior Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, y el exviceministro Luis Ernesto Gómez se alistan para dar la batalla jurídica contra la medida –decreto 2362 del 24 de diciembre–.
Cristo le dijo a EL TIEMPO que “se está abriendo una puerta para que, vía decreto, el Ministerio de Defensa pueda crear unas circunstancias excepcionales muy flexibles que les permitan a las autoridades militares, en cada región, empezar a conceder permisos”.
Nadie discute la bondad de mantener suspendidos los permisos para portar armas de fuego, medida que adoptó por primera vez en el 2016 el presidente Juan Manuel Santos y siguió postergando hasta diciembre de este año.
Lo que le cuestionan al decreto del 24 de diciembre, mediante el cual el presidente Iván Duque prorrogó la medida de Santos, es la inclusión de un parágrafo que dice textualmente que el Ministerio de Defensa “impartirá a las autoridades militares competentes los lineamientos y/o directrices para la expedición de las autorizaciones especiales que requieran los titulares por razones de urgencia o seguridad y de las excepciones que corresponda, teniendo en cuenta, entre otros factores, las condiciones particulares de cada solicitud”.
Esta semana, el ministro de Defensa había hecho saber que “está construyendo el documento” con las excepciones.
Sin embargo, Cristo afirma que si lo que se quería era prorrogar la suspensión del porte de armas decretada en el gobierno Santos, no debieron hacerle modificaciones. “No podemos olvidar que las Convivir surgieron con base en decretos reglamentarios de esa naturaleza. No fue una gran política de Estado ni una reforma constitucional”, subraya Cristo.
No podemos olvidar que las Convivir surgieron con base en decretos reglamentarios de esa naturaleza
Pero lo que más ha generado inquietud es que, en un principio, el Ministerio de Defensa publicó el decreto sin el parágrafo, y este apareció en una segunda versión.
En este sentido, el exviceministro Gómez dice que “genera muchas suspicacias que después de todas las discusiones del ala más radical del Centro Democrático, que promueve eliminar las restricciones del porte de armas, aparezca en la cuenta de Twitter del senador (Álvaro) Uribe la nueva versión del decreto con el parágrafo cuestionado”, el que desató la polémica.
Según Gómez, la Ley 1119 del 2006 contiene las restricciones y criterios para portar armas de fuego. Y situaciones excepcionales para portarlas son, por ejemplo, cuando la persona es parte de un esquema de seguridad, o las empresas de vigilancia.
“Pero luego –anota Gómez–, uno escucha al ministro de Defensa diciendo que se va a analizar caso por caso, y esa es una situación en la cual la discrecionalidad se vuelve peligrosa. Se podría decir ‘me parece que esta persona está insegura o que a esta la están atracando’, y eso abre la puerta para que el porte de armas se extienda a la población civil”, anota Gómez.
De hecho, explica que la demanda al decreto presidencial también se hará por vicios de forma. “Vía decreto no se puede cambiar lo que está en la ley”, sostiene el exviceministro.
El ministro Botero ha dicho que el propósito es precisamente disminuir la discrecionalidad y dar directrices objetivas sobre cuándo una persona puede portar un arma de fuego. Según explica, las reglas serán “claras”, y el texto que las contendrá se trabajará en conjunto con la Presidencia.
Esta semana, en entrevista con CM&, el presidente Duque dijo que habrá “una reglamentación absolutamente estricta y transparente para que no exista ese margen de discrecionalidad, que se presta para manejos dudosos”.
Está claro que para el gobierno Duque, como lo fue en su momento para Santos, la suspensión de permisos para portar armas de fuego influye positivamente en la disminución de los homicidios en el país. De hecho, en sus respectivos decretos hicieron alusión a eso.
En ambos gobiernos, las decisiones de suspender los permisos para portar armas se tomaron con base en información de la Policía según la cual, mientras en el 2015, cuando no había restricción, hubo 12.130 homicidios, en el 2016, cuando ya existía la restricción, los homicidios fueron 11.941. Es decir, hubo 189 casos menos.
Aunque en menor proporción, en el 2017 continuó bajando el homicidio. Hubo 11.847 casos, o sea, 89 menos que el año inmediatamente anterior.
Es más, de los 11.372 homicidios que habían ocurrido entre enero y noviembre pasados, 8.271 se cometieron con arma de fuego. El 2018 será la excepción a la reducción sostenida de homicidios que venía teniendo el país en los últimos cinco años –desde el 2013– si se tiene en cuenta que, según cifras de la Policía, hasta el 27 de diciembre habían ocurrido 12.324. Es decir, un incremento de casi 4 por ciento con respecto al 2017.
Esto haría más necesario un control riguroso de las armas en Colombia, pues, como afirma el director del Instituto de Estudio Políticos de la Universidad de Antioquia, William Fredy Pérez, “se sabe que en países donde está permitido el porte de armas o hay una liberalización al respecto, como Estados Unidos, se disparan los homicidios, y en un país como el nuestro eso sería casi una obviedad”.
Si bien la incidencia de las armas ilegales en los homicidios en Colombia es alta, sobre todo por la existencia de bandas criminales y guerrilla, parte de la tarea para reducirlos es controlar la tenencia de armas por particulares. Frente a esto, Pérez agrega que “quien pretenda que el porte de armas sea a juicio de un ministro no sabe lo que es enfrentarse a un borracho en una carretera con un arma autorizada porque, aquí, los niveles de tolerancia son muy bajos”. Advierte que el lío está en que “cualquier persona podrá argumentar que tiene problemas de seguridad”.
Consultado al respecto por Yamid Amat, en la entrevista con el presidente Duque que hoy publica EL TIEMPO, el mandatario volvió a reiterar que lo que se busca con el decreto es “ponerle fin a la discrecionalidad” en el otorgamiento de permisos especiales para portar armas de fuego. Y subrayó: “Creo en el monopolio de las armas en cabeza del Estado”.
Aunque la suspensión de permisos para portar armas estuvo vigente todo este año –con base en un decreto de Juan Manuel Santos de diciembre del 2017–, según los registros de la Dijín, entre enero y noviembre fueron incautadas 20.313 armas de fuego.
De ese total, según la Policía, por lo menos 18.636 no tenían permiso, es decir, se trataba de armas ilegales. Otras 1.565 incautadas sí tenían el salvoconducto.
Estos datos se suman a las cifras de armas decomisadas entre el 2015 y el 2017, años en los cuales, según la Dijín, incautaron 78.744 armas de fuego, lo cual significa que en los últimos cuatro años les han quitado casi 100.000 armas a los ciudadanos. Es decir, once veces lo que entregaron las Farc en su desmovilización.
En cualquier caso, la cifra de armas decomisadas por las autoridades sigue siendo inferior a los estimativos sobre el número de armas ilegales que estarían en manos de particulares.
Aunque no hay estadísticas certeras, en el 2016, la Fiscalía General calculó que mientras las armas legales (con salvoconducto) serían unas 900.000, la cifra de las ilegales podría ser entre 1,5 y 5 veces mayor. Es decir, se estima que hay entre 1,3 y 4,5 millones de armas sin ningún control.
En su reporte, la Fiscalía también afirmó que el 52 por ciento de las armas incautadas entre el 2014 y el 2016 (44.615) fueron producidas por empresas dedicadas a su fabricación legal. Sin embargo, el 43 por ciento, unas 37.210, eran hechizas. Según la Fiscalía, una proporción importante de los homicidios cometidos con arma de fuego no están relacionados con sicariato, lo cual significa que la disponibilidad de armas no solo tiene que ver con el crimen organizado.
JUSTICIA
