Aunque la captura, este 23 de octubre, de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, el máximo jefe del 'clan del Golfo', es un duro golpe a esta red ilegal, las autoridades ya calculan que dentro de la banda se estarían moviendo algunos mandos para su remplazo.
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De hecho, ya se habla de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, como el posible sucesor del narco 'Otoniel' a la cabeza de esta organización.
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'Chiquito Malo' ya venía desempeñándose como segundo al mando de la organización criminal tras la muerte, en febrero de este año, de alias Marihuano, quien cayó en una operación de la Policía.
Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo.
Archivo particular
Ávila Villadiego, de 44 años de edad, es alguien que tiene la confianza de 'Otoniel', según las autoridades, puesto que lleva cerca de 20 años de vida criminal a su lado.
Se sabe que se desmovilizó del Bloque Bananeros de las Auc en octubre de 2004, pero siguió delinquiendo al lado del clan Úsuga.
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De hecho, según informes de la Fuerza Pública, 'Chiquito Malo' siempre ha estado al frente de las actividades de producción y comercialización de cocaína en el 'clan', llegando a ser la cabeza de la estructura que se mueve en la región de Urabá y el municipio de Turbo, en Antioquia.
Dentro de la organización, primer fue nombrado como uno de los cabecillas de la subestructura Central Urabá-Turbo, con influencia en zona rural de dicho municipio, donde coordinó acciones contra la Fuerza Pública.
Posteriormente asumió como cabecilla principal de esa subestructura, donde dirige las actividades ilícitas relacionadas con el control del narcotráfico, extorsiones y acciones armadas contra la Fuerza Pública.
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En su contra hay una circular roja emitida por Interpol y una solicitud de extradición, que están vigentes desde marzo de 2018, por narcotráfico, delito por el cual es pedido por una corte de Estados Unidos.
Por otro lado, en la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía tiene un proceso por el homicidio de una menor de 15 años. En Colombia, las autoridades mantienen una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita su ubicación y captura.
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