“Fueron maltratados física y verbalmente las cerca de 36 horas que estuvieron secuestrados. Tienen hematomas, moretones y algunas cortadas a la altura del cuello, (…) cuando intentamos recuperarlos pudimos ver cómo les ponían un machete de manera amenazante en la nuca”.
Esa es la cruda descripción que hizo el director de la Policía Antinarcóticos, general José Ángel Mendoza, sobre lo que vivieron 11 policías retenidos el miércoles –cuando adelantaban un plan de erradicación manual de matas de coca en zona rural de Tumaco–, y que fueron entregados en la noche del jueves a una comisión humanitaria encabezada por delegados de Naciones Unidas.
Los uniformados –ocho auxiliares y tres patrulleros– fueron secuestrados el miércoles a las 9 de la mañana por 1.000 campesinos cuando se encontraban en el sector Espriella, ubicado en la frontera con Ecuador, donde se han detectado unas 3.600 hectáreas de narcocultivos que pertenecen a narcotraficantes de la región, en especial al ‘clan Úsuga’.
En esa zona se han protagonizado desde el 28 de marzo protestas cocaleras y graves disturbios que han dejado un policía muerto, otro gravemente herido y nueve automotores incinerados.
En el acta para la liberación, según el gobernador encargado de Nariño, Mario Benavides, los manifestantes insistieron en que se suspenda la erradicación en el Alto Mira, Mataje, que se frenen los sobrevuelos de helicópteros, y que no se judicialice y se deje en libertad a los capturados durante las protestas. Benavides calificó el hecho como “insólito” y dijo que los cocaleros se quedaron con tres fusiles de los policías.
Lo más grave, asegura el general Mendoza, es que a los campesinos les estarían pagando 100.000 pesos diarios por participar en las protestas. De hecho, asegura que a Tumaco están llegando personas de otras zonas del país por el pago que se está ofreciendo. “Es claro para los habitantes que este perjuicio lo están causando sujetos que a título de colonos han llegado de otras regiones, como Putumayo y Caquetá, a fortalecer las actividades de los narcotraficantes”.
Pese a los bloqueos, el oficial dijo que continuarán las actividades de erradicación para atacar al narcotráfico, y afirmó que la protesta violenta que se registra no es la de un campesino común y corriente, sino que está siendo promovida por las redes del crimen organizado.
Estamos ante “un reto superior, pues prácticamente se define el éxito del posconflicto en este tema de cultivos ilícitos”, aseguró a EL TIEMPO el gobernador encargado de Nariño.
Benavides reconoció que se vive “una situación muy crítica” debido a los bloqueos que se han dado en la vía al mar. Y subrayó que si bien en los dos primeros bloqueos pudieron llegar a acuerdos con campesinos que se oponían a que sus cultivos fueron arrancados, “este último, el de los policías secuestrados, fue orquestado directamente por los narcotraficantes, lo que deja todo fuera de control”.
El Gobernador (e) dijo que la administración ha apoyado la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos, “donde cerca de 14.000 familias han firmado acuerdos voluntarios para avanzar en la sustitución alternativa”, pero también se mantendrá la erradicación “en grandes extensiones de coca”. Por eso pidió la presencia del Gobierno para continuar la estrategia de sustitución de cultivos “y garantizar la tranquilidad en nuestro territorio”.
Nariño tiene 29.755 hectáreas de coca, de las cuales 16.960 están en zonas rurales de Tumaco, según cifras de la ONU del año 2015.
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